Artículo publicado en RyN nº 380 de julio-agosto.
València vive uno de los conflictos más importantes que se están dando en estos momentos. La lucha contra la ampliación del Puerto de València engloba, en la misma, batallas contra diferentes amenazas medioambientales, sociales, económicas y, por supuesto, también laborales. Hablamos de un proyecto de ampliación del Puerto de València resurgido en 2019, 15 años después de la primera propuesta, con modificaciones sustanciales y con una declaración de impacto ambiental (DIA) realizada en 2007, con datos de 2005 y 2006 ya obsoletos tanto por los cambios realizados en el proyecto como por los cambios en el contexto ambiental con una emergencia climática reconocida incluso institucionalmente con declaraciones de emergencia climática por parte del Estado español (enero de 2020) y del Consell de la Generalitat Valenciana (septiembre 2019).
El proyecto de ampliación del Puerto de València supone la construcción de una nueva terminal para mercancías impulsada por la Autoridad Portuaria de València (APV) y la naviera MSC y otra de cruceros, impulsada por Balearia a menos de 400 metros de la población, además de la activación de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) y la construcción de un nuevo acceso norte al Puerto de València para soportar el incremento de tráfico de camiones que podría pasar de 3.000 diarios a más de 7.500. La construcción del dique necesario para la ampliación también supone un cambio en las corrientes y ya se pueden observar las consecuencias en las playas del sur de la ciudad (El Saler, El Perelló, El Perellonet…), más de 12 km afectados, que se han visto reducidas en más de 70 metros por el cambio de aporte natural de arena que, a su vez, se deposita frente a las playas del norte. Este cambio en la distribución de la arena puede significar que a medio plazo el lago de la Albufera conecte con el mar, con el desastre medioambiental que ello supone al salinizarse el lago y también económico porque supondría el fin de los arrozales que allí se concentran.
Para hacer frente a este ataque hacia la ciudad por parte de la Autoridad Portuaria, a finales de 2019, asociaciones ecologistas, asociaciones de vecinas, movimientos sociales y también sindicatos conformaron la Comissió Ciutat-Port. En la actualidad, esta comisión está conformada por más de 100 organizaciones de la ciudad de València y pone de manifiesto que la ampliación del Puerto de València no puede “hacer compatible el crecimiento económico con el respeto al medio ambiente”, tal y como insisten los defensores del proyecto entre los que se encuentran el ex presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Desde Ciutat-Port se defiende “priorizar las inversiones públicas y reasignar las previstas para paliar los impactos y daños causados a los barrios y ecosistemas valencianos; favorecer a sectores y necesidades urgentes como la agricultura de proximidad, la salud y educación públicas y de calidad o la diversificación productiva; la eliminación de los privilegios fiscales, administrativos y de subsidios a la actividad privada del puerto para que, como mínimo, haga frente a los costes socio-ambientales que genera; impulsar sectores económicos más justos; proteger la salud de las personas; aplicación inmediata de planes de control y reducción efectiva de las emisiones que contaminen tanto ambiental como acústicamente ajustándose a los niveles admitidos por la OMS”. Además, Ciutat-Port exige un “nuevo modelo de gobernanza de los puertos que dé más voz y voto a los territorios y a la ciudadanía afectada” frente a la falta de transparencia y control ciudadano de organismos como la Autoridad Portuaria de València, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
La Confederación General del Trabajo forma parte de la Comissió Ciutat-Port desde los inicios porque en palabras de Juan Ramón Ferrandis, secretario general de CGT en el País Valencià y Murcia, “esta lucha es también nuestra lucha, la lucha por el medio ambiente, en defensa del territorio y la lucha por las condiciones laborales dignas”. Frente al chantaje de la creación de puestos de trabajo que utilizan quienes apuestan por la ampliación del puerto, desde la organización anarcosindicalista se tiene claro que “las consecuencias en el empleo y en la calidad del mismo son muy negativas, ya que, una vez salvado el aumento del empleo en la construcción de la ampliación, la reducción de los puestos de trabajo será de más del 33% debido a la automatización, teniendo un saldo desfavorable hacia el empleo”.
Desde Ciutat-Port se ha apostado por llevar la oposición a la ampliación por dos vías, la jurídica y la movilización en la calle. La vía jurídica está teniendo resultados positivos, ya que se ha conseguido entre otros objetivos que la Autoridad Portuaria de València deje de ser juez y parte en cuanto a la capacidad de decidir sobre la validez de la DIA de 2007 “lo que era una contradicción porque ella era parte interesada”, como explica David Adrià, miembro de la Comisión jurídica de Ciutat-Port, para quienes esta declaración está “obsoleta y caducada”. Además, desde Ciutat-Port se ha conseguido que la incertidumbre jurídica sobre la viabilidad del proyecto vaya en aumento al conseguir que el TSJCV admita a trámite un nuevo recurso contra el proyecto de ampliación que aprobó el pasado diciembre la Autoridad Portuaria. El pasado mes de mayo también se presentó una demanda contra la aprobación de la construcción de la nueva terminal de cruceros, que se había concedido a Balearia, ya que ha habido un cambio de ubicación que beneficia indirectamente a Vicente Boluda que, a cambio de los astilleros donde se ubicará la nueva terminal, el puerto le ha otorgado una nueva concesión de 35 años para ocupar unos terrenos de 4.700 metros cuadrados donde construirá dos torres de oficinas de trece pisos y una zona de aparcamiento.
En cuanto a la movilización, el pasado viernes 16 de junio alrededor de 20.000 personas se unieron a la segunda de las manifestaciones unitarias que ha convocado la Comissió Ciutat-Port para exigir la paralización de la ampliación del puerto —la primera tuvo lugar en octubre de 2021 y logró reunir a unas 10.000 manifestantes—. La última manifestación, valorada como un éxito por la Comissió, transcurrió por el centro de la ciudad animada por la actuación musical de Biano, el espectáculo de la compañía teatral La Canadiense y las figuras realizadas por la Jove Muixeranga de València y concluyó en la plaza del Ayuntamiento con la lectura del manifiesto firmado por más de 170 organizaciones y la actuación de Los Chikos del Maíz, Maluks y Xavi Sarrià.
Tanto desde la Comissió Ciutat-Port como de la misma CGT se tiene claro que la lucha contra la ampliación del Puerto de València es “la más importante de las que están dando en el País Valencià en este momento”. En palabras de Juan Ramón Ferrandis “El futuro será sostenible o, evidentemente, no será y todo pasa por optimizar los recursos”.
Para más información: www.noampliacioport.org/
Manolo Totxa
Gabinete Comunicación CGT PVyM
Fuente: Rojo y Negro
