La Comisión Europea dio anteayer un ultimátum de dos meses al Gobierno español para que incorpore a su legislación las disposiciones de la directiva comunitaria sobre la lucha contra los accidentes industriales graves con sustancias peligrosas, que deberían estar en vigor en España desde el 3 de febrero de 1999. El Gobierno español ni siquiera respondió a la primera advertencia formal escrita del Ejecutivo de los Quince, enviada el 3 de abril del año pasado, según criticaron ayer fuentes oficiales comunitarias.

La Comisión Europea dio anteayer un ultimátum de dos meses al Gobierno español para que incorpore a su legislación las disposiciones de la directiva comunitaria sobre la lucha contra los accidentes industriales graves con sustancias peligrosas, que deberían estar en vigor en España desde el 3 de febrero de 1999. El Gobierno español ni siquiera respondió a la primera advertencia formal escrita del Ejecutivo de los Quince, enviada el 3 de abril del año pasado, según criticaron ayer fuentes oficiales comunitarias.

Las medidas legislativas notificadas por España no cumplen los requisitos mínimos de protección de la salud de los ciudadanos y del medio ambiente establecidos por la citada directiva comunitaria de 1996, conocida como Seveso 2, según la comisaria de Medio Ambiente, Margot Wallström.
En consecuencia, el Ejecutivo comunitario ha decidido enviar una última advertencia escrita al Gobierno español para que subsane «de forma urgente» esas deficiencias, con la amenaza añadida de presentar una denuncia contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si no se corrigen.
Según la carta enviada por la Comisión Europea al Gobierno de José María Aznar, las principales carencias de la legislación española son las referidas a las inspecciones de las instalaciones, a los planes de urgencia y a su puesta a prueba, al control urbanístico, a la información al público y a la prohibición de explotación.
La Comisión Europea considera que la tesis esgrimida por el Gobierno español acerca la necesidad de dejar un margen de maniobra a las comunidades autónomas para la aplicación de la directiva «no es un argumento convincente, en especial en ausencia de medidas adoptadas por las comunidades autónomas», según señalaron fuentes del Ejecutivo comunitario.

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