El Gobierno del PP pretende, con la excusa de la crisis, llevar adelante un ataque sin precedentes a la Universidad pública. Este proceso ya se ha iniciado con un llamado "Informe de los expertos" que propone toda una serie de medidas que supondrían, caso de ser llevadas a la práctica, cambios estructurales en el modelo de Universidad pública que se ha consolidado desde la transición democrática a través de gobiernos de distinto color político.

La orientación de esta contra-reforma universitaria pasa fundamentalmente por la mercantilización de la Universidad, su sometimiento a los intereses económicos, la supresión de la democracia en su gobierno interno y la apuesta clara por las Universidades privadas (no es casual que el próximo curso existirán en Valencia más Universidades privadas que públicas, con todo el apoyo y las bendiciones de la Generalitat).

La orientación de esta contra-reforma universitaria pasa fundamentalmente por la mercantilización de la Universidad, su sometimiento a los intereses económicos, la supresión de la democracia en su gobierno interno y la apuesta clara por las Universidades privadas (no es casual que el próximo curso existirán en Valencia más Universidades privadas que públicas, con todo el apoyo y las bendiciones de la Generalitat).

El modelo que se propone desprecia abiertamente la actividad docente. Esto es contradictorio con la declaración de que la Universidad se debe a la sociedad. No hay ningún interés del Gobierno para incrementar la calidad docente y cuando se plantea esta cuestión se asocia la supuesta «calidad de la docencia» sólo con el valor de los títulos universitarios para el mercado laboral. La investigación, a su vez, se quiere totalmente sometida a criterios mercantilistas y su utilidad para el mundo empresarial.

El Ministerio de Educación pretende atacar el modelo de autonomía y de participación democrática en la gestión de las Universidades. Apuesta por el intervencionismo de los gobiernos autonómicos, la injerencia de agentes externos a la comunidad universitaria y la liquidación de la democracia interna de las universidades. Un modelo particularmente rechazable en su propuesta de reducción al mínimo de la participación de los estudiantes y del PAS.

Por otra parte, la política de fuerte aumento de las tasas universitarias, de reducción de las becas y de imposición de criterios muy restrictivos para su concesión está expulsando de la Universidad pública a muchas personas, provocando su exclusión del enseñanza superior por razones económicas.

La Plataforma en Defensa de la Universidad Pública, frente a la política de imposiciones del PP, exige que cualquier reforma que se lleve a cabo en el futuro debe ser producto del diálogo y del consenso entre todos los agentes implicados: gobierno, Universidades, sindicatos de trabajadores y organizaciones estudiantiles.

Estos ataques a la Universidad pública tienen su expresión más clara en la asfixia financiera y de tesorería a que la Generalitat valenciana somete actualmente las Universidades públicas y que se concreta en una importante reducción de la aportación de fondos públicos, la acumulación de un importante deuda y el incumplimiento sistemático de los compromisos de pago. La deuda de la Generalitat con las Universidades públicas se sitúa en torno a los 1.000 millones de euros, lo que imposibilita el normal desarrollo del trabajo universitario de docencia e investigación y aún más cualquier política de mejora de su calidad. El incumplimiento por la Generalitat de sus obligaciones periódicas de pago ha provocado ya numerosos problemas de tesorería en las Universidades, pone en peligro el pago de las nóminas del personal universitario y de los compromisos con proveedores y amenaza gravemente la continuidad en la prestación del servicio público de la Universidad.

La Plataforma en Defensa de la Universidad Pública exige a la Generalitat y al Gobierno español que rectifiquen y retiren estas políticas que no pretenden resolver la crisis económica, sino deteriorar el sistema público de educación superior, en beneficio de la iniciativa privada, y atentar contra nuestros derechos fundamentales. Asimismo, exigimos de los equipos rectorales de las Universidades públicas valencianas una mayor firmeza frente a los poderes públicos en defensa de la Universidad pública, democrática y de calidad que hemos construido durante décadas.

Emilia Moreno, Secretaria General CGT-PV, participó en la rueda de prensa.

PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA PV

http://www.cgtpv.org/La-Plataforma-en-defensa-de-la.html

Fuente: PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA PV

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