Ecologistas en Acción considera que las líneas de modificación de la Ley de Costas presentadas por el ministerio de Arias Cañete suponen la antesala de la privatización del litoral. La ampliación de la concesión a 75 años y la posibilidad de compraventa de los inmuebles dejarán los bienes públicos de la costa a merced de la especulación y de intereses privados.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha presentado al Consejo de Ministros un Anteproyecto de reforma de la Ley de Costas. Se trata de un documento calificado como una «primera lectura» de las intenciones del departamento en la modificación de esta Ley De esta manera se pospone hasta algún Consejo de Ministros de septiembre la aprobación del proyecto de ley.
El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha presentado al Consejo de Ministros un Anteproyecto de reforma de la Ley de Costas. Se trata de un documento calificado como una «primera lectura» de las intenciones del departamento en la modificación de esta Ley De esta manera se pospone hasta algún Consejo de Ministros de septiembre la aprobación del proyecto de ley. Cabe destacar que este documento se presenta incumpliendo el compromiso previo del ministerio con las organizaciones ambientales, en el sentido de permitirles conocer previamente el texto y aportar su punto de vista.
La principal medida que contiene este documento es la de ampliar las concesiones a 75 años y permitir la compra-venta, lo que equivale a tener en propiedad un espacio público prácticamente de por vida. Esto, a juicio de Ecologistas en Acción, supone una privatización encubierta de la costa y el sacrificio del dominio público marítimo-terrestre (DPMT) a la especulación urbanística y los intereses privados.
La burbuja inmobiliaria no sólo ha degradado y especulado sobre toda la franja costera, sino que ahora el ministro Arias Cañete y su gabinete pretenden hacerlo también con los bienes públicos existentes en el litoral. Todo ello bajo la vacía excusa de hacer compatible la conservación del medio ambiente con el desarrollo económico y dar más seguridad jurídica a los propietarios de viviendas en el litoral. También se hablaba de aumentar la seguridad jurídica.
Sin embargo, esta reforma no sólo no incrementará esta seguridad jurídica, sino que la gran cantidad de excepciones, casuísticas infinitas y desigualdades de tratamiento que plantea, tendrá justo el efecto contrario. Por ejemplo, implicará la delimitación completa de la totalidad del DPMT de la isla de Formentera.
En prolongar ahora estas concesiones en DPMT y en su servidumbre de protección, el Estado español tendrá que hacer frente a una ola de reclamaciones por indemnizaciones de los afectados que sí cumplieron la legislación. Además, la Administración deberá hacer frente a los gastos de restauración y contención ambiental por los daños que la subida del nivel del mar y los temporales seguro provocarán en las concesiones privadas, debido al cambio climático.
Por otro lado, la pretensión de reducir la servidumbre de 100 a 20 metros en lugares como las rías es una medida totalmente alejada de la verdadera dinámica de estos ecosistemas. Lejos de proseguir con el Plan Nacional de Adaptación del Cambio Climático en la costa, vemos como el ministerio avanza en dirección totalmente opuesta, lo que ocasionará grandes perjuicios sociales y económicos a las poblaciones que reduzcan los metros de la servidumbre. Es más, las rías son consideradas por el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) como uno de los principales lugares a ser transformados y ocupados por el mar. Por lo tanto el Ministerio camina en contra del perfil costero que tendremos dentro de unos años.
Ecologistas en Acción considera, además, que aumentar la «flexibilidad» en las playas urbanas no llevará sino nefastas consecuencias para el equilibrio de la franja litoral así como un efecto negativo sobre los usuarios de las playas. La gestión del litoral no puede ir enfocada a si son playas urbanas o naturales, sino que hay que estudiar caso por caso en función de la singularidad de la zona y de las presiones a las que estén sometidas.
Por estos motivos, Ecologistas en Acción exige que se descarte la modificación de la Ley de Costas de 1988, y más en estos términos que van encaminados a su privatización y degradación. Por el contrario, la organización ecologista pide que se apueste por una Estrategia de adaptación al cambio climático en la costa, que es lo que realmente se necesita.
Ecologistas en Acción
http://www.ecologistasenaccion.org/
http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article7505
Fuente: Ecologistas en Acción
