En la última semana se han recibido buenas noticias para la recuperación de la “memoria histórica”.
Primero fue aprobada por el Parlamento navarro una ley de reconocimiento de las víctimas del franquismo. Aunque dicha ley adolezca de muchas mejoras es un pel reconocer la existencia de las víctimas del franquismo por parte de un parlamento autonómico cuando estamos asistiendo a importantes agravios comparativos respecto de las, siempre honradas, víctimas del terrorismo, del terrorismo que ellos definen como tal; ya que nosotros también consideramos terrorismo y de estado los ataques a los derechos humanos cometidos por las fuerzas franquistas y sus seguidores.
Primero fue aprobada por el Parlamento navarro una ley de reconocimiento de las víctimas del franquismo. Aunque dicha ley adolezca de muchas mejoras es un pel reconocer la existencia de las víctimas del franquismo por parte de un parlamento autonómico cuando estamos asistiendo a importantes agravios comparativos respecto de las, siempre honradas, víctimas del terrorismo, del terrorismo que ellos definen como tal; ya que nosotros también consideramos terrorismo y de estado los ataques a los derechos humanos cometidos por las fuerzas franquistas y sus seguidores.
Y ahora, ya es definitivo, se ha hecho público el informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU. En su informe los relatores de la ONU denuncian todas las deficiencias, que se han criticado una y mil veces, de la llamada Ley de Memoria Histórica. Pero, lo que es más importante, también recalca que es misión del estado y no de las víctimas el investigar el lugar donde se encuentran las fosas y rescatar de las cunetas a los asesinados desde la etapa de la Guerra Civil. Se ha conseguido salvar el deseo del gobierno español de que el Grupo de Desapariciones Forzadas aplicara la convención internacional a partir de 2010, fecha en la que fue firmada por el estado español, y dejan meridianamente claro que los delitos contra los derechos humanos no prescriben y que, además, los delitos de desapariciones forzadas son persistentes en el tiempo hasta que se sepa el paradero de los desaparecidos. Pero aún va más allá porque con el informe se da un tirón de orejas no solo al ejecutivo y legislativo sino que denuncia la actuación llevada a cabo por la judicatura española ante estos casos. Por eso, entre varias recomendaciones, propone la creación de una Comisión de la Verdad que pueda ayudar a encauzar los trabajos de investigación.
CGT espera poco del gobierno español ante las recomendaciones de las organizaciones internacionales que no son de obligado cumplimiento. Pero sí desea que conjuntamente con las actuaciones llevadas a cabo en Argentina, donde CGT ha denunciado el uso de los presos del franquismo como esclavos para beneficio del estado y las empresas afines, consigan declarar al franquismo régimen sanguinario y sus seguidores proscritos y que sean equiparados al nacismo y, por tanto, prohibida la exhibición de su ideología fascista.
Charo Arroyo
Coordinadora Memoria Libertaria CGT
Fuente: SP Comité Confederal CGT
