La Unión Europea ultima un acuerdo para facilitar la expulsión de los inmigrantes sin papeles que se encuentran en Europa, unos ocho millones, según cálculos de la Comisión. El próximo miércoles, el Comité de Representantes Permanentes de los Veintisiete prevé avalar el proyecto de la Directiva de Retorno, que persigue armonizar las distintas políticas y dar más poder a los Estados para repatriar a los sin papeles.
La norma prevé fijar hasta seis meses, ampliables a 18 en casos excepcionales, el tiempo máximo de detención de los inmigrantes sin documentos. La UE ha optado por el criterio de primar la seguridad que impulsan Nicolas Sarkozy y Silvio Berlusconi frente al garantista aplicado hasta ahora en países como España, donde el tiempo máximo de detención es de 40 días.
La normativa comunitaria, no obstante, abre la puerta al Gobierno español para que amplíe el tiempo de detención, en línea con las orientaciones comunitarias. Para este mismo miércoles varias ONG han convocado una manifestación de rechazo en Bruselas, donde el clima político se ha tensado tras el reciente suicidio del ciudadano camerunés Ebenizer Folefack, que se encontraba retenido en la capital belga.
Los aspectos más polémicos de la Directiva de Retorno, además de la limitación a seis meses (a los que se pueden añadir otros 12 en casos excepcionales) del tiempo máximo de retención de los sin papeles, son la posibilidad de detención de los menores no acompañados y la prohibición a los expulsados de volver a entrar en la UE durante cinco años.
El reciente endurecimiento de la situación económica con el aumento del paro en varios países y la llegada de líderes con políticas más duras en esta materia -como Nicolas Sarkozy, en Francia, y Silvio Berlusconi, en Italia- han situado el debate de la situación de los sin papeles en el primer plano de la agenda europea.
Berlusconi ha prometido «cerrar las fronteras y construir campos para identificar a los ciudadanos extranjeros sin trabajo que se ven obligados a entrar en la vida de la delincuencia». Sarkozy quiere que la inmigración sea una de las prioridades de la próxima presidencia europea francesa. El dirigente francés es contrario a las regularizaciones y ha tachado de «hipócritas» a los empresarios que contratan a clandestinos y dicen luego que los quieren regularizar.
Europa está absorbiendo actualmente dos millones de inmigrantes cada año, más que ninguna otra parte del mundo -en proporción a su población-, incluida América del Norte, según señala Hugo Brady, investigador del Centre for European Reform. De estos dos millones que entran anualmente, entre medio millón y un millón son «irregulares», según la Comisión Europea.
El proyecto de directiva acordado por representantes del Consejo, Parlamento y la Comisión, al que ha tenido acceso EL PAÍS, persigue «establecer los criterios y procedimientos comunes que deben ser aplicados por los Estados miembros para el retorno» de los indocumentados. La norma se aplicará a los ciudadanos no pertenecientes a la Unión «que se encuentren ilegalmente en un Estado miembro». Los países podrán decidir no aplicar la directiva a los inmigrantes que «hayan sido rechazados en la entrada del país o interceptados en las fronteras».
La directiva no afecta a los demandantes de asilo, que se regulan por el Estatuto de Refugiado de la Convención de Ginebra de 1951. Aunque, como señala Brady, «los emigrantes a veces tratan de pedir asilo después de que se les ha denegado el visado». El proyecto precisa que los Estados «sólo podrán mantener detenidas» a las personas sometidas a procesos de retorno cuando «exista riesgo de fuga» o traten de «eludir o entorpecer» su repatriación.
El periodo de detención máximo de seis meses no se podrá ampliar «excepto por un período limitado de otros doce meses», en los casos en los que la operación de retorno se prolongue más «debido a la falta de cooperación del afectado» o a «retrasos en obtener la documentación necesaria por parte de los terceros países». Ello supone que en la práctica el inmigrante puede estar detenido 18 meses.
Ese aspecto representa un cambio sustancial con la situación actual de muchos países con períodos de detención muy dispares (ver gráfico adjunto). Cumplido el plazo, el detenido tiene que ser puesto en libertad y puede continuar sus actividades, a pesar de no tener papeles, confiando en una futura regulación.
El compromiso de acuerdo, impulsado por Francia, Italia y España, fue alcanzado el pasado 23 de abril y ha sido celebrado como un logro por la presidencia eslovena de la UE. Dragutin Mate, ministro de Interior de Eslovenia, manifestó : «Ahora podemos esperar con optimismo que el texto de compromiso sea aprobado por el Consejo ; así el Parlamento europeo lo podrá aprobar lo antes posible».
El coordinador de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos Internos del Parlamento europeo, el conservador Manfred Weber, ha advertido que la directiva sólo puede ser aplicada a los países con los que la UE ha suscrito acuerdos bilaterales de retorno. Ha precisado que los menores no acompañados tienen derecho a asistencia legal y que los afectados tienen derecho a una revisión judicial de su detención. En su opinión, «es un buen compromiso entre el principio básico del retorno de inmigrantes ilegales a sus países de origen de una parte y, de otra, los derechos básicos de las personas».
Javier Moreno, eurodiputado socialista, advierte que la directiva no afecta a rumanos y búlgaros, que no son países terceros. «Es una contradicción», señala, «porque en la práctica pueden residir los que son ricos y viven de renta pero no los trabajadores sin contrato».
Sin embargo, en el Parlamento europeo, la situación no es pacífica. Los socialistas y Los Verdes están muy divididos. La división depende en buena medida de si los partidos están o no en el Gobiernan. España apoya la directiva, porque la inmigración se ha convertido en un asunto cada vez más serio y busca el respaldo de la UE. En cambio, los socialistas franceses están en contra.
La portavoz socialista en la Eurocámara, Martin Roure, rechaza el acuerdo, por considerar que «18 meses es un periodo demasiado largo para mantener a los inmigrantes detenidos en los centros de retención».
El Gobierno español sufre la contradicción entre la primacía del derecho de seguridad, que inspira la legislación comunitaria, y el derecho de cualquier ser humano a emigrar, que defienden especialmente los países en desarrollo. «Es bastante vergonzoso», señala un funcionario comunitario español, «que nosotros que hemos sido recibidos con los brazos abiertos en Argentina, México y Venezuela, en momentos muy difíciles de nuestra historia, les demos ahora la espalda».Los defensores de la seguridad esgrimen que el tráfico de personas se ha convertido en el comercio ilegal más lucrativo del mundo, mucho más que el tráfico de drogas o de armas.
En los últimos años varios países europeos han intensificado las repatriaciones. Entre 2004 y 2007, España repatrió a 370.000 personas, un 43% más que durante el Gobierno del Partido Popular. En España, Canarias recibió más de 31.000 inmigrantes procedentes de África. En 2007, gracias a la colaboración de Marruecos y Senegal, el número de indocumentados detenidos se redujo a la mitad. Pero hay que tener en cuenta que los inmigrantes sin papeles procedentes de África, sólo representan el 5% de la población inmigrante española.
Fuente: EL PAIS
