La reforma constitucional eleva a categoría jurídica el desmantelamiento de los servicios públicos. Sólo una reforma fiscal con más y más justos impuestos puede evitar la pérdida definitiva de los derechos sociales.
La avalancha de reformas y recortes que estamos sufriendo desde hace
año y medio ha culminado con una reforma constitucional expreso que
eleva a categoría jurídica el desmantelamiento de los derechos sociales.La manera como se ha justificado nos es conocida (se hace por nuestro bien, nos permitirá salir de la crisis, ahora nos toca pagar por haber vivido tanto tiempo por encima de las necesidades …).
La avalancha de reformas y recortes que estamos sufriendo desde hace
año y medio ha culminado con una reforma constitucional expreso que
eleva a categoría jurídica el desmantelamiento de los derechos sociales.La manera como se ha justificado nos es conocida (se hace por nuestro bien, nos permitirá salir de la crisis, ahora nos toca pagar por haber vivido tanto tiempo por encima de las necesidades …).
Sólo tienes que sintonice cada mañana Catalunya Ràdio, la que pagamos entre todos, para sentir el mismo discurso (adobado con algunos Aromas de Montserrat en forma de elogios al «gobierno de los mejores») en boca de Manel Fuentes. Una justificación con un claro propósito subliminal: presentar la oposición a los recortes y la pérdida de derechos como una actitud irracional o inútil. Por eso conviene hacerse algunas preguntas básicas que nos ayuden a tener argumentos.
Tenemos un sector público inflado?
Los que dicen que el país ha vivido con un sector público inflado ignoran algunos hechos básicos. El peso del gasto público en nuestro país ha sido siempre por debajo de la media europea. Cuando comparamos datos de gasto social (22,7% del PIB frente al 26,9% de la UE de los 27), sanidad (8,4% del PIB frente al 9,2% de la UE de los 15) y educación (4 , 9% del PIB frente al 6,2% de la OCDE), es evidente que siempre hemos estado por debajo, incluso de países más pobres, como Grecia, que ha hecho un mayor esfuerzo en este tema. Lo mismo ocurre si comparamos el peso de los funcionarios y los empleados públicos. Si algo caracteriza nuestro país es la insuficiencia del sector público. Sin contar que una parte importante del gasto termina canalizando al sector privado (enseñanza concertada, sanidad concertada) con más que discutibles efectos sociales, como lo muestra la persistencia de una fuerte discriminación social en las escuelas concertadas.
¿Por qué tenemos un endeudamiento tan grande?
Este es otro mito. La deuda pública española no es excesivamente grande. La deuda pública bruto se sitúa en un 65% del PIB, muy por debajo de la mayoría de países con graves problemas (150% Grecia, 120% Italia, 114% Irlanda), o incluso de muchos que aparentan más salud que nosotros (229% Japón, 100% USA, 80% Alemania). La deuda fuerte español es fundamentalmente deuda privada, de bancos y grandes empresas que han utilizado masivamente el crédito exterior para financiar la burbuja inmobiliaria y su expansión internacional. El problema es que esta deuda privada puede convertirse en deuda pública, como ya ha pasado cuando el Estado ha avalado las emisiones de deuda de bancos y cajas o se ha hecho cargo de las cajas en quiebra. El problema para el sector público no es tan de endeudamiento total sino de crecimiento del déficit que ha tenido lugar los últimos años.
¿De dónde viene el crecimiento del déficit público?
El déficit es fundamentalmente el producto del derrumbe de los ingresos públicos (impuestos, tasas y cotizaciones sociales), que en tres años han pasado de representar el 38,2% del PIB al 31,5%, situando nuestro país entre los que tienen menos recaudación de Europa y muy lejos de la media (que se sitúa en un 40%).
Este descenso de los ingresos es el resultado de dos factores combinados: la caída de la actividad económica, especialmente el descalabro inmobiliario, y las diversas reducciones de impuestos que han tenido lugar los últimos 15 años (práctica eliminación de impuestos como el IAE , de patrimonio, sucesiones … y fuertes recortes en el Impuesto de Sociedades y el IRPF, especialmente en las rentas del capital).
Un ejemplo nos lo puede aclarar: según la Agencia Tributaria, la caída de los beneficios declarados por las empresas en el Impuesto de Sociedades en el periodo 2007-2010 ha sido del 20%. Por tanto, la recaudación habría tenido que caer en esta proporción. Pero la caída real ha sido del 40%, el doble. La explicación es que se han introducido un conjunto de desgravaciones con la excusa de la creación de empleo.
Hay que considerar también los gastos extraordinarios realizados al principio de la crisis, donde destaca la compra de activos a la banca (el diario Público ha cuantificado en 126.000 millones de euros las ayudas al sector financiero).
¿Cómo nos afecta el cambio constitucional?
La reforma constitucional introduce dos restricciones que aún dificultarán más el desarrollo del Estado del Bienestar. En primer lugar impone que el pago de intereses financieros es prioritaria sobre cualquier otra obligación. Algo insólito que no ocurre en el mundo privado, donde las empresas en dificultades renegocian los créditos. Si en el futuro un Gobierno irresponsable aceptara negociar un crédito usurario, con la letra de la ley, el país no podría eludir su pago.
En segundo lugar, limita a un 0,4% el déficit estructural, un límite muy estricto que actualmente no hay ningún país europeo que cumpla. Esto se traducirá en una fuerte presión sobre el gasto social corriente.
Pero, no es malo el endeudamiento?
Ahora el endeudamiento se presenta como el mal general y vuelve la cantinela del estirar más el brazo que la manga. Las cosas son, sin embargo, más complejas.
Es lógico financiar con deuda las inversiones que tienen efectos a largo plazo. Por ejemplo, si nos endeudamos para construir escuelas las tendremos antes y podemos ir pagando a medida que se utilizan.
Con el nuevo modelo, sólo las podremos construir cuando tengamos dinero o haciendo fuertes reducciones en otros gastos.
Es también bien sabido que cuando el paro es masivo el incremento de gasto público con déficit genera actividad económica y permite reducir el paro. De hecho, eso es lo que ha permitido la actividad pública los primeros años de la crisis. Los recortes no afectan sólo a las personas implicadas con la pérdida del puesto de trabajo o los salarios, también reducen la demanda en otros sectores.
El problema es que los últimos años se ha impuesto el dogma del déficit cero, todo promovido por las élites alemanas que cortan el bacalao en Europa (pero que no se aplicaron cuando ellos tuvieron problemas derivados de su unificación).
¿Qué debemos pedir?
Mantener y mejorar el Estado del Bienestar es básico. Tenemos mucho que perder con su desmantelamiento. Sólo hay una forma de evitarlo. Con un importante aumento de impuestos que sitúen al país a niveles europeos. Un incremento que, además, debe introducir justicia. No puede ser que las rentas del capital estén menos gravadas que las salariales, que se mantengan altos niveles de evasión fiscal y los mecanismos que la permiten (como las famosas Sicav), que se eliminen impuestos claramente redistributivos (como el de sucesiones) . Una reforma fiscal con más y mejores impuestos es un elemento clave. Más difícil, al menos a corto plazo, es echar atrás la reforma constitucional. Pero podemos esperar que este artículo forme parte de aquellos que nunca funcionan realmente.
Y para acabar, una propuesta: que el movimiento vecinal desarrolle una línea reivindicativa del tipo «impuestos justos para garantizar los servicios públicos».
* Albert Recio es profesor de economía de la UAB y vicepresidente de la FAVB
Fuente: Albert Recio
