MARCO RUDE - Semanario Directa
11.000 millones de euros de dinero público irán a parar este año a manos de la Iglesia Católica. Según el cómputo que ha presentado la plataforma Alianza para una Europa Laica, las diferentes administraciones del Estado Español sufragarán las actividades de la institución clerical con una cifra que triplica la partida presupuestaria destinada a educación y cultura y supera el importe de la último paquete de recortes aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
La jerarquía eclesiástica gana influencia política de la mano del Partido Popular, que modificará la ley del aborto y se plantea revisar el papel de la doctrina religiosa en la escuela pública. Mientras tanto, el clero sigue predicando la homofobia desde el púlpito, así como se suceden los escándalos relacionados con los abusos a menores por parte de sacerdotes y la involucración directa de la iglesia en los episodios más macabros de la dictadura franquista.
La jerarquía eclesiástica gana influencia política de la mano del Partido Popular, que modificará la ley del aborto y se plantea revisar el papel de la doctrina religiosa en la escuela pública. Mientras tanto, el clero sigue predicando la homofobia desde el púlpito, así como se suceden los escándalos relacionados con los abusos a menores por parte de sacerdotes y la involucración directa de la iglesia en los episodios más macabros de la dictadura franquista. Joseph Ratzinger vuelve a amenazar con el fuego eterno a una sociedad cada vez más secularizada, donde su mensaje pierde adeptos a una velocidad vertiginosa.
Finanzas privilegiadas
Cerca del 1% del PIB estatal se destinará este año, a través de subvenciones directas y privilegios fiscales, el mantenimiento de la casta sacerdotal. Los conciertos con escuelas religiosas supondrán un gasto de 3900 millones, a la vez que 500 millones se destinarán a contratar sacerdotes para dar clases de religión en los centros educativos de titularidad pública. La conocida «casilla» de la declaración de renta, que el año pasado marcó un 35% de la ciudadanía, asignará 248 millones directos a la Conferencia Episcopal, mientras que los impuestos de aquellas personas contribuyentes que elijan la opción «otros fines sociales «, una tercera parte también acabará en las arcas de organizaciones caritativas vinculadas a la Iglesia Católica.
Cabe recordar que la institución está exenta por ley del pago de diversas tasas, entre las que destaca el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Un patrimonio conformado por 110.000 propiedades y 150.000 hectáreas de terreno agrícola queda así libre de carga impositiva. La promesa del «paraíso celestial» se transforma en tierra en un paraíso fiscal que supone la pérdida anual de 2500 millones en tributos «perdonados».
Gracias a los acuerdos económicos firmados entre el Estado y el Vaticano en 1979, la función pública mantiene en nómina la presencia clerical en cárceles, hospitales y ejército, con un coste de 25 millones de euros al año. Los pactos de 1979, revisión del concordato franquista, firmado en 1953 y ratificado en 1976 por Juan Carlos de Borbón, estipulan que la iglesia se compromete a conseguir por sí misma, de manera progresiva, los recursos necesarios para su financiación. 33 años después, esta cláusula queda en papel mojado, al tiempo que se cuestiona la constitucionalidad del propio documento, de difícil encaje en un estado oficialmente no confesional. El Movimiento Laico y Progresista afirma que «nadie puede ser obligado a financiar el culto de ninguna confesión», por lo que pide «la derogación del concordato y los acuerdos con la Santa Sede».
Simpatías políticas
El retorno del PP a la Moncloa ha sido recibido con gran ilusión desde los altares. La Conferencia Episcopal, que pidió de forma «indirecta» el voto a la formación conservadora, ofreció «apoyo espiritual»-en palabras de su presidente, Rouco Varela-el gobierno de Rajoy. Todos los nuevos ministros juraron el cargo ante un crucifijo y con la mano sobre la Biblia. En febrero, el titular de Educación y Cultura José Ignacio Wert anunció la supresión de la asignatura de educación para la ciudadanía, que según él «adoctrinaba a los niños en el socialismo». La reintroducción de la religión como materia obligatoria en la escuela pública se ve plausible. En palabras del cardenal Lluís Martínez Sistach, las criaturas que no estudian religión «sufren un analfabetismo» que hace que «se sientan atraídas por las sectas y los fundamentalismos».
Europa Laica, en cambio, considera que la doctrina religiosa rebaja las horas de educación curricular en una media del 10% del tiempo lectivo, lo que significa, entre primaria y secundaria, la pérdida de un curso entero. En cuanto a las escuelas bajo gestión religiosa, la Liga por la Laicidad denuncia la segregación por géneros y el sometimiento de las niñas a una indumendària y conducta patriarcales.
Las declaraciones que han despertado más disputas, sin embargo, han sido las del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, que ha anunciado una reforma de la Ley de Interrupción del Embarazo para restringir el acceso al aborto. Gallardón matiza que, con la nueva legislación-que tramitará en otoño-«ninguna mujer irá a la cárcel», y enfatizar el mes pasado que tomaba medidas para prevenir «la violencia de género estructural contra la mujer por estar embarazada» y «aumentar la protección del derecho por excelencia de la mujer, el de la maternidad». El 19 de abril, la secretaria de Igualdad de la Xunta de Galicia comunicó que los fetos serán contabilizados como miembros de la unidad familiar a la hora de recibir ayudas a la vivienda. Otra polémica rodeó el ministerio de Medio Ambiente, al cargo de Miguel Arias Cañete, para promocionar un libro titulado La vegetación en la Biblia.
No son los populares los únicos apoyos políticos de los que dispone el clero al Estado. Felip Puig ha reintroducido la misa al ceremonial del día de las Escuadras-fiesta institucional de los Mossos-, que había sido eliminada durante los gobiernos del PSC. La laicidad de Zapatero, sin embargo, tampoco le privó de aumentar, en 2006, la designación presupuestaria a la iglesia de un 0,5 a un 0,7% del PIB. A la vez, la visita de Joseph Ratzinger en Madrid-con un gasto público de más de 60 millones de euros-, se encontró un adversario con la misión de «reevangelizar España» y frenar «el agresivo laicismo» del gobierno . Hubo entonces detenciones y cargas policiales contra las marchas de protesta convocadas por Europa Laica y la Asociación Madrileña de Ateos y Librepensadores, grupos que también fueron privados de manifestarse el 5 de abril, cuando los católicos celebran «jueves santo «. La cofradía de la Virgen de las Angustias de Ciudad Real, sin embargo, sí pudo salir a la calle, luciendo un emblema de la División Azul donde se aprecian la cruz de hierro y el logotipo de Falange superpuestos a la bandera de España y un crucifijo.
Homofobia endémica
«Aquellas personas hoy llevadas por tantas ideologías que acaban por no orientar bien la sexualidad humana piensan ya desde niño que tienen atracción por las personas de su mismo sexo, y a veces para comprobarlo se corrompen y se prostituyen, o van a clubes de hombres nocturnos : os aseguro que encuenta el infierno «. Con estas palabras se refería a la homosexualidad el obispo de Alcalá de Henares, Juan Antonio Reig Pla, en una homilía retransmitida en directo por La 2, el 6 de abril. La prédica constituye una provocación a la discriminación y al odio tipificada como delito según el art. 50 del Código Penal, como ha denunciado a la Fiscalía de Madrid la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales (LEGBT).
PP y CiU han bloqueado la resolución de condena planteada por el consejo de RTVE, así como los populares también han tumbado la moción presentada por IU en el ayuntamiento de Alcalá pidiendo el cese del clérigo y no han accedido a contestar las preguntas del grupo de ‘Izquiera Plural en el Congreso. El obispo Reig Pla, conocido por editar el año pasado una guía de «consejos para curar la homosexualidad», apareció en 2009 celebrando una misa por los «caídos» del bando franquista en Paracuellos del Jarama, flanqueado por una bandera española preconstitucional (con el «pollo»). También le concedió al sacerdote José Martín de la Peña, condenado por violar cientos de veces una niña desde los 4 años hasta los 13, un piso para permanecer durante los permisos que le permitía el tercer grado penitenciario.
Declaraciones como las de Reig Pla, sin embargo, son frecuentes en el ámbito clerical. El arzobispo de Tarragona y miembro del Opus Dei, Jaume Pujol, afirmó en enero que «el comportamiento de los gays no es apropiado para ellos ni para la sociedad». El mismo Joseph Ratzinger cree que los matrimonios homosexuales son «una amenaza para el futuro de la humanidad». Papa desde 2005, Ratzinger «reintrodujo» el infierno al mensaje católico, «abolido» por su predecesor, Karol Wojtyla. El sumo sacerdote, formado como prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe-antigua Santa Inquisición-y enemigo aférrimo de la Teología de la Liberación, escribió al arzobispo de Washington afirmando que «puede haber una legítima diversidad de opinión entre católicos respecto a ir a la guerra y aplicar la pena de muerte, pero no respecto a la eutanasia y el aborto «.
Infancias robadas
El papel de la Iglesia Católica durante la dictadura franquista es bien conocido. Más allá de las atrocidades que protagonizaron monjas y curas en las cárceles de mujeres y los reformatorios de la posguerra, el drama de los «niños perdidos» se remonta a fechas mucho más recientes. Hasta el 1981, en la Clínica de San Ramón (Madrid) la monja María Gómez Valbuena dirigía una red de compra-venta de bebés. Las religiosas acogían mujeres embarazadas con pocos recursos, y a la hora del parto les mostraban un bebé muerto que guardaban en una cámara frigorífica, mientras que su hijo o hija era vendido a familias ricas. El cardenal Lluís Martínez Sistach pidió que se juzgara «con criterios de aquel tiempo» los robos de bebés.
Por otro lado, los abusos sexuales a menores son un fenómeno tristemente habitual entre los clérigos. Se calcula que en Estados Unidos hay más de 100.000 víctimas, y en Bélgica 13 personas se han suicidado traumatizadas por las agresiones que sufrieron de niños. En 2010, The New York Times destapó el caso de la violación de cientos de huérfanos en Irlanda. El Papa Ratzinger ha reconocido el problema, aunque él mismo encubrió a un sacerdote estadounidense que violó a 200 menores con discapacidad auditiva. Más «comprensivo» se muestra el arzobispo Celso Morga, que ve la causa de la pedofilia en el hecho de que «como tenemos de todo, buscamos placeres nuevos». En una línea similar, el folleto semanal Alfa y Omega, dirigido por Rouco Varela, aparecía en 2009 la afirmación de que «cuando se disocia el sexo de la procreación y se desvincula del matrimonio, deja de tener sentido la consideración de la violación como delito penal «.
Catalunya no será católica
Cataluña es la comunidad más laica del Estado. En 2009, el 74% de los matrimonios se celebraron por ritos civil, mientras que en zonas como Castilla, Murcia o Andalucía las nupcias civiles fueron menos de la mitad del total. Aunque, el mismo año, sólo un 29% de la ciudadanía catalana se declaraba no religiosa, esta tasa era sólo del 2% en 1970, y crece rápidamente entre las generaciones más jóvenes. Un 75% de los chicos y un 67% de las chicas de entre 15 y 24 años se declaran no religosos o ateos, y el 87% no asisten nunca a misa. Jordi Serrano, rector de la Universidad Progresista de Verano, publicó en 2009 un libro titulado ¿Cataluña ha dejado de ser católica? donde asegura que, en 20 años, los católicos en Cataluña serán «una exigua minoría», y que «el poder del que aún dispone la iglesia catalana viene más del pasado o de privilegios como el Concordato que de la realidad sociológica».
Fuente: Marc Rude
