La guerra contra Educación de la Ciudadanía continúa. Un nuevo órdago llegó ayer desde la patronal CECE, que agrupa a cerca de un 6% del alumnado. Esta organización aconseja a los colegios que permitan a sus alumnos faltar a esta asignatura y, en su lugar, propone organizar clases para aprender nociones sobre la Constitución, precisamente uno de sus contenidos. El Gobierno recordó que Ciudadanía es obligatoria y lanzó un mensaje de tranquilidad para los alumnos. Los sindicatos educativos reaccionaron con más contundencia. Pidieron que se acate la ley aprobada por mayoría y solicitaron sanciones para quienes se declaren en rebeldía. La fiscalía no admitió el recurso presentado por cinco padres para paralizar la asignatura en Andalucía.
La patronal de colegios privados Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) ha recomendado a sus centros en una circular que permitan el boicoteo a la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía, una materia obligatoria por ley.
Esta organización propone que, durante esa hora de clase, los alumnos cuyos padres rechacen esta asignatura sean conducidos a otro aula para realizar tareas «como lectura o trabajos acerca, por ejemplo, de la Constitución o la Declaración de los Derechos Humanos» -precisamente la base de la nueva materia-, aseguró ayer Isabel Bazo, presidenta de la patronal CECE y autora de las recomendaciones enviadas a sus colegios.
«Es una irresponsabilidad llamar al incumplimiento de una ley, al absentismo en una asignatura obligatoria», aseguró un portavoz del Ministerio de Educación. Además, se quejó de que esta medida está transmitiendo intranquilidad a los padres de los colegios de CECE, aunque de momento no se pronuncia sobre las posibles medidas a tomar : «Cuando tengamos la circular, la analizaremos y tomaremos las decisiones oportunas y adoptaremos medidas», añadió este portavoz del ministerio que dirige Mercedes Cabrera.
La responsable de CECE, Isabel Bazo, aseguró que ellos, como centros, «no entran a juzgar» la decisión de los padres de boicotear la asignatura de Educación para la Ciudadanía -aunque la han promovido desde hace meses-, pero que la decisión de no obligar a los chicos a dar esa materia (obligatoria) es «la mejor solución para el amplio abanico ideológico» que representan, dijo, desde colegios «religiosos a laicos o cooperativas».
Consecuencias académicas
Esta patronal, miembro del Consejo Escolar del Estado, representa a unos 1.200 centros de enseñanza obligatoria (infantil, primaria y secundaria) y posobligatoria (bachillerato o FP). Esto representaría algo más del 5% de todos los colegios, lo que vendría a significar unos 350.000 alumnos. Sobre todo, tienen representación en la enseñanza concertada, según fuentes cercanas al Ministerio de Educación. Entre los colegios pertenecientes a CECE hay centros vinculados al Opus Dei, como el Tajamar ; religiosos de los Agustinos, como El Buen Consejo, o laicos como el Alkor, de Alcorcón. La circular a los centros de CECE de siete comunidades autónomas, en las que comienza a impartirse la semana que viene la materia de Ciudadanía, decía que se debía ofrecer a los alumnos objetores ese trato especial «mientras se resuelve el problema», es decir, hasta que se resuelvan en los tribunales los recursos interpuestos y los previsibles recursos posteriores. Además recuerdan que, aunque estos chicos suspenderán la asignatura por no cursarla, si no reprueban en total más de dos pueden pasar de curso igualmente.
Sin embargo, según ha recordado el Ministerio de Educación, al final de la enseñanza obligatoria, aunque vayan pasando de curso, no obtendrían el título. En cualquier caso, se trata de una asignatura obligatoria recogida en la ley y, por tanto, no existe posibilidad de no cursarla.
La principal patronal de la enseñanza concertada, la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE), recordó a sus centros el curso pasado que si no impartían Ciudadanía corrían el riesgo de perder las subvenciones públicas y la autorización para enseñar. La FERE impartirá la asignatura adaptada al ideario católico.
Fuente: J. A. AUNIÓN (El País)
