La Memoria de la Fiscalía General del Estado (FGE) correspondiente al año 2004 denuncia que los empresarios que vulneran las «normas más elementales de seguridad» se mueven en una «auténtica esfera de impunidad», debido al desplazamiento de las responsabilidades judiciales hacia el terreno exclusivamente económico.
En la Memoria, la FGE estima que limitar la responsabilidad al ámbito económico hace que sea «perfectamente posible para el empresario -por cruel que pueda parecer este análisis- rentabilizar en su cuenta de resultados la vulneración de las normas más elementales de seguridad, asumiendo el riesgo de accidentes como un coste más de la producción».
Considera «preciso terminar de consolidar una verdadera respuesta penal eficaz» frente a los accidentes laborales, una esfera que, a su juicio, ha permanecido tradicionalmente en un segundo plano de atención.
La Fiscalía recoge los testimonios de los Fiscales Jefes, quienes informan de una «leve tendencia de descenso» de la siniestralidad laboral, si bien la Memoria del año anterior subrayaba que «España es el país de la Unión Europea con más accidentes laborales, duplicando, prácticamente, la media comunitaria».
Sin embargo, también resalta la imposibilidad para conocer con claridad los procesos judiciales en este ámbito : «lo verdaderamente grave es que la Fiscalía no puede ofrecer estadísticas fiables porque en realidad no tiene, a estas alturas, una información veraz, útil y suficiente sobre el objeto y el alcance de su propio trabajo», indica.
Así, destaca la «radical desproporción» entre las cifras de accidentalidad que manejan la Administración o los sindicatos y el número de procedimientos legales relacionados con la seguridad en el trabajo.
Como muestra, apunta que mientras el Ministerio de Trabajo estima que en 2004 se produjeron 955 accidentes mortales en el ámbito laboral, el número de procedimientos por «homicidio en accidente laboral» sólo fue de 143.
Además, la Fiscalía señala que aunque las instrucciones de la Fiscalía General a este respecto «han producido un impacto positivo en algunos aspectos, es inevitable reconocer que el balance de su aplicación no ha sido plenamente satisfactorio».
Por otra parte, advierte de «nuevos focos de preocupación» ligados a realidades sociales y económicas caracterizadas por modelos de producción, «y a veces de explotación», que se suceden a velocidad vertiginosa.
Entre estas realidades cita la precariedad en el empleo, sobre todo en los jóvenes ; el creciente fenómeno de la subcontratación ; la proliferación de empresas de trabajo temporal, que «con frecuencia descuidan la seguridad laboral», y «por supuesto» la especial vulnerabilidad de amplios grupos de trabajadores inmigrantes.
El tratamiento judicial de este tipo de delitos «dista de ser unánime y, lo que es peor, en algunos casos dudosamente ajustado a derecho», según la Fiscalía, que critica la «habitualidad» con que se juzga estas conductas delictivas como juicios de faltas.
Otro de los aspectos que destaca en este campo es la «peculiar» conducta procesal de las partes debido a la «situación de vulnerabilidad del trabajador» respecto al empresario, «de quien depende en suma su puesto de trabajo», y que se agudiza especialmente en un entorno de precariedad laboral.
Par : EFE
Fuente: EFE
