El Gobierno de la Generalidad de Cataluña comandado por Artur Mas presentó el 16 de marzo a los sindicatos un plan para "optimizar", dicen, su plantilla, un plan que representa un nuevo capítulo en el ataque a las trabajadoras y trabajadores públicos que ya empezó con sus primeros recortes de sueldo cuando mandaba el anterior gobierno tripartito. Ya no se trata sólo de rebajas de salario, sino de la modificación unilateral de las condiciones de trabajo de más de 45.000 trabajadores de la administración pública catalana.
El Departamento de Gobernación fue el encargado de presentar un plan que durante los próximos dos años permitirá aplicar medidas para distribuir al personal en función de las necesidades de cada área.Así, según consta en el documento entregado a los sindicatos, cada departament
El Departamento de Gobernación fue el encargado de presentar un plan que durante los próximos dos años permitirá aplicar medidas para distribuir al personal en función de las necesidades de cada área.Así, según consta en el documento entregado a los sindicatos, cada departamento tendrá poder para adoptar «medidas relativas a los sistemas de organización interna del trabajo-reorganización de tareas y funciones y reordenaciones de jornada y horarios-, modificaciones de los puestos de trabajo, redistribución de efectivos, cambios de adscripción de puestos de trabajo y reasignación de efectivos «. El plan afecta tanto funcionarios como personal laboral.
En este último caso, el texto que el gobierno quiere aprobar en el próximo Consejo Ejecutivo habla específicamente de «traslados forzosos», lo que permitirá que los trabajadores puedan ser obligados a cambiar de horario, funciones o ciudad. Esto no es más que trasladar al sector público lo que ya se puede hacer en privado desde la entrada en vigor de la reforma laboral, que permite al empresario cambiar condiciones laborales sin tener que pactar.
Aunque fuentes del departamento matizaron que la movilidad será entre departamentos o dentro de una misma conselleria, que sólo serán «casos puntuales» y que, en todo caso, afectarán sólo un millar de empleados, lo que está claro es que se deja la puerta abierta para hacerlo en función de la coyuntura, las circunstancias y los intereses del gobierno.
Recorte de salario y jornada para los interinos
Por otra parte, el recorte de un 15% de la jornada y el sueldo de 6.800 interinos ya tiene fecha: a partir del 1 de abril. Esta medida, que ya había sido anunciada, dará el pistoletazo de salida al plan que el Departamento de Gobernación presentó el 16 de marzo. La segunda fase vendrá después de un «diagnóstico» que deberá estar terminado el 31 de octubre. Será entonces cuando se pongan en común las conclusiones y se dé poder a cada departamento para reorganizarse.
Esta modificación de las condiciones de trabajo llega sin haberse negociado ni haber hecho un estudio exhaustivo de los efectos que pueden tener unos cambios tan importantes.
La reducción de sueldo y jornada para los interinos, que se añade a la que ya se ha aplicado a todo el colectivo público, no se aplicará a quienes trabajen en servicios considerados esenciales como la educación, la salud, los bomberos y algunos trabajadores de la justicia.
* Fuente: Agencias
