Un reciente estudio revela que las empresas españolas no cumplen la ley que les exige que se contrate un pequeño porcentaje de minusválidos. Las empresas confiesan conocer la normativa, pero apenas un 20% la respetan. Es sabido que el índice de desempleo es superior a la media, en las personas con alguna discapacidad, ya que hasta la propia administración pública no respeta las leyes que deberían hacer posible que este colectivo, de cientos de miles de personas se integren a la sociedad en igualdad de derechos. Como en tantos otros casos, mucha ley y poco cumplimiento.
La totalidad de compañías españolas conoce la existencia de la Ley de Integración Sociolaboral de Minusválidos (LISMI) pero el 80% incumple esta normativa, según un estudio sobre la integración laboral en las empresas presentado hoy en el marco de unas jornadas celebradas en Fomento de Trabajo de Barcelona. La normativa actual establece que las empresas públicas y privadas con una plantilla igual o superior a los 50 trabajadores están obligadas a cubrir el 2% de sus plazas con personal que sufra alguna discapacidad. El estudio, se ha elaborado en el último trimestre de 2005 sobre una muestra de 400 compañías que tienen más de 50 trabajadores. Sólo el 20% llega a aplicar la normativa, que destina el 2% de su plantilla a personas minusválidas. Ocho de cada diez empresas aseguran que no tienen suficiente información sobre la ley y las ayudas a las que pueden acceder y que tampoco tienen las facilidades necesarias para poder contratar a discapacitados.
A pesar de que la mayoría de compañías alegan que les falta información sobre los recursos disponibles y las fórmulas existentes para contratar a personas que tienen el certificado de discapacidad, un 94% de las empresas saben que pueden acceder a compensaciones económicas. La mayoría de empresas que deciden contratar a discapacitados se muestran muy satisfechas. El 80% de compañías están contentas con el rendimiento de estos trabajadores y destacan el «compromiso» y «la implicación» con la empresa de estas personas y aseguran que tienen «un bajo absentismo laboral». Respecto a los centros especiales de trabajo, un 63,5% de las empresas consultadas tienen conocimiento de su existencia y de sus características. El 30,7% de las compañías españolas ha contratado en alguna ocasión servicios de este tipo de centros, básicamente de limpieza y control de acceso.
En referencia a la accesibilidad, en un 36,7% de los casos, las empresas se han visto obligadas a realizar adaptaciones arquitectónicas para favorecer las condiciones de trabajo de los empleados con discapacidad, con un gasto medio de 200 euros. El estudio ha sido realizado por el grupo Sifu, un centro especial de trabajo que actualmente da trabajo a más de 1.500 personas, de las cuales 300 tienen alguna discapacidad física o mental, en el sector de servicios y que cuenta con varias oficinas en Cataluña.
Par : Insurgente
