Acerca del conflicto en el aeropuerto del Prat de Barcelona
La desregulación laboral y el desmantelamiento y entrega al mercado privado de los denominados servicios públicos, como es la privatización del control de pasajeros y equipajes en los aeropuertos por parte de la empresa pública AENA, que es quien debe garantizar el mejor servicio, fija una alianza entre legisladores, empresarios privados y la judicatura, para garantizar la tasa de ganancia y el beneficio privado por encima de cualquier derecho (tanto laboral, como social).
La desregulación laboral y el desmantelamiento y entrega al mercado privado de los denominados servicios públicos, como es la privatización del control de pasajeros y equipajes en los aeropuertos por parte de la empresa pública AENA, que es quien debe garantizar el mejor servicio, fija una alianza entre legisladores, empresarios privados y la judicatura, para garantizar la tasa de ganancia y el beneficio privado por encima de cualquier derecho (tanto laboral, como social).
Desde la segunda mitad de los años 90 del siglo pasado, han liberalizado hasta tal punto los mercados laborales que los sistemas de organización del trabajo pasan a tener un eje sobre el cual gira todo el modelo: la descentralización productiva, los sistemas de trabajo donde las contratas y subcontratas, apalancan el modelo precario, inseguro y vulnerable del mismo y la libertad absoluta del capital, pasa a constituir el único principio de la vida, o lo que es lo mismo “todos y todas y todo al servicio del capital”
Lo que sucede en el aeropuerto del Prat, es lo mismo que en el resto de aeropuertos y/o servicios públicos externalizados y privatizados: Nos encontramos con un marco
de relaciones laborales precario e inseguro jurídicamente para millones de trabajadores y trabajadoras (quienes trabajan en contratas y subcontratas), donde lo que se pone en cuestión, desde un principio, es si el sistema constitucional de garantías es aplicable en el caso de la subcontratación laboral, es decir, si las personas trabajadoras precarizadas y en régimen de disponibilidad absoluta (sin derechos), pueden o no pueden HACER HUELGA y que esta sirva precisamente para interrumpir esa “odiosa normalidad” donde la explotación y la violencia diaria contra los derechos de las personas asalariadas y la carencia de buenos servicios públicos, están en los “altares del capitalismo desposeedor y criminal”.
Los tribunales de primera instancia (Juzgados de lo Social), de suplicación (Tribunales Superiores de Justicia) y el propio Tribunal Supremo, desde los años 90, justificaban el despido como legal, al hecho de la rescisión del contrato mercantil entre la empresa principal y la contrata, condenando de “facto” a este segmento tan mayoritario de personas asalariadas, a la más absoluta “inseguridad jurídica”, pues sus contratos dependían no del Derecho, sino de la voluntad mercantil y económica del empresariado.
Los tribunales del estado español, Supremo y Constitucional, como el Tribunal de Justicia de la U€ (TJU€), llevan avalando por encima de todo la “libertad de empresa”, la “libertad de competencia y de prestación de servicios”, por la sencilla razón de que sus “sentencias” se dictan según los tiempos sociales y políticos que corren, y estos tiempos del “neoliberalismo global” son de claro dominio del capital (financiero e industrial), ante la ausencia de empoderamiento de las clases asalariadas.
El capital y sus representantes políticos y judiciales, ante la no existencia de un conflicto serio, firme y constante con las clases asalariadas, han alcanzado sus grandes metas: la homogenización a la baja de las condiciones de trabajo, en torno al criterio de flexibilidad y se permiten una de las reestructuraciones más salvaje de los mercados de trabajo que el empresariado ha llevado y está llevando a “termino” en todos los sectores de actividad.
Alegar como se está haciendo, que la huelga del Prat atenta contra la “seguridad nacional” y contra “los intereses de la economía española”, no sólo es ruin y falso, sino que oculta la verdadera realidad: EULEN, al igual que cualquier gran grupo Empresarial de empresas multiservicios, hace negocio redondo a costa de lo público (ofertó por debajo del precio de salida del servicio público privatizado), pues son sus 86.079 trabajadores y trabajadoras con los que cuenta de plantilla en todo el mundo (50.000 en la Península Ibérica), y obtiene decenas de millones de beneficios porque sus costes laborales (salarios que paga y condiciones de trabajo), le permiten ganar y ganar, aún en ofertas por debajo de los costes de producción, como sucede en el aeropuerto del Prat.
Las instituciones (gobierno central, gobierno de los “independentistas” catalanes y hasta la alcaldesa del “cambiazo” Ada Colau), han decidido que no existen límites ni jurídicos, ni políticos e incluso ni militares, cuando de violar los derechos fundamentales de las personas trabajadoras se trata, si está en juego los beneficios y la tasa de ganancia del capital: se militariza los controles de pasajeros y de equipajes (la guardia civil es un cuerpo represivo militar), se sustituyen huelguistas por militares, se decretan servicios mínimos del 90% que sumados a los “militares guardias civiles”, la plantilla ha aumentado y, por si esto no quiebra la voluntad de los y las trabajadores y trabajadoras (como así ha sido), se dicta un “laudo arbitral de parte”, es decir de parte de los Empresarios EULEN, que les fijará sus condiciones de salida del conflicto.
El poder Legislativo (Gobierno y Generalitat), el poder militar (guardia civil) y el poder Ejecutivo, además de gobierno locales (Alcaldesa de Barcelona), vuelven a cometer un acto de VIOLENCIA contra lo público y contra los derechos fundamentales de las personas, para asegurar el beneficio privado de Empresas como EULEN, explotadoras, y lo hacen desde el más absoluto desprecio por la vida y condiciones de trabajo de millones y millones de personas.
Sin límites institucionales y sin resistencia sindical y social suficiente y eficiente, solamente es cuestión de “tiempo” que nuestros “jueces y juezas” interpreten que “la esclavitud laboral y social, es funcional para la economía y por lo tanto buena para el interés general”, el Gobierno y casi todo el arco parlamentario, así lo vienen haciendo.
Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
Fuente: Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
