No hay duda de que la recuperación de la memoria histórica se está configurando como un movimiento social emergente, y que las cuestiones asociadas a nuestro pasado reciente han dejado de ser motivo de olvido, para constituirse en una reivindicación que exige una acción pública rápida y contundente.
Nos alegramos por tanto que la memoria y su recuperación esté de actualidad, aunque no tanto que llegue a estar de moda por cuanto tendría de banalización y deformación mediática. Y también de que vayan existiendo las condiciones adecuadas para que exista una política que canalice esfuerzos, iniciativas y recursos suficientes para que llegue a representar un capital acumulado que potencie todas sus posibilidades para los objetivos señalados. En este sentido, el Decreto de la Junta de Andalucía de diciembre del pasado año ha sido una medida de gran importancia que hemos apoyado en toda su dimensión, no así la Orden de subvenciones de Abril, para ejecutar los proyectos, ya que puede provocar la burocratización del movimiento asociativo, al «echar» sobre sus espaldas toda la responsabilidad de tramitar las peticiones sociales en materia de homenajes, investigación y actuación sobre localización y exhumaciones de fosas comunes.
Poco a poco se ha ido madurando, e incluso producido algunas declaraciones institucionales, y algunos partidos han incorporado en sus últimos programas electorales referencias a esta cuestión, haciéndose eco, aunque tímidamente, de las demandas y aspiraciones sociales. El último gesto con un gran valor político y sentimental ha sido el guiño de Rodríguez Zapatero a su abuelo, en el que otros muchos nietos se habrán visto identificados. Hay un vínculo histórico con los valores y aspiraciones sociales que fue sajado en los ochenta, y que hoy empezamos a recuperar. De alguna forma estamos reeditando ese eslogan que se pintó en tantas paredes de ‘ánimo abuelos que ya volvemos’ ; se truncó con esta transición pactada que nos obligó a reprimir sentimientos que han pesado como losas, encerrándolas en el ámbito más íntimo, y muchas veces ni siquiera así, pasando rápidamente a «ya está el abuelo con sus batallitas».
Y cuando parecía que esto se iba a quedar así, surgen de forma espontánea pero contagiosa, preguntas hasta entonces negadas, y un ansia por conocer nuestro pasado reciente, el que vivieron nuestros padres y abuelos, el que encierra algunas claves de nuestro presente y quizás también de nuestro futuro ; conocer de verdad, con datos fidedignos, algunos en archivos y otros en la memoria de quienes la conservaron de forma silenciosa y a veces todavía con miedo. Pese a la inevitable interacción de la sociedad civil con las instituciones y estructuras políticas, hay que reafirmar la condición de movimiento social de todo este fenómeno, en la medida que ha sido y sigue siendo en el seno de la propia ciudadanía donde se ha generado esta preocupación y desde donde se han tomado iniciativas y realizado acciones directas. En primer lugar, desde impulsos individuales o restringidos al ámbito familiar o doméstico, y en un segundo momento con la ayuda de organizaciones que han venido constituyéndose para socializar este tipo de experiencias y buscar el apoyo mutuo que facilite los largos procesos que comporta la recuperación de la memoria. En ningún momento se ha debido este movimiento a una actuación política o administrativa ‘de oficio’ por quienes tienen verdaderamente la responsabilidad en los diferentes ámbitos contra los que la memoria se ha venido chocando (archivos, registros, cementerios, lugares sólo connotados en los silencios…). Frente a los lugares para el olvido, la acción ciudadana está permitiendo que se tornen lugares de memoria, y de dignidad y justicia.
Sí hay que reconocer, por el contrario, el papel de los medios de comunicación en la amplificación de estos temas. Son, por sí mismos, del interés mediático, pero también hemos de reconocer un tratamiento comprensivo y cariñoso que ha permitido una labor imprescindible para despejar miedos y reconocerse en las preocupaciones comunes de muchas miles de familias.
Precisamente en Andalucía tenemos una trayectoria de varios años, a las que creemos haber contribuido desde la CGT.A implicando a las instituciones andaluzas en diversas iniciativas (‘Banco Audiovisual para la Memoria Social de Andalucía’ o ‘Canal de los Presos’ entre las más significativas y que están siendo referencias en todos los ámbitos). Pero también con una determinada manera de entender este asunto : la memoria como patrimonio colectivo y no partidista ; la memoria como recurso para la identidad y dignidad de la sociedad andaluza ; la memoria como factor de construcción de la historia social reciente (no sólo de la República o la guerra civil, también de los procesos de cambios posteriores) ; la dimensión participativa de la memoria a través de los propios protagonistas y su percepción de los procesos ; etc.
Por ello nos preocupan algunos movimientos que estamos observando y que podrían representar una cierta tergiversación o desviación de las intenciones originales. Una de estas tendencias, y sobre las que quisiéramos dar nuestra opinión, es aquella que desprecia un tipo de actuaciones que, según su parecer, no tienen un determinado rasgo ‘político’. Pretenden que toda recuperación de la memoria sólo tiene valor en la medida que sirve a una determinada finalidad política (se supone que aquella con la que se identifican los protagonistas del pasado y sus herederos), y por tanto debe rodearse de la ritualidad de grupo que le caracteriza. Fuera de esta instrumentación sólo cabe sentimentalismo familiar o del ámbito doméstico que no aporta significación al hecho de la recuperación de la memoria. Este planteamiento está en la base de una cierta disparidad de criterio de las asociaciones que trabajan en este campo.
Para nosotros, cualquier acto de recuperación adquiere significado y tiene valor en sí mismo, por el mismo hecho de ejercer un derecho reprimido o silenciado durante mucho tiempo, incluso si sólo responda a una íntima necesidad que así queda satisfecha. Esta ha sido la primera motivación, la de quienes precisamente han tenido que recorrer un camino en la soledad que han, precisamente, provocado los ‘políticos’. Su extensión, la suma de casos, está posibilitando ese fenómeno denominado de recuperación de la memoria histórica, y del asociacionismo que facilite su labor. En sí mismo eso ya es un hecho con dimensión política, aunque no necesariamente tiene que moverse en las coordenadas de quienes deciden qué es político y qué no. Es más, ese asociacionismo cuestiona y denuncia a los ‘políticos’ que con su pasividad, cuando no complicidad, han contribuido al silencio vergonzoso a que ha estado sometido los sentimientos de las familias que perdieron la guerra. ¿Pueden ellos decir sin avergonzarse que las familias que no cumplen con determinado ritual no tienen responsabilidad política, cuando precisamente han sido responsables de, al menos, la inacción por superar este déficit democrático que vivimos ? Ningún partido, salvo honrosas excepciones debidas más a personas concretas, ha hecho lo suficiente para no tener que callar ante la demanda social, sino más bien para tener que reconocer su parte de responsabilidad. Autocrítica se llama eso.
Porque, si reclaman dimensión política, debían haber empezado por reclamarla ante sus propios alcaldes, concejales y parlamentarios ; por haber facilitado en sus respectivos ámbitos de gestión los trabajos necesarios para el esclarecimiento de la verdad histórica (registros, archivos, estudios…) y de la dignificación de quienes fueron maltratados por la dictadura (hacer de los lugares del olvido, lugares de memoria). Pero sin esta actitud, qué pueden pedir a las asociaciones y familiares, o es que no es suficiente hecho político el haber sensibilizado a los ‘políticos’ de este asunto (¿la política es unidireccional ?) ; acaso no es un acto político valiente que, pese al olvido, se alce la voz para preguntarse no sólo por la guerra, la república o la dictadura, sino también por la Transición política, aquella que amnistió a quienes cometieron toda clase de delitos durante 40 años pero que nos hizo creer que fue para sacar de las cárceles a los antifranquistas. Qué paradoja !
Y es que hay una concepción política que se justifica así misma con la pretensión de dirigir cualquier movimiento social para darle contenido político. Es la vanguardia dirigente. La misma que interpretó este papel con la incipiente reconstrucción del movimiento sindical en los años sesenta, o el vecinal de las ciudades acrecidas por aluviadas de la inmigración rural en los setenta, o del pacifismo de los ochenta, o del ecologismo, del feminismo, etc. Ellos han creído que su papel era dotarle de dirección política ; que fuera de su necesaria función nada podría tener valor político ; que todo se quedaría reducido a sentimiento, individualidad, ineficacia… Y ahora le toca introducirse en ese fenómeno que se ha dado en conocer como de la recuperación de la memoria. Sin su papel, estaríamos abocados a la vaciedad, a la insignificancia, a la mera satisfacción individual, cuando no sujeta a cosas peores como traicionar los ideales al no proveerla del rito adecuado. Precisamente ellos, que tienen que justificar al mismo tiempo su complicidad en el diseño de la Transición y ser la vanguardia que dote de contenido político esta nueva etapa en la que la memoria ha de ser restituida para madurar como sociedad democrática. Sin ellos estamos perdidos, como niños, sin capacidad para tomar una dirección con criterios propios…
En cierto sentido, si esta especie de tergiversación se produjera sería como consecuencia de una falta de apuesta decidida por parte del gobierno andaluz que es el que debería adoptar medidas efectivas de coordinación y programación de actuaciones, y que responda de forma global a esa política en cierto modo esbozada en las declaraciones del Congreso, Parlamento y numeroso Ayuntamientos Pleno. En nuestra opinión, sería conveniente que existiera un documento-programa en cuya realización participaran expertos (académicos y de las asociaciones) de diversas disciplinas, que contuviera un análisis del estado de la cuestión y la articulación de propuestas de actuaciones debidamente valoradas, tanto en su prioridad como en los aspectos de organización y responsabilidad. También sería adecuado pensar en la superación de un déficit que tiene nuestra Comunidad en cuanto a la creación de un organismo que se ocupe con verdadera capacidad de actuación y suficiente autonomía -del gobierno de turno- de la Historia Social de Andalucía, de la misma forma que existe en otras comunidades y países europeos. Resulta muy difícil la parcialidad con la que se viene actuando, la dispersión de organismos, y en definitiva de la falta de eficacia que ello comporta.
Un planteamiento como este persigue anticiparse al vacío que se está generando con las diversas iniciativas en curso (archivos de documentos, realización de bancos de imágenes, publicaciones locales sin una adecuada accesibilidad, etc.). Más en concreto, planteando actuaciones que podríamos llamar ’espacios de memoria’ que representan una modalidad inédita de equipamiento para el conocimiento y la difusión de los patrimonios basados en la memoria, y que no está encontrando la adecuada canalización. En la actualidad existe la suficiente facilidad (incluida la financiera) para crear cualquier centro de interpretación sobre la más variada temática, pero resulta improbable la viabilidad de uno relativo a la memoria social o la represión franquista al igual que existe en los países centroeuropeos.
En definitiva, se trata de que se dispongan de las medidas de coordinación necesarias para que se canalicen programas y recursos que hagan efectiva la voluntad de la recuperación de la memoria histórica. Andalucía, que está siendo pionera en estos planteamientos, podría verse superada, una vez más, sino no hay una apuesta decidida y ambiciosa.
Gonzalo Acosta y Cecilio Gordillo
Coordinadores «Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (CGT-A)
