La Fiscalía Provincial de Valencia ha decidido incoar Diligencias de Investigación Penal ante la denuncia que presentó la Confederació General del Treball por las graves irregularidades en la gestión del Consell detectadas por la Sindicatura de Cuentas en los gastos realizados sin consignación presupuestaria y prescindiendo absolutamente del procedimiento de contratación pública.
Las irregularidades afectan a varias Consellerias pero es la de Sanidad la que ha acumulado más facturas de gastos generados al margen totalmente de la Ley. La totalidad de las facturas ascienden a la astronómica cifra de 1.864,3 millones de euros, según el informe de la Sindicatura de Cuentas de 2012.
Las irregularidades afectan a varias Consellerias pero es la de Sanidad la que ha acumulado más facturas de gastos generados al margen totalmente de la Ley. La totalidad de las facturas ascienden a la astronómica cifra de 1.864,3 millones de euros, según el informe de la Sindicatura de Cuentas de 2012.
El sindicato CGT decidió poner en manos de la Fiscalía y del Tribunal de Cuentas la negligente forma de gestionar que ha provocado un grave quebranto a la Hacienda Pública, materializado al efectuar el pago de estas facturas “escondidas” durante años, a través del Mecanismo extraordinario de pagos establecido por el Estado.
Este pago, según una respuesta parlamentaria del conseller de Hacienda y Administración Pública, se realizó sin ningún informe expreso de la Intervención General de la Generalitat, lo que fue puesto en conocimiento igualmente de la Fiscalía y del Tribunal de Cuentas.
La Fiscalía ya ha decidido abrir diligencias para investigar si en la gestión de varias Consellerias se ha podido delinquir.
Durante años, al menos desde 2008, fecha desde la que el sindicato ha analizado los informes de la Sindicatura, ésta ha estado advirtiendo de las graves irregularidades, consistentes en guardar en el cajón las facturas generadas por gastos que no podían realizarse por falta de presupuesto, y además “contratando” prescindiendo absolutamente del procedimiento legal de contratación, en virtud del cual gran parte de estas contrataciones deberían haberse sometido a licitación pública.
Tal y como han gestionado las Consellerias, y de forma especial la Conselleria de Sanidad, estas facturas corresponden a prestaciones que se han adjudicado a dedo por los gestores, lo que ha hurtado el procedimiento de concurrencia pública, pensado sobre todo para obtener un mejor precio en la contratación pública. El perjuicio causado a la Hacienda Pública teniendo en cuenta que se trata de un gasto de casi 2.000 millones de euros, puede ser de dimensiones descomunales, lo cual deberá dilucidarse en el procedimiento por responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas, y en el proceso penal correspondiente, a los efectos de depurar responsabilidades y exigir la devolución de lo que nos han robado, y que los saqueadores de lo público cumplan las penas que les correspondan.
La Sindicatura constata igualmente que sólo constan expedientes de resarcimiento tramitados por la Conselleria de Sanidad, pero no del resto de conselleries.
A este respecto dice la Sindicatura: “De la Conselleria de Sanidad destaca el expediente iniciado por la directora gerente de la AVS el 7 de septiembre de 2012 por importe de 1.748,7 millones de euros, a favor de las empresas que se han adherido al mecanismo extraordinario de pagos, indicando que los servicios, entregas o prestaciones se realizaron de conformidad. En la misma fecha dicho órgano acuerda, además, la apertura de expediente informativo para la incoación del expediente de determinación de responsabilidades de las personas que hayan intervenido en la gestión y autorización de las obligaciones antes citadas. A la fecha de redactarse este Informe no constaba la justificación documental sobre la evolución o resolución de este expediente de depuración de responsabilidades”.
El sindicato entiende que existe una grave irresponsabilidad en el hecho de que las Consellerias no hayan instado el procedimiento para exigir responsabilidades como es su obligación, lo que demuestra una pasividad absoluta que podría entenderse como una prevaricación por omisión de los gestores responsables.
CGT entiende igualmente que puede haberse cometido sendos delitos de prevaricación administrativa y de malversación de fondos públicos, puesto que se ha estado actuando “a sabiendas” de las graves ilegalidades, pues así se estaba advirtiendo por la Sindicatura año tras año.
Pero estas no son las únicas irregularidades detectadas.
Las denuncias se refieren también al hecho de haber estado comprando productos farmacéuticos y sanitarios a dedo considerándolos contratos menores, cuando deberían haberse convocado a licitación pública, dadas las elevadas cuantías. Y ello, ha sido advertido igualmente por la Sindicatura todos los años en sus informes.
Y otra grave irregularidad es la que afecta a la ampliación del contrato firmado en 2006 de gestión del departamento L´Horta-Manises, con efectos de 1 de mayo de 2012, con objeto de asignar al concesionario la gestión de la asistencia integral de la población de la zona de Mislata, incrementando el precio del contrato para 2012 en la cantidad de 18 millones de euros. También se asigna al concesionario la gestión y uso de determinados centros, entre ellos el Hospital Militar de la Defensa de Mislata.
Se transcribe a continuación íntegramente lo que dice la Sindicatura al respecto:
“Se indica en dicha Resolución que “ha sido objeto de dictamen del Consell Jurídic Consultiu y fiscalización previa por parte de la Intervención Delegada, constando conformidad del contratista”. La fiscalización realizada ha puesto de manifiesto que para interpretarse adecuadamente dicha manifestación es necesario hacer constar la siguiente información:
Respecto al dictamen del Consell Jurídic Consultiu, que resulta preceptivo por la normativa de contratación aplicable, artículo 59.3 del TRLCAP aprobado mediante Real Decreto Ley 2/2000, de 16 de junio, figurando en el expediente uno de fecha 15 de julio de 2010 que es de disconformidad sobre la propuesta de modificación del contrato.
Y en cuanto a la fiscalización previa por parte de la Intervención Delegada fechada el 21 de marzo de 2012, que es de conformidad a la propuesta de modificación con la observación de que se determine la procedencia de solicitar un nuevo informe al Consell Jurídic Consultiu. Con anterioridad a este informe, y respecto a la propuesta inicial de la modificación, fue emitido uno por la Viceintervención General para la Administración Sanitaria, en fecha 17 de junio de 2010, que fue de disconformidad por la falta de crédito suficiente y adecuado.
Según informe de la Abogacía General de la Generalitat de 24 de febrero de 2012, resultaría necesaria una nueva remisión del expediente a dicho órgano consultivo, pero no consta que se haya cumplido con dicho trámite. El director general de la AVS comunicó que la población de la zona de Mislata está siendo efectivamente atendida en el nuevo hospital de Manises desde el 1 de mayo de 2010.
La fiscalización realizada ha puesto de manifiesto la contabilización de dos facturas en la cuenta 409 mediante expediente de resarcimiento para su inclusión en “mecano”, por importes de 17,7 millones de euros y 26,9 millones de euros por la ampliación de la población asistida durante los ejercicios 2010 y 2011, respectivamente, confirmando que el servicio de asistencia se ha prestado de forma efectiva en dichos años antes de aprobarse y formalizarse la modificación contractual, que tuvo lugar en 2012.”
Federación Local de Valencia CGT
Fuente: Federación Local de Valencia CGT
