El objetivo de todas las « revisiones » solicitadas hasta ahora no era otro que el de obligar a la Democracia a no seguir validando las sentencias de la Dictadura. El objetivo no era y no es otro, y, para alcanzarlo, sería suficiente con que el Parlamento proponga y apruebe una Resolución formal declarándolas nulas.
Con más de un año de retraso, el Consejo de Ministros aprobó por fin, el 28 de julio de 2006, el proyecto de ley elaborado por la Comisión Interministerial creada, en 2004, con el objetivo de legislar «la completa rehabilitación moral y jurídica de las víctimas de la guerra civil y de la represión franquista» -según lo afirmó entonces la Vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
En la presentación de este Proyecto, rebautizado ahora con el título de «Proyecto de ley de reconocimiento y ampliación de derechos y establecimiento de medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura» y que excluye la «satisfacción jurídica» a los represaliados del franquismo, la Vicepresidenta Fernández de la Vega ha insistido en que el objetivo de dicha norma es fomentar la «concordia y conciliación» entre españoles y adoptar medidas que ayuden «a cicatrizar y no a abrir heridas».
Sin embargo, aunque en algunos aspectos se reconocen y amplian «derechos» y se establecen «medidas» a favor de las víctimas de la guerra civil y la dictadura, el texto ha decepcionado porque no permitirá «cicatrizar» las heridas de las víctimas de la represión franquista. Y no sólo porque excluye su rehabilitación jurídica sino también porque las equipara con los que, durante la guerra, lucharon contra «los principios, valores y libertades constitucionales» y que, después de su Victoria militar, no permitieron, durante 40 años, que estos principios, valores y libertades tuvieran vigencia en España.
El Gobierno insiste en que esta norma ha sido elaborada desde el «espíritu de concocordia» que presidió la Transición, y por ello comienza con «un reconocimiento general y solemne» de los padecimientos que tuvieron que soportar «republicanos» y «nacionales» en el curso de la guerra civil ; pero olvida que los «nacionales» ya tuvieron este reconocimiento de parte del Estado franquista y que, en cambio, los «republicanos», además de seguir padeciendo la represión durante los 40 años de dictadura, nunca lo han tenido.
Para cicatrizar las heridas, que aún siguen abiertas, no es suficiente con aludir al «carácter injusto» de los consejos de guerra y otros juicios políticos sin garantías sufridos por miles de españoles durante la etapa franquista. Para cicatrizarlas es necesario que la Democracia no valide las sentencias pronunciadas por esas instancias represivas. Y no sólo por el carácter «injusto» de las mismas sino fundamentalmente porque la Democracia no debe seguir deshonorándose validando la «Justicia» de una Dictadura. ¡Treinta años de deshonor son más que suficientes para saldar la «deuda» de la Transición !
Para un Gobierno que se proclama demócrata y, además, socialista, es un vergonzoso subterfugio negar la «rehabilitación jurídica» y proponer una «rehabilitación moral» para esconder la cobardía moral y política de no atreverse a contrariar al sector consevador y al PP. Y también es una vergonzoza renuncia para el Partido del Gobierno, el PSOE, cuyo Grupo parlamentario presentó, el 8 de julio de 2003, una Proposición no de ley para exigir «la anulación de los juicios sumarísimos».
Además, el procedimiento específico propuesto para obtener esta «rehabilitación» moral («una declaración personal, de reconocimiento y reparación, que se abre como un derecho a todos los perjudicados y que podrán ejercer ellos mismos, sus familiares o determinadas instituciones a las que hubieran estado vinculadas» es injuriante para las víctimas de la represión franquista. No sólo porque hay que solicitarla sino también porque tendrán igualmente derecho a este «reconocimiento y reparación» los fascistas que hayan sufrido «condenas, sanciones y cualquiera forma de violencia personal producidas por razones políticas o ideológicas, durante la guerra civil». ¡Cómo es posible que a un Gobierno de la Democracia le sea igual el haber luchado por o contra ella !
Y en lo que concierne al nombramiento de una Comisión Interministerial y otra de «expertos» nombrada por una mayoría de tres quintos del Congreso, para determinar ¿bajo qué criterios ?) si procede o no la «rehabilitación», es una complicación innecesaria y una forma de burocratizar un problema de solución simple. ¡Y todo eso sólo para que la «declaración formal de víctima» sea publicada en el Boletín Ofial del Estado, si el PP no veta en el Congreso la constitución de dicha comisión !
El pretexto avanzado por el Ejecutivo es ahorrar a los ciudadanos largos y onorosos procesos judiciales, cuando lo más simple y rápido es la adopción de una Resolución, en el Parlamento, declarando nulas todas las sentencias pronunciadas por los tribunales represivos de la dictadura. Una Resolución que evitaría, además, un gasto inútil de papel y tinta al BOE, puesto que esta «declaración formal de víctima» sólo sería necesario publicar una vez .
El objetivo de todas las «revisiones» solicitadas hasta ahora no era otro que el de obligar a la Democracia a no seguir validando las sentencias de la Dictadura. El objetivo no era y no es otro, y, para alcanzarlo, sería suficiente con que el Parlamento proponga y apruebe una Resolución formal declarándolas nulas.
El Gobierno socialista no la ha propuesto, pero los Partidos con representación parlamentaria pueden y tienen el deber de proponerla y aprobarla este mismo año. Y pueden hacerlo al reanudarse las sesiones de las Cámaras, cuando el Proyecto de ley presentado por el Gobierno venga a debate.
Tal es su responsabilidad política e histórica, para no ser cómplices de la vergüenza y deshonor de una Democracia que, además de seguir validando las sentencias franquistas, es la única en no haber condenado institucionalmente el régimen franquista.
Es así, poniendo fin a tan indigna vergüenza y deshonor, que el Parlamento culminaría consecuentemente el proceso de «recuperación de la memoria histórica» y cerrarría defitivamente el ciclo de demandas de revisión, puesto que su objetivo sólo era conseguir la anulación de las sentencias pronunciadas por la «Justicia» represiva franquista.
Fuente: Grupo Pro Revisión del Proceso Granado-Delgado
