Se llevan el agua hacia su molino, en sentido literal. El 31 de mayo, la Generalitat publicó el anteproyecto de privatización de la empresa Aigües Ter-Llobregat (ATLL), que abastece el agua en alta-desde la fuente de agua hasta los depósitos municipales-de la ciudad de Barcelona, su área metropolitana y nueve comarcas de su alrededor.
La empresa pública es propietaria de las instalaciones que potabilizan el agua del Ter y el Llobregat y desalinizar el agua de mar y su clientela son las empresas de distribución en baja-desde los depósitos de cabecera hasta los hogares-, tanto públicas como privadas. Se calcula que ATLL abastece cerca de cinco millones de personas de más de 100 municipios.
La empresa pública es propietaria de las instalaciones que potabilizan el agua del Ter y el Llobregat y desalinizar el agua de mar y su clientela son las empresas de distribución en baja-desde los depósitos de cabecera hasta los hogares-, tanto públicas como privadas. Se calcula que ATLL abastece cerca de cinco millones de personas de más de 100 municipios.
La privatización de ATLL y el desmantelamiento de la Agencia Catalana del Agua (ACA) suponen un cambio de paradigma en la gestión del agua en nuestro país. Se abandona el modelo actual, mayoritariamente público y que contempla la gestión integral y ecosistémica del agua-abastecimiento, saneamiento, ríos y acuíferos-, para instaurar un modelo basado en el negocio privado que sólo contemplará el abastecimiento y el saneamiento y que podría suponer, según denuncian diferentes organizaciones sociales, daños medioambientales, un aumento del precio de la factura del agua y, posiblemente, despidos de personal.
Hace años que el sector privado anhela el último trozo del pastel. La electricidad, el gas y las comunicaciones ya son servicios domésticos básicos totalmente privatizados, pero el agua todavía se resiste. Con el subterfugio de la crisis económica, llega la gran oportunidad. La comercialización de un servicio básico como el agua es seductora para las empresas porque genera muchos beneficios, pocos riesgos y mucha liquidez, ya que los usuarios pagan sus recibos cada dos meses. Lo reconocía sin ningún tipo de escrúpulo la presidenta autonómica de Madrid, Esperanza Aguirre, durante el anuncio de privatización del canal Isabel II: «Es una rentabilidad muy segura, todo el mundo consume agua».
Malvender Aguas Ter-Llobregat
Con la venta de ATLL, el gobierno pretende ingresar 995,5 millones de euros. Oficialmente, lo que se hará no será vender las infraestructuras, sino externalizar los servicios que ofrece por un periodo de 50 años. La empresa concesionaria deberá pagar 400 millones de euros inicialmente y el resto de forma escalonada a lo largo de este periodo. La Plataforma Agua es Vida ha denunciado esta mala venta, ya que ATLL está valorada en 1.400 millones de euros. Desvestir un santo para vestir a otro, Mas destinará los 400 millones obtenidos a reducir el déficit general de la Generalitat, aunque la ley ómnibus-aprobada por el propio gobierno a finales del año pasado-preveía que los fondos conseguidos por esta privatización se dedicarán al déficit, las inversiones y el mantenimiento del ciclo del agua. La operación hipoteca las generaciones que han de venir y genera grandes dudas sobre el control democrático de la gestión del agua en el futuro. El precio de la factura del agua subirá, como mínimo, entre un 30 y un 40%. Es lo que se desprende de la página 36 del anteproyecto, la tarifa del agua que pagan las distribuidoras en baja a ATLL pasará de los 38 céntimos de euro por metro cúbico a 85 céntimos de euro. Un incremento que recaerá en las consumidoras y que aún podría aumentar más porque, probablemente, será la principal fuente de financiación con que la concesionaria tendrá que afrontar los costes de explotación, recuperar el canon que pagará a la Generalitat, financiar las inversiones que establece la concesión y repartir beneficios a accionistas. Según publicaba un diario económico digital la última semana, las empresas interesadas en Aguas Ter-Llobregat-Agbar, Comsa Emte y Aqualia (FCC) – estarían presionando al gobierno para que baje el precio de la concesión.
La ACA, en punto muerto
Mientras tanto, la Agencia Catalana del Agua, el otro eje de la gestión pública del agua, sigue a la deriva. El ERE planea sobre el personal y, probablemente, aterrizará hacia finales de año. De momento, ya ha habido una decena de despidos y unas cuantas bajas voluntarias. El centro de telecontrol está parado, las tareas de inspección se han reducido y el material fungible de oficina es muy escaso. El ACA es la empresa pública que se constituyó como Administración Hidráulica de Cataluña en el año 2000 para gestionar y planificar el ciclo integral del agua bajo los principios de la Directiva Marco del Agua europea. La deuda de 1.350 millones de euros que arrastra se debe, según denuncian las trabajadoras, a la falta de voluntad política para financiar las inversiones llevadas a cabo. Gabriel Borràs, ex jefe de Planificación a la ACA, lo explicaba claramente hace unos meses: «Hace poco tiempo, el presidente Jordi Pujol declaró que la ACA podía arruinar el país. Yo diría, en todo caso, que ha sido la clase política la que ha arruinado la ACA «.
Remunicipalizar la gestión del agua
El incumplimiento de las promesas sobre las mejoras del servicio, la calidad y el precio del agua por parte de las empresas privadas está provocando procesos de remunicipalización o de privatización a la inversa. En París, el Ayuntamiento remunicipalizó el servicio en el año 2010 y consiguió rebajar las tarifas del año siguiente. En Italia, se hizo un referéndum donde votaron más de 25 millones de personas y se consiguió detener la privatización del servicio público del agua. En los Países Catalanes, también contamos con algunos casos: se ha remunicipalizado el servicio al Figaró-Montmany y en Arenys de Munt, y se ha conseguido detener la privatización en Bétera.
El caso de Martorell
Martorell es un ejemplo de lo que puede suponer privatizar el agua. En 2009, el Ayuntamiento concedió el servicio de aguas, que hasta entonces gestionaba la empresa municipal Aguas de Martorell, a la empresa Sorea (Grupo Agbar) por un período de 30 años. El gobierno convergente prometió, entonces, que la calidad del agua mejoraría y que el precio de la factura no subiría. En marzo pasado, sin embargo, CiU y PP aprobaron una subida de la factura del agua del 100%. La oposición municipal ha denunciado que la calidad del agua no ha mejorado y que Sorea no ha hecho las inversiones prometidas.
FUENTE: La Directa
http://www.cgtcatalunya.cat/spip.php?article7489
Fuente: La Directa
