Antonio Pérez Collado, Confederación General del Trabajo País Valencià i Murcia
El sector público tuvo una importancia incuestionable en la economía española, con sectores tan esenciales como la siderurgia, la energía, las comunicaciones, la automoción, el transporte o los astilleros agrupados en el Instituto Nacional de Industria (INI) durante el franquismo y bajo la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) en la primera etapa de la transición. Entidades de la importancia de Iberia, Renfe, Telefónica, Endesa, Enasa, Seat, Enagas, Correos, Enosa, Hunosa, Tabacalera, Bazán, Fosforera, Caja Postal, Banco Exterior de España y así hasta una cincuentena de empresas formaron parte del sector público y de los monopolios que se reservó como esenciales el Estado durante la dictadura.
Sin embargo los gobiernos de Felipe González (PSOE) y de José María Aznar (PP) pusieron en marcha un proceso de privatización que afectó a la totalidad de las empresas públicas, que fueron vendidas -a un buen precio, evidentemente- al capital privado. En algunas de ellas el Estado se quedó con una parte significativa del capital, aunque el modelo de gestión pasó a ser totalmente privado.
Obviando que estados europeos tan poco socialistas como Dinamarca, Francia, Italia o Alemania no renunciaban a la participación pública en algunos sectores esenciales de sus economías, los primeros gobiernos democráticos españoles alagaron que en estos tiempos modernos, en los que tardíamente entraba nuestro país, la gestión privada de las empresas era mucho más eficaz que la privada, así como que nuestra entrada en la Comunidad Económica Europea exigía que se acabara con los monopolios y las empresas de propiedad estatal.
Tras ese desguace de lo público las empresas que se adueñaron de todo el sector no solo hicieron un gran negocio con su compra a precio de saldo, sino que han seguido obteniendo enormes beneficios con la explotación del importante mercado al que accedieron. De todos esos sectores el energético es sin lugar a dudas de los más rentables de la economía española; sin olvidarnos de la banca, que también vivió un proceso de privatizaciones y fusiones mediante el que se sacrificaron las cajas de ahorros y el gran servicio que estas cercanas entidades prestaban a familias trabajadoras, autónomos y pequeñas empresas de su zona.
Aunque desde el gobierno se decía que las privatizaciones y el libre mercado mejorarían la calidad de los servicios y abaratarían los precios, hemos visto cómo ocurre todo lo contrario. Las facturas del transporte, del agua, de la luz, del teléfono, etc. no paran de subir y los consumidores cada día estamos más disgustados por el servicio que nos prestan, sin que cambiar de compañía signifique algo más que aplazar la decepción y el cabreo.
Tardaremos meses en saber (si es que nos lo cuentan alguna vez) qué pasó exactamente y de quién es la responsabilidad del apagón de 12 horas que sufrió el país el pasado 28 de abril. No obstante, lo que parece claro es que se tendrían que haber instalado hace tiempo los sistemas de regulación de los flujos de las distintas fuentes energéticas (solar, eólica, hidráulica, nuclear, etc.) para evitar las consecuencias de posibles desajustes entre consumo y producción.
Y para esa misión la empresa Red Eléctrica -de gestión privada, pero con el Estado como principal accionista- tiene la principal responsabilidad. Pero, claro, estamos hablando de un sector, de un entramado de intereses, donde cada decisión cuenta de cara a los resultados anuales. Nadie que pinte algo en política osaría tocarle los beneficios a las grandes eléctricas; al fin y al cabo un par de expresidentes y una veintena de exministros (socialistas y peperos) han encontrado en sus consejos de administración un fabuloso chollo tras su abandono de los cargos oficiales.
Sin ir más lejos Beatriz Corredor, la actual presidenta de Red Eléctrica, fue ministra de Vivienda con Zapatero y ahora se lleva 546.000 euros anuales por este cargo al que la aupó Pedro Sánchez. Seguramente hay cientos de ingenieros eléctricos que harían su trabajo con un sueldo menos insultante. Incluso podríamos hablar -y ya hay gente bastante informada que lo hace- de crear una empresa pública que gestione el sector eléctrico con criterios mucho mas enfocados al servicio a la ciudadanía que al negocio para grandes inversores.
Antonio Pérez Collado
CGT-PV
Fuente: Gabinete de Comunicación de la Confederación General del Trabajo del País Valenciano y Murcia
