Artículo de Rafael Cid publicado en Rojo y Negro nº 346, junio 2020
<<En un ERTE 3 de cada 4 euros lo pone la clase trabajadora>>
(Juan Manuel Muños Póliz, secretario general CGT)
<<En un ERTE 3 de cada 4 euros lo pone la clase trabajadora>>
(Juan Manuel Muños Póliz, secretario general CGT)
La madre de todas la batallas está en los famosos, y ahora milagrosos, Expedientes de Regulación Temporal de Empleo. Los ERTE, primos hermanos al por menor de los no menos conocidos ERE (sin la T de temporal), cuya gestión delincuencial por la Junta de Andalucía durante la etapa socialista a piñón fijo con las centrales amigas ha llevado al banquillo a dos ex presidentes del PSOE y 20 altos cargos de aquella Administración autonómica. Un fraude de unos 800 millones de euros de dinero público, inicialmente destinados a reflotar a empresas y trabajadores en crisis, cuya secuela más hiriente está en el reciente procesamiento de la dirección de la Unión General de Trabajadores (UGT) por supuestamente apropiarse de fondos por una cuantía de 40 millones de euros recibidos entre 2009 y 2013 <<para formación de desempleados>>. Por cierto, Roberto Macías, el empleado de UGT-Andalucía que en su día destapó la corrupción de los ERE en esa comunidad, ha sido condenado a 2 años de cárcel <<por descubrimiento y revelación de secretos, a instancias de la central sindical. Antecedentes penales que no parecen haber sido obstáculo para que UGT y CCOO, junto con CEOE, sean los agentes sociales elegidos para negociar la nueva ristra multimillonaria de ERTE que el gobierno PSOE-UP ha liberado para <<que nadie se quede atrás>>.
Con poco más de 100 días en su haber, el gobierno de izquierdas ha conseguido repetir el milagro bíblico de la transustanciación al convertir los malditos ERTE de la derecha en un oscuro objeto de deseo <<rotundamente progresista>>. Así, lo que estando en la oposición constituyó una de sus principales bazas para erigirse en alternativa al PP, ahora desde el poder se enarbola como el talismán para que la <<crisis la paguen los ricos>>. Pero los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE), lo diga Agamenón o su porquero, siguen donde dolían: son instrumentos de flexibilización laboral diseñados para rescatar a empresas a costa de los contribuyentes (que a su vez son trabajadores activos o pasivos). O sea, posibilitan la suspensión del contrato laboral o la reducción de jornada, liberando a las sociedades de pagar los salarios y buena parte de las cuotas a la Seguridad Social con la promesa de mantener el empleo, mientras el trabajador cobra la prestación pública de desempleo. Del boom de ladrillo al big-bang del covid-19, los damnificados siguen siendo los mismos. La diferencia es que contra la derecha luchábamos mejor.
Entre la Gran Recesión del 2008 y la actual del Covid-19 hay diferencias notables pero también rotundas afinidades. La cruz viene por el distinto rasero de la crisis al impactar en la piel de toro. Aquella fue financiera y prendió cebada por la <<epidemia de ladrillo>>. Esa magnanimidad de bancos y cajas a la hora de dar créditos hipotecarios sin mirar el diente. Modelo que explosionó cuando cerraron las fuentes de aprovisionamiento en los mercados internacionales contagiados por el virus de las subprimes (hipotecas basura). Esta que nos aflige hoy trae causa de la pandemia que ha confinado a la vez oferta (empresas y trabajadores) y demanda (consumidores e inversionistas). La cara, por el contrario, registra muchos puntos en común. Y no solo porque en ambos supuestos, los respectivos gobiernos se enteraron de la crisis por la tele (Zapatero la financiera y Sánchez la sanitaria, reaccionaron tarde, mal y pensado especialmente en no defraudar a su afición).
Sin embargo, establecidas las distancias oportunas, los mecanismos aplicados en ambos casos no son incongruentes. Si se mira con cierto detalle, lo que exige esfuerzo intelectual y el consiguiente espíritu crítico, en los dos casos se ha utilizado el mecanismo de la transferencia de renta de los poderosos a los humildes para sufragarla. Socializar las pérdidas y privatizar las ganancias es un rastro compartido que los denuncia. Otra cosa es que se reconozca así, porque hacerlo implica encontrar conexiones poco halagüeñas. Es decir, que la historia se repite. Y en este caso como farsa, si tenemos en cuenta que lo que entonces era deplorable y sirvió de anatema a la oposición ahora es un filón de virtudes para esos mismos agentes sociales. Hablo del descubrimiento de los malditos ERTE de entonces, paridos por el PP, como flamante bálsamo de Fierabrás, y de la contundente y nociva <<ley mordaza revaluada>> resucitada como herramienta para proteger las calles de saboteadores del estado de alarma. Pero hay más.
El despliegue de aquella crisis financiera (luego económica-social por sus efectos derivados) se llevó por delante buena parte del frágil estado de bienestar. Ajustes estructurales contra las pensiones y recortes de derechos laborales; reforma exprés del artículo 135 de la Constitución sin referéndum; y de propina, la fulminación del modelo de cajas de ahorro, que representaba la mitad del mercado bancario. O sea, devaluación salarial vía transferencia de renta de arriba-abajo es lo que supuso el rescate del sector que ha dejado un agujero de más de 42.000 millones de euros en el bolsillo de los españoles (Hacienda somos todos). Y también estigmatizar a las cajas como los <<malos de la película>>, que representaban una alternativa de financiación semipública compitiendo con el oligopolio de la banca privada. Su parasitación por los agentes sociales encaramados en sus cúpulas, desde que el PSOE felipista las abriera a partidos, sindicatos y patronal (recordad el tocomocho de las tarjetas black), justificó aquel matarile a beneficio del Ibex. Entonces se vendió con la especie de que de no rescatar a la banca de aquella singular manera, el desempleo sería enorme y se pondría en peligro el dinero de los ahorradores. En realidad, la cosa iba por otro lado pero había que marear la perdiz antes de acribillarla. Los depósitos están garantizados hasta un límite de 100.000 euros por impositor, y los beneficiados fueron los grandes budas financieros que en lo sucesivo acapararon todo ese goloso mercado.
Pero ahora no va de bancos (todavía) sino de empresas y trabajadores, del mercado, que se ha visto clausurado a la fuerza con el confinamiento de las personas (consumidores y productores) y la hibernación de los negocios. Y ahí radica el paradigma de la <<nueva normalidad>>. Mientras en la crisis del 2008 existía una clara percepción de conflicto de clases (los perdedores fueron los damnificados y los pirómanos los salvados), en la pandemia del coronavirus parece reditarse el imaginario del sindicalismo vertical franquista. La propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha proyectado esa imagen al glosar las bondades del pacto entre gobierno (PSOE-UP), patronal (CEOE – CEPYME) y sindicatos (CCOO – UGT) para extender la vigencia de los ERTE más alá del estado de alarma (sin que estallara el caos anunciado): <<Es un acuerdo muy beneficioso para las empresas pero también para los trabajadores>>, ha dicho públicamente, para acto seguido expresar su satisfacción y pleno <<reconocimiento porque han sabido comprometerse con nuestro país>>. Ni vencedores ni vencidos; <<todos somos soldados>>. ¿Verdad o bulo?
Hagamos cuentas. Solo por reducciones de las cuotas a la SS (hasta el 75% en empresas con más de 50 trabajadores) por aplicación de los aproximadamente 3,4 millones personas en estado de ERTE (de ellos, 3 millones por fuerza mayor), el Estado ha dejado de ingresar 2.200 millones de euros en el periodo previo a su prolongación al 30-J. Cifra a la que debe sumarse los 18.000 millones que suponen las coberturas de desempleo (un promedio del 70% del salario real). Lo que unido a los salarios no devengados por los empleadores, da idea de la verdadera naturaleza del entramado de los ERTE. La ley del embudo: ancho para los menos y estrecho para los más. Máxime si tenemos en cuenta la estructura de la empresa española por dimensión laboral. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), de los 3,36 millones de empresas existentes en España en enero de 2019, el 82,9% tenían un máximo de dos asalariados, y solo el 4,7% empleaban 20 o más trabajadores. Resultando por tanto que han sido sobre todo las grandes corporaciones las que han acogido a más trabajadores en los 3 millones de ERTE solicitados. En este grupo, están firmas como El Corte Inglés (26.000 trabajadores con ERTE); Grupo Zena-Alsea (22.000); Decathlon (casi 8.800); Michelin (7.500); Hoteles Ríus (5.500); Vueling (4.300) o Cepsa Gasolineras (2.000). Firmas multinacionales muchas de ellas, que asumen los expedientes de regulación temporal de empleo con generosas bonificaciones estatales como una norma muy favorable para sus balances en tiempos de crisis. Especialmente porque su regulación es compatible con haber declarado importantes beneficios en el último ejercicio. Unas circunstancias que contrastan con las dificultades en que se encuentran muchas microempresas (la mayoría modestos negocios familiares y/o unipersonales) para adaptarse a la moratoria productiva. Como prueba el hecho de que a primero de mayo se contaban en 133.757 las que se habían visto obligadas a echar el cierre desde la publicación en el BOE del estado de alarma. De ellas, 121.827 bajas se dieron en el mes de marzo a nivel nacional (2.869 solo en la región de Murcia, una de las zonas menos expuestas al covid-19). Algo similar ha ocurrido con las partidas de ayudas directas con aval del Instituto de Crédito Oficial (ICO), donde autónomos, microempresas y pymes se han visto postergadas por la bulimia crediticia de las grandes firmas. El otro flanco de distanciamiento social de los ERTE, la mano invisible que mece la cuna del rescate desigual.
De la parte oculta del iceberg de los ERTE nada han dicho ni el gobierno, ni UGT, ni CCOO, ni la patronal CEOE y CEPYME, la troika que ha gestionado la benéfica normativa. Son los socios representativos y lo que ellos consensuan va directo al BOE. La única voz discrepante la ha puesto la Confederación General del Trabajo (CGT), quien a través de su secretario confederal, José Manuel Muñoz Póliz, ha tenido a bien recordar lo obvio: <<en un ERTE 3 de cada 4 euros lo pone la clase trabajadora>>. Miguel Sebastián, ex ministro de Industria, Comercio y Turismo con Rodríguez Zapatero, desde las antípodas ideológicas, en un artículo reciente se ha feliciitado de la <<bajada de impuestos> que esta aplicación de los ERTE representa para el sector privado con más músculo de recursos de nuestra economía. La diferencia respecto al 2008 es que si entonces el trofeo ofrecido fueron las centenarias cajas de ahorro, ahora los agraciados con el gordo son CCOO y UGT. Gracias a una oportuna manipulación de las normas laborales introducida en el decreto-ley de la emergencia sanitaria, los <<sindicatos del Régimen del 78> han visto recompensada su fidelidad con el monopolio de la negociación en las empresas sin representación sindical (https://kaosenlared.net/ccoo-y-ugt-ordenando-el-covid-19/).
Eso mientras se mantuvo que el estado de alarma y los ERTE eran tal para cual. O estado de alarma o caos, clamaba la doctrina oficial. Hasta que llegó la ministra Díaz con las rebajas vestidas de ampliación de los ERTE hasta el 30 de junio y los 6 meses más de cadencia en los <<despidos prohibidos>>. Con el nuevo calendario el coste para el Estado se elevara significativamente. Los estudios existentes fijan que cada 15 días de alargamiento pueden añadir un coste de hasta 3.400 millones para las arcas públicas, y señalan que los ERTE representan el 56% de lo gastado para combatir el impacto económico del covid-19 (30.742 millones, el 2,7% del PIB, según las cifras optimistas del Programa de Estabilidad Presupuestario remitido a Bruselas; aunque la Airef lo eleva al 3,3%). Por cierto, este postrer consenso de ampliación de los ERTE incluye otras concesiones para la gran patronal: mantiene tramos de bonificación de las cuotas a la SS aunque la empresa haya empezado a reincorporar a trabajadores; rebaja la penalización a las sociedades que incumplan el acuerdo de mantener las plantillas, pasando de tener que devolver las cotizaciones junto al coste del desempleo a solo retornar lo no cotizado en caso de incumplirlo; y deja la puerta abierta al despido para <<aquellas empresas en las que concurra un riesgo de concurso de acreedores>> y a sectores <<alta estacionalidad>> La duda es si bajo el concepto <<riesgo>> se esconde otra calculada ambigüedad a compatibilizar con las causas de despido objetivo que contempla el no derogado artículo 51, punto 1, del Estatuto de los Trabajadores. Aquel que dice: << Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior>>. La magnitud del problema se refleja en las cifras que maneja el ministerio de Justicia. Estima que en el próximo año alcanzaríamos los 50.000 concursos de acreedores, frente a los 7.000 presentados en 2019.
Gato blanco, gato negro, se puede vender como se quiera, pero hablar de los ERTE como el ejército de salvación nacional (<<rotundamente progresista>>) es una falacia o un engaño. Bienvenidos a la república independiente de la casta. No es ya que el gobierno de coalición de izquierdas opere con los presupuestos de Montoro. Ni que utilice <<la ley mordaza>> para mantener a raya el estado de alarma, y use las herramientas de la contrarreforma laboral del PP (que en su toma de posesión la ministra de Trabajo prometió derogar) para dar una salida de izquierda a la crisis. Lo que acojona es que encima se presuma de hacerlo por nuestro propio bien. Al final se trata de una nueva modalidad del populismo <<los nuestros primeros>>. Lo ha reconocido la ministra de Trabajo de Unidas Podemos:<<Proteger a las empresas es proteger el empleo y la economía>> (El País, 16 de mayo, página 41). En sintonía con lo declarado al día siguiente por la presidenta del Banco de Santander, Ana Patricia Botín: <<Si apoyas a las empresas, apoyas a los trabajadores: hace falta empleo digno>> (El País, 17 de mayo, página 43). La cuestión es quién es el pagafantas.
(Nota. Este artículo es una versión actualizada y ampliada de otro publicado en el Blog Alkimia de El Salto)
Rafael Cid
Fuente: Rafael Cid
