La Unión Europea ultima un acuerdo para facilitar la expulsión de los inmigrantes sin papeles que se encuentran en Europa, unos ocho millones, según cálculos de la Comisión. El próximo miércoles, el Comité de Representantes Permanentes de los Veintisiete prevé avalar el proyecto de la Directiva de Retorno, que persigue facilitar las distintas políticas y dar más poder a los Estados para repatriar a las personas sin papeles.
La norma prevé fijar hasta seis meses, ampliables a 18 en casos excepcionales, el tiempo máximo de detención de los inmigrantes sin documentos. La UE ha optado por el criterio de primar la seguridad de las clases económicas altas que impulsan Nicolas Sarkozy y Silvio Berlusconi frente al paradigma aplicado hasta ahora en países como España, donde el tiempo máximo de detención es de 40 días.
La normativa comunitaria, no obstante, abre la puerta al Gobierno español para que amplíe el tiempo de detención, en línea con las orientaciones comunitarias.
Los aspectos más polémicos de la Directiva de Retorno, además de la limitación a seis meses (a los que se pueden añadir otros 12 en casos excepcionales) del tiempo máximo de retención de las personas sin papeles, son la posibilidad de detención de los menores no acompañados y la prohibición a los expulsados de volver a entrar en la UE durante cinco años.
La llegada de líderes con políticas más duras en esta materia -como Nicolas Sarkozy, en Francia, y Silvio Berlusconi, en Italia- ha encrudecido la situación de las personas sin papeles.
Berlusconi ha prometido «cerrar las fronteras y construir campos para identificar a los ciudadanos extranjeros sin trabajo que se ven obligados a entrar en la vida de la delincuencia». Sarkozy quiere que la inmigración sea una de las prioridades de la próxima presidencia europea francesa. El dirigente francés es contrario a las regularizaciones.
El proyecto de directiva acordado por representantes del Consejo, Parlamento y la Comisión, al que ha tenido acceso, persigue según sus palabras «establecer los criterios y procedimientos comunes que deben ser aplicados por los Estados miembros para el retorno» de las personas indocumentadas. La norma se aplicará a los ciudadanos no pertenecientes a la Unión «que se encuentren ilegalmente en un Estado miembro».
Una clara implementación legal, que permitirá la represión explicita del colectivo de inmigrantes, los cuales, estarán a merced de las políticias interiores de los paises europeos que abracen esta normativa.
El compromiso de acuerdo, impulsado por Francia, Italia y España, fue alcanzado el pasado 23 de abril y ha sido celebrado como un logro por la presidencia eslovena de la UE. Dragutin Mate, ministro de Interior de Eslovenia, manifestó : «Ahora podemos esperar con optimismo que el texto de compromiso sea aprobado por el Consejo ; así el Parlamento europeo lo podrá aprobar lo antes posible».
El derecho de cualquier ser humano a emigrar, quedará mutilado por la aplicación de esta medida de control.
En los últimos años varios países europeos han intensificado las repatriaciones. Entre 2004 y 2007, España repatrió a 370.000 personas.
Fuente: GAS
