CGT denuncia que el nuevo caso de pederastia que se ha destapado en Granada del llamado “clan de los Romanones” esta dejando en evidencia no sólo los aspectos delictivos y deleznables de la actuación de algunas personas del clero, sino también la incongruencia de las actuales leyes educativas que dan el carácter de materia educativa al adoctrinamiento religioso en los centros pagados con fondos públicos.

Este personal que va a los centros a impartir religión es designado a dedo por la curia, con un certificado de cualificación que por ejemplo les está permitiendo impartir clases en niveles superiores como bachiller sin una titulación equiparable a la que se le exige al resto del profesorado. Por otro lado, no están regulados por ningún proceso de selección pública.

Este personal que va a los centros a impartir religión es designado a dedo por la curia, con un certificado de cualificación que por ejemplo les está permitiendo impartir clases en niveles superiores como bachiller sin una titulación equiparable a la que se le exige al resto del profesorado. Por otro lado, no están regulados por ningún proceso de selección pública. Se les permite ser miembros de los consejos escolares de los centros por el sector del profesorado y ya para colmo al ser designado por la curia dependen del régimen disciplinario de la misma, por lo que la administración ni siquiera ha abierto expediente informativo al adoctrinador que está imputado en los hechos de pederastia que nos ocupa, ¡pero sí tiene que pagar su salario religiosamente!

Recordemos aquí que en el caso de la adoctrinadora de religión de Almería que fue cesada por la curia por casarse con un divorciado, después de varios años de pleitos ganó su recurso y fue la Consejería la que tuvo que pagar los años que había dejado de cobrar.

CGT denuncia que la consejería no pueda abrir expediente disciplinario, a través de la inspección, a este adoctrinador y la discriminación que ello supone respecto al profesorado, al cual por motivos a veces nimios se les sanciona con supresión de sueldo.

Por todo ello pedimos la derogación de los acuerdos con el Estado Vaticano que son los que están posibilitando este tipo de situaciones lamentablemente absurdas y profundamente injustas, y permitiendo que el adoctrinamiento se imparta en el currículo escolar.

Ascensión Cano Pardo

Secretaría de Organización

CGT ENSEÑANZA GRANADA


Fuente: CGT-Enseñanza Granada