La implantación de la normativa Registro, Evaluación y Autorización de Sustancias Químicas (REACH) —actualmente en debate en el Consejo de Ministros de la UE— podría evitar el 10 por ciento de las 32.000 muertes que se producen por exposición a sustancias cancerígenas en el trabajo cada año en Europa, lo que equivale a unos 3.200 fallecimientos menos.
Se espera que este reglamento, que pretende reducir el impacto de las sustancias tóxicas sobre el medio ambiente y la salud, entre en vigor a principios del año 2006, explicó el portavoz de la Comisión Europea, Mark Blainy.
Según Blainy, miembro de la dirección general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, el plazo concreto en el que se espera entre en vigor esta normativa depende de las negociaciones. No obstante, precisó que al tratarse de un reglamento «tendría un efecto inmediato para todos los estados miembro después de su aprobación».
Por su parte, el secretario general de Cambio Climático y Prevención de la Contaminación del Ministerio de Medio Ambiente, Arturo Gonzalo Aizpiri, explicó que en muchas de las más de 110.000 sustancias y preparados químicos que se comercializan en Europa se «desconoce el riesgo que provocan en la salud de los trabajadores». Así, la normativa REACH «podría suplir estas deficiencias, aunque sea un desafío para la industria».
Asimismo, el experto recordó, durante una jornada de debate sobre la propuesta de la normativa REACH celebrada hoy en Madrid, que «en España unos 7.000 trabajadores mueren cada año por exposición a sustancias cancerígenas en el medio laboral».
En cuanto al coste concreto que supondría la implantación de esta normativa, Aizpiri destacó que «todavía no se ha realizado el estudio económico, aunque se hará», y estimó que probablemente costaría en España una décima parte del total previsto por la Comisión Europea, que lo cifra en unos 5.000 millones de euros en los próximos 15 años.
Por su parte, Blainy recordó que el objetivo de esta normativa es mejorar la protección de la salud de los trabajadores y consumidores, proteger el medio ambiente, mantener y mejorar la competitividad industrial y poder evaluar concretamente el impacto. Así, se estima un ahorro en torno a 30.000 millones de euros en un periodo de 30 años a «un coste razonable», precisó.
Esta normativa abarca fundamentalmente a cuatro categorías de sustancias «muy preocupantes» como son : las carcinogénicas, mutagénicas o tóxicas para la reproducción (conocidas como CNR) ; las persistentes, bioacumulables y tóxicas ; las muy persistentes o muy bioacumulables ; y los contaminantes orgánicos persistentes. Estas sustancias se deben someter obligatoriamente al proceso de autorización, que se concedería sólo en el caso de que sus riesgos estuviesen adecuadamente controlados, explicó Aizpiri.
MEJORAS SUSTANCIALES
Por su parte, el secretario confederal de Medio Ambiente y Salud Laboral de CCOO, Joaquín Nieto, destacó que esta normativa «era una necesidad y se ha convertido en una oportunidad para resolver el fracaso que había en las políticas de prevención de riesgos laborales en la UE». En este sentido, precisó que luchará para que este reglamento salga adelante «sin rebajas», por lo que dialogará tanto con la Administración como con la industria.
Así, Nieto explicó que trabajará para que todas las sustancias químicas que se producen en más de una tonelada y no sólo las que se producen en más de 10 toneladas (según la propuesta actual) tengan que realizar su informe de seguridad. Asimismo, abogó porque se pudieran verificar las evaluaciones de forma aleatoria, se recuperase la idea de «sustitución» ; se eliminasen los obstáculos a la información ; se tuviera en cuenta la multiexposición y los productos intermedios, aunque no se comercialicen.
Concretamente, Nieto recordó que unos 60 millones de trabajadores están expuestos a sustancias químicas en el trabajo, y unos 7 millones sufren enfermedades ocupacionales por su exposición a las sustancias cancerígenas.
Par : EP
