Desde tiempos inmemoriales se viene utilizando la expresión “matar al mensajero”, porque en determinadas épocas así se hacía. De hecho, algunos tiranos pretendían con este hecho conjurar el mal del que se le informaba, haciendo desaparecer al portador de las malas nuevas.
Este hecho suponía que quienes enviaban esas “noticias” de aquellas épocas lo hicieran utilizando mensajes cifrados, encerrados en sobres lacrados, cofres cerrados u otros artilugios de suerte que el portador de las mismas no tuviera ni idea del terrorífico destino que la aguardaba nada más entregarlo a su destinatario.
Este hecho suponía que quienes enviaban esas “noticias” de aquellas épocas lo hicieran utilizando mensajes cifrados, encerrados en sobres lacrados, cofres cerrados u otros artilugios de suerte que el portador de las mismas no tuviera ni idea del terrorífico destino que la aguardaba nada más entregarlo a su destinatario.
Por otro lado, la Constitución de 1812 anunció la llegada de la libertad de expresión y prensa al proclamar en su artículo 317 que “todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación con anterioridad a su publicación”. Hoy nos agrupamos en torno a la placa dedicada a la libertad de expresión, porque algunos de los mensajeros han sido despedidos.
Alguien dirá que el motivo no es la censura, ni un ataque a la libertad de expresión o información y, sin embargo, es un hecho cierto que la ciudadanía pierde opciones en su derecho a recibir una información veraz cuando se despide a periodistas, cuando se cierran periódicos o medios de comunicación, simple y llanamente porque alguien, el empresario evidentemente, dice que no es rentable la explotación de esa empresa informativa. En este territorio sabemos, por desgracia, de muchas de estas tragedias.
Mientras el derecho de la ciudadanía a estar verazmente informada se residencie en el entramado de empresas privadas que monopolizan agencias y medios de comunicación, la conformación de la llamada “opinión pública”, tan esencial en regímenes democráticos, estará seriamente comprometida por intereses de grupos económicos que persiguen el control, no sólo de los bienes materiales, sino también de las conciencias.
Una sociedad verdaderamente democrática debe dotarse de medios de comunicación independientes del poder económico y del político, sustentándose de los recursos del patrimonio común, cuyo gasto debe ser supervisado por comités compuestos por ciudadanas y ciudadanos y profesionales de los medios.
Estos medios informativos independientes estarán al servicio de bien común sin que puedan interferir en ellos el objetivo malintencionado de sesgar el estado de conciencia ciudadana sobre determinados hechos.
Por ello, sostenemos que, cuando se deja sin trabajo a periodistas o comunicadores de cualquier medio informativo, se actualiza el antiguo rito de la Muerte del Mensajero y, al mismo tiempo, se inmola en el altar de la codicia la “libertad de expresión y de prensa”.
Rafael Fenoy
Fuente: Rafael Fenoy Rico
