LA TITULAR del Juzgado de Instrucción Número 1 de Torrevieja, Iris Valero, que investiga las supuestas torturas y maltratos a unos detenidos por parte de la Policía Local este municipio alicantino dictó un auto por el que levanta el secreto del sumario, en el que han declarado como imputados doce agentes, dos concejales y un médico de la localidad alicantina. Todos ellos se encuentran en situación de libertad provisional, aunque mantienen la condición de imputados en la causa abierta por presuntos delitos de torturas, falsedad documental y omisión del deber de perseguir determinados delitos.
LA TITULAR del Juzgado de Instrucción Número 1 de Torrevieja, Iris Valero, que investiga las supuestas torturas y maltratos a unos detenidos por parte de la Policía Local este municipio alicantino dictó un auto por el que levanta el secreto del sumario, en el que han declarado como imputados doce agentes, dos concejales y un médico de la localidad alicantina. Todos ellos se encuentran en situación de libertad provisional, aunque mantienen la condición de imputados en la causa abierta por presuntos delitos de torturas, falsedad documental y omisión del deber de perseguir determinados delitos.
El procedimiento se inició el pasado 26 de junio por iniciativa de la juez titular, quien ordenó investigar las graves lesiones que presentaban dos personas detenidas el 23 de junio por la Policía Local de Torrevieja, acusadas de robo, y puestas a disposición judicial al día siguiente. La magistrada tomó esa decisión tras constatar que el relato de los hechos que se les imputaban a los detenidos no se correspondía con las lesiones que presentaban.
Paralelamente, y sin que el juzgado tuviese tiempo de notificar a los perjudicados la existencia de esta investigación, el 27 de junio la letrada de ambos presentó denuncia en el decanato de los juzgados de Torrevieja por agresión durante la detención. Esta denuncia fue enviada al Juzgado de Instrucción número 1.
Uno de los supuestos maltratos a detenidos que se investigan destaca la paliza recibida por un ciudadano guatemalteco el pasado 23 de junio, quien había sido sorprendido supuestamente robando en el interior de la vivienda de un agente. Entre los policías municipales imputados figuran el intendente jefe, Alejandro Morer, y varios mandos más, mientras que los ediles que han declarado ante la juez son el de Sanidad, Hipólito Caro, y el de Seguridad, Pedro Valero. La juez instructora ha considerado que, una vez asegurados los medios de prueba, a partir de ahora debe prevalecer el derecho de defensa de los quince imputados en la causa.
Por otra parte, la juez de instrucción número 1 admitió ayer la personación de la Asociación Pro-Derechos Humanos de España, que ejercerá la acción popular en la investigación. El presidente de la mencionada entidad, Manuel Ollé, destacó la gravedad del caso de supuestas torturas debido a la posible « cooperación » con ellas desde el ámbito político.
Para Ollé, en este caso se ha producido « una violación de los derechos humanos », en concreto, del referido a la « integridad física y psíquica ». En esta línea, calificó de « atentado brutal » los hechos investigados por la magistrada de Torrevieja y se refirió a las « connotaciones especiales » de los mismos. Según dijo, la asociación que preside suele recibir denuncias por « casos aislados » de este tipo ocurridos en calabozos municipales, dependencias de la Guardia Civil, comisarías de la Policía Nacional y centros penitenciarios. No obstante, en el asunto de Torrevieja « llama la atención porque parece que se produjo una conducta generalizada », dijo.
Fuente: Agencias
