“Quod principi placuit legis habet vigorem”. Lo proclamó Ulpiano y lo recordó Justiniano: “la justicia que agrada al príncipe tiene fuerza de ley”. Ese es el principio que acaba de aplicar la Audiencia de Palma de Mallorca con la Infanta Cristina Federica de Borbón y Grecia, su Alteza Real.
Por dos votos contra uno, la sala ha decidido no autorizar la citación como imputada de la hija del Rey en el caso Nóos. Amparándola con un fuero propio de Césares, nuestros jueces han optado por evitar la “estigmatización” que según el fiscal y la defensa significaría su comparecencia ante el instructor como cualquier hijo de vecino. Todavía hay clases.
Por dos votos contra uno, la sala ha decidido no autorizar la citación como imputada de la hija del Rey en el caso Nóos. Amparándola con un fuero propio de Césares, nuestros jueces han optado por evitar la “estigmatización” que según el fiscal y la defensa significaría su comparecencia ante el instructor como cualquier hijo de vecino. Todavía hay clases.
El auto blindando a la Infanta en un caso de corrupción que alcanza niveles de iniquidad impensables en alguien que no se crea tocado por los dioses (robo de dinero público a través de una ONG) sitúa la crisis de la Corona en un punto de no retorno. Con una crac económico-social que ha arrojado al arroyo a más de 6 millones de españoles, destruido servicios públicos de primera necesidad, como la sanidad, y condenado a la emigración a miles de jóvenes sin futuro, lo ocurrido supone la suprema confirmación de que el sistema no tiene enmienda. Ni Estado de Bienestar, ni Estado de Derecho; solo corrupción, arrogancia, expolio y matapobres.
Lo que nos quedaba por ver se ha cumplido. Un Fiscal General del Estado de película, Eduardo Torres Dulce, sobrino de otro con mérito de Torquemada en el siniestro Tribunal de Orden Público (TOP) franquista, amparando la desigualdad ante la ley que la Constitución dice garantizar; un subordinado con mando en plaza en la trama recurriendo una decisión procedimental en fase de investigación contra toda lógica jurídica; un letrado, antiguo ponente de la Carta Magna, impugnando la imputación porque “para ciertos personajes públicos, aquellos vinculados a Instituciones centrales del Estado, la primera declaración ante el instructor tiene social mente un sentido punitivo adicional”, y un tribunal bailando el agua a ese esperpento, forman el escenario de la opera bufa en que se ha convertido el régimen salido de la Transición del 18 de Julio.
La seguridad jurídica es la ley del embudo. La Casa Real ya dijo cuando se conoció la imputación que apoyaban el recurso del fiscal y no comprendían el cambio de opinión del juez Castro. Más claro, agua. Como dijera otro “divino” cuando el Estado que él encarnaba se dedicaba a hacer patria a tiro limpio con la rubrica GAL:”no hay pruebas, ni las habrá”. Hasta los santos lo saben: “un Estado que no respeta el Derecho es una gran banda de forajidos” (Agustín de Hipona). Y ante esa tiranía, los hombres de fe, como el padre Mariana, reconocen el derecho y el deber de la sociedad a defenderse con todas sus fuerzas.
Felipe González anunciando el caos si no renovamos la confianza en los líderes y las instituciones. La delegada del Gobierno en Madrid, una tal Cifuentes, tildando de nazis a quienes denuncian públicamente la cleptomanía del régimen. Y la risueña líder de la juventudes socialistas, Beatriz Talegón, afirmando que es posible que tras sel 15-M esté la derecha. ¿Por qué la izquierda súbdita no se ha personado como acusación en el caso Nóos?¡Que ganado!
Lo dijo Luisa Michel, la heroína de la Comuna de París, y hoy conviene recordarlo:” es preciso que la verdad ascienda desde los tugurios porque desde lo alto no se desprenden más que mentiras”.
Rafael Cid
Fuente: Rafael Cid
