Estos días en Madrid la Consejera Isabel Díaz Ayuso cerraba todos los comedores escolares y los mandaban a recoger la comida basura que vende Telepizza en sus locales, diciendo que son dietas saludables. El PP, Telepizza, la patronal hostelera y el gobierno de PSOE-Unidos Podemos, demuestran que se puede seguir haciendo negocio incluso en las situaciones más terribles.
Los y las trabajadoras de Telepizza denunciamos esta escandalosa medida. Creemos que la plantilla de Telepizza puede ayudar de otro modo a resolver las necesidades alimenticias de los niños y niñas o nuestros mayores. Es indignante que la Comunidad de Madrid firme un contrato con la multinacional Telepizza mientras la plantilla estamos denunciando que no quieren darnos ni guantes ni mascarillas, poniendo en peligro a trabajadoras y familias.
Los y las trabajadoras de Telepizza denunciamos esta escandalosa medida. Creemos que la plantilla de Telepizza puede ayudar de otro modo a resolver las necesidades alimenticias de los niños y niñas o nuestros mayores. Es indignante que la Comunidad de Madrid firme un contrato con la multinacional Telepizza mientras la plantilla estamos denunciando que no quieren darnos ni guantes ni mascarillas, poniendo en peligro a trabajadoras y familias.
Telepizza no puede tampoco ofrecer una dieta saludable como pretende justificar Ayuso. El “consultor externo” en el que se apoyaba la Consejería para su argumentación era la Fundación Española de la Nutrición (FEN). Cuyo patronato y comisión ejecutiva es nada menos que Nestle, MacDonalds, Coca-cola, Quirón Salud, Campofrio, Pepsico, entre otras. Y su vocal es el mismísimo Fernando Frauca Amorena, un alto cargo de Telepizza. Es decir, es una empresa “escaparate” para blanquear la oferta alimentaria de estas multinacionales.
Además, Telepizza es incapaz de ofrecer un precio de venta acorde con el coste real. Los y las trabajadoras sabemos perfectamente que Telepizza oculta a la sociedad el coste real de los productos, que no corresponde con los precios de venta. No solo obtienen unas ganancias altísimas gracias a los bajos salarios, sino que también se dedica a hinchar los precios. La materia prima que vende la fábrica de Telepizza a las tiendas propias (o a las franquicias) para poder hacer las pizzas, en muchos casos, es tres veces más cara que el precio de mercado. No solo los precios son manipulados con toda clase de ingeniería empresarial, hay millones de euros que esconden en los paraísos fiscales de Guernsey y las Islas Caimán, para no pagar impuestos que podrían ir destinados a la sanidad publica.
Es también una mentira descarada que solo Telepizza pueda producir y distribuir las comidas que se necesitarían en la actual situación, como dijo Ayuso. Sobre todo después de que las empresas de catering despidieran a cientos de trabajadoras.
Este oligopolio de empresas de catering (formada por Serunión, Compass Group, Aramark y Ausolan, entre otras) tiene un negocio asegurado en la educación pública. Abastecen el 58% de los comedores escolares de todo el Estado y se reparten un erario público de 630 millones de euros de ganancias seguras.
Todas ellas están cargándole los costes de esta crisis al conjunto de la sociedad a través de los ERTEs que han aplicado a miles de trabajadoras, mandándolas al paro con una reducción del 30% del ya misero sueldo. El objetivo de Ayuso con las becas comedor es que la patronal hostelera mantenga el máximo de sus beneficios, es decir pueda sacar tajada de la miseria humana.
Es hora de exigir que todas las grandes cadenas de la hostelería y catering sean intervenidas sin indemnización y puestas bajo el control democrático de comités de trabajadoras. Que hagan efectivas las medidas reales de prevención sanitaria. Que con ayuda de dietistas profesionales independientes y las familias elaboren menús realmente saludables y se puedan distribuir de manera segura. Y que además hagan público los costes reales de la alimentación y control de las cuentas para evitar que especulen y se evadan los impuestos que deberían ir para la sanidad publica.
Es necesario que toda la infraestructura y toda la flota de motos de Telepizza se ponga al servicio de llevar las comidas a los mayores que no pueden salir de sus casas y de las familias que tengan que estar en confinamiento. Los repartidores y repartidoras no nos negamos a trabajar. Estamos dispuestos a hacerlo si se adoptan medidas elementales de prevención y si el riesgo que aún con ellas asumamos está orientado a hacer un servicio a la comunidad, a nuestros hijos y nuestros mayores y no a lucrar al multimillonario Pablo Juantegui.
A 21 de Marzo de 2020
CGT Telepizza Zaragoza
Fuente: CGT Telepizza Zaragoza