Entrevista a Ada Colau (Plataforma de Afectadas por las Hipotecas).
Subraya que si el Ejecutivo estatal obvia "la atrocidad que supone dejar miles de personas en la calle, sólo quedará la vida de la desobediencia civil"
¿Qué balance hacéis de vuestra actividad?
Nuestra lucha es de fondo, ya que no hay solución para cada caso hasta que no cambiemos la normativa. Porque hay que ser claros: de la situación actual, no nos salva ni el mejor de los abogados. Cambiar la ley no será fácil, y menos cuando toca los intereses de los sectores económicos más poderosos, que no son otros que las entidades financieras. Lo tenemos asumido, y somos conscientes de que nada se acaba con las hipotecas; detrás existe un problema de modelo económico y de déficit democrático muy importante.
¿Qué balance hacéis de vuestra actividad?
Nuestra lucha es de fondo, ya que no hay solución para cada caso hasta que no cambiemos la normativa. Porque hay que ser claros: de la situación actual, no nos salva ni el mejor de los abogados. Cambiar la ley no será fácil, y menos cuando toca los intereses de los sectores económicos más poderosos, que no son otros que las entidades financieras. Lo tenemos asumido, y somos conscientes de que nada se acaba con las hipotecas; detrás existe un problema de modelo económico y de déficit democrático muy importante.
¿El día a día es demasiado dramático para esperar una reforma legislativa?
La situación es tan desesperada que no podemos confiar en una nueva ley a corto plazo. Ante ello, asesoramos y abrimos estrategias para negociar con los bancos y las cajas las daciones en pago, alquileres asequibles o condonaciones de deuda después de la subasta. Y en paralelo, a través de la campaña «Stop desahucios», actuamos para frenar los máximos hasta que no haya una reforma legal, porque es inadmisible que los pisos se queden en manos de la banca mientras se lanzan miles de familias a malvivir en la calle. Ya hemos parado unos 250 en todo el Estado español, de los cuales nosotros llamamos «pequeñas grandes victorias». «Pequeñas» porque están lejos de suponer la reforma que resolvería el problema de golpe, pero «grandes victorias» dado que cada caso resuelto significa pasar del abismo a normalizar la vida de los afectados durante un mínimo de tiempo.
¿Avances como la ampliación del espacio inembargable o las modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), apuntan que la batalla de las ideas está ganada?
Cuando empezamos hace tres años, casi nadie sabía qué era exactamente la dación en pago. Además, entre los obstáculos nos encontrábamos las mismas personas afectadas. Y es que, aparte de verlas enfadadas, constatábamos el drama que les supone quedarse en el paro para convertirse en proscritas financieras. Te cae el mundo encima, ya que puedes tener dificultades para contratar una línea telefónica o para acceder a determinados servicios públicos. Pasas a perderlo todo y a no tener un horizonte de posibilidades, aparte del estigma social que, sobre todo antes, suponía sufrir un desahucio. Cambiar esta perspectiva, apoderarse la gente y generar la confianza en la idea de que, mediante la solidaridad y organizándonos, podemos conseguir cosas ha sido un gran paso.
Parece que el número de ejecuciones hipotecarias ha disminuido. ¿Es realmente así?
Siguen siendo escandalosas. Entre los años 2007 y 2011, la cantidad estimada ha sido de unas 350.000 en el conjunto del Estado, sin contar que cada ejecución afecta a uno o varios núcleos familiares, no sólo personas individuales. Y eso, sumado a que la mayoría de los hogares pertenecen a las subprime, correspondientes a la burbuja inmobiliaria y que necesitaron varios avales, significa que hay más de un hogar amenazada por ejecución. Por lo tanto, son más de las computadas oficialmente.
¿Por qué la mayoría acaban en desahucios? ¿No hay mecanismos de mediación para impedirlo?
En casi todos los casos, para evitar que haya la intervención violenta de la fuerza pública, los afectados prefieren irse de casa y buscarse la vida como pueden, ya sea alojándose en el piso de algún pariente o bien trasladándose a otro país. De hecho, en las ejecuciones no se hace ninguna distinción, sino que el juez aplica el desahucio porque considera que es un bien de lujo y no se cumple el contrato del cual un notario dio fe en su momento. Es cierto que algunas administraciones locales han empezado a reaccionar poniendo en marcha iniciativas de mediación, pero están supeditadas a la voluntad de las partes en conflicto, dando por sobreentendido que están en igualdad de condiciones. Y eso es rotundamente falso: aquí tenemos una parte sobreprotegida por la ley y otra desamparada que las ve venir. Más que mediación, tendría que negociar con la entidad propietaria para proteger los derechos del más débil.
¿Y eso no pasa?
Como máximo, estos servicios de mediación consiguen lo mismo que logramos la PAH y otros colectivos sociales: intentar la dación en pago y que los procedimientos en curso se alarguen lo máximo para que los afectados tengan más margen de maniobra. Paradójicamente, nosotros hemos resuelto más casos que la Administración, la cual lo basa todo en evitar el conflicto con la entidad financiera. Sólo piensa en ganar tiempo y, a veces, acaba convirtiéndose en cómplice, ya que plantea la refinanciación, es decir: prorrogar el crédito a los afectados unos cuantos años más, permitiendo al banco aumentar los intereses, mientras en la Administración ello le garantiza presentar un balance muy bien maquillado. Y todo ello, aunque sabemos que la refinanciación alargará la agonía de la persona hipotecada, lo seguirá siendo insolvente y tendrá más deuda a pagar.
¿El real decreto aprobado recientemente por el Gobierno español tampoco garantiza una salida justa?
Es una gran operación de marketing. Antes de aprobarlo, anunció que abría la puerta a la dación en pago, lo que creó un falso entusiasmo. Sobre todo, porque impone una serie de criterios absolutamente restrictivos, de los cuales queda excluido el 90% de las familias afectadas, como el hecho de que se podrá renegociar la hipoteca si la deuda se encuentra por debajo de los 200.000 euros o si los avalistas no tienen patrimonio o ingresos, cuando todas las hipotecas de la burbuja se han firmado con estos avales. Ha acabado disfrazando con medidas para los afectados lo que es la voluntad de la banca, consistente en promover la refinanciación. La prueba de ello es que todas las entidades han suscrito el famoso Código de buenas prácticas, que, escudándose en el decreto del Gobierno de Rajoy, incluso les ha ido bien para paralizar algunas negociaciones para la dación en pago.
¿Qué condiciona que se paralice o se active un desahucio, pues?
La presión social. En Ciutat Meridiana, gracias a la movilización, se han parado tres en sólo dos meses. Y, en segundo lugar, el hecho de que el territorio donde la entidad tiene abierta la ejecución no le sea prioritario. Así ha pasado con la Kutxa, con la que ha sido difícil negociar con él para casos de hipotecas contraídas en Cataluña. Todas las entidades, pues, anteponen alcanzar los máximos beneficios para sus accionistas a consideraciones de tipo social, de manera que es un error dejarlo a sus «buenas prácticas». En todo caso, esto ha servido para recordar las malas prácticas que han cometido con las ejecuciones, pero también en una infinidad de abusos, como los contratos, las tarjetas de crédito o las controvertidas participaciones preferentes.
Con la iniciativa legislativa popular (ILP) planteais una «solución integral a un problema integral». ¿Y si no se admite?
Para nosotros, la ILP contiene unas demandas de mínimos, no de máximos. Es decir: tanto la dación en pago y la moratoria en los desahucios como la reconversión de las hipotecas que no se pueden pagar en pisos de alquiler social, sabemos que son medidas insuficientes para resolver el problema hipotecario. Como tampoco evitarán la mercantilización de la vivienda ni la desregulación del sistema financiero. Simplemente, las entendemos como políticas de mínimos a fin de detener el drama de miles de familias lo antes posible. Y podemos tardar más o menos, pero en ningún momento hemos pensado que no lo conseguiremos.
Sin la mayoría parlamentaria a favor, ¿como esperáis que salga adelante?
Si llevamos la ILP en el Congreso de los Diputados, es para dotar de formalidad un proceso de visibilización importantísimo sobre esta problemática. Cabe recordar que, si antes estábamos solos en estas demandas, hoy son los ámbitos judicial y académico, más de 200 ayuntamientos catalanes que han apoyado nuestra moción, el relator de la ONU en materia de vivienda y otros sectores los que se han sumado, dejando el PP, el PSOE y la banca sólo ante una mayoría que ha llevado el debate a la calle y al terreno político. El objetivo, pues, es superar el medio millón de firmas para que sea presentada. Y si el Gobierno, hoy cuestionado por sus medidas de austeridad, se permite el lujo de ignorar este clamor popular, se encontrará con una gran respuesta ciudadana. Después de agotar todas las vías democráticas, si obvia la atrocidad que supone dejar familias en la calle y poner los pisos en las manos de la banca, sólo nos quedará la desobediencia civil, lo que le ocasionará un problema de ingobernabilidad sin precedentes.
FUENTE: El Triángulo
Fuente: Ada Colau
