El Gobierno italiano ya ha tomado las huellas a unos 600 ciudadanos gitanos en Nápoles y Milán. Según el ministro del Interior, Roberto Maroni, se trata «de un simple censo», pero los documentos le desmienten. Las fichas policiales firmadas por los calés mayores de 14 años contienen sus huellas dactilares y las casillas «etnia» y «religión». Asociaciones romaníes han llamado a detener la «vergonzosa política de acoso».
La comunidad judía italiana ha recalcado que los métodos utilizados por el Gobierno en esta fase inicial del denominado censo Maroni (por el ministro del Interior Roberto Maroni) resultan inquietantemente parecidos a los que realizó en 1938 el Gobierno de Benito Mussolini antes de promulgar las leyes racistas. Varias asociaciones gitanas, entre ella la española Unión Romaní, han llamado a «detener inmediatamente» lo que definen como «vergonzosa política de acoso» y a poner fin a los «ataques morales y físicos» contra los gitanos.
Según la ONG EveryOne, las agresiones contra ciudadanos gitanos han aumentado de forma preocupante. El 17 de junio, dos hermanos rumanos, Ioni Covaciu, de 14 años, y su hermana Rebecca, de 12, sufrieron una brutal paliza en Milán. La muchacha alcanzó cierta celebridad en mayo, cuando obtuvo el premio de Unicef Caffè Shakerato 2008 con sus óleos y dibujos, que cuentan la vida en las chabolas.
Dos días después de la agresión, su padre, Stelian Covaciu, fue asaltado por dos policías de uniforme en la plaza Tirana. «Se bajaron del coche, y tras recriminarle por haber denunciado lo sucedido a sus hijos, lo apalearon», relata Matteo Pegoraro, de EveryOne. Los policías eran los mismos que agredieron vestidos de paisano a los chicos.
Mientras, Maroni se vio ayer en Cannes con el comisario europeo de Justicia Jaques Barrot, al margen de la cumbre informal de ministros de Interior de la UE, y se declaró «satisfecho» por «haber aclarado los malentendidos relativos a la emergencia gitana». Sin embargo, la UE recordó que ha recibido con «descontento» las medidas. Bruselas exige a Maroni que envíe antes de fin de mes un informe para explicar la puesta en práctica de las normas aprobadas por Silvio Berlusconi en mayo. El ministro reiteró que los ataques están «basados en prejuicios», y que el censo «mejorará las condiciones de vida» de una población que lleva mucho tiempo abandonada. «Se lo he explicado al presidente de Unicef [de Italia], lo ha entendido, y van a colaborar», anunció a Il Corriere della Sera.
El presidente de Unicef, Vicenzo Spadafora, explica que Maroni le aclaró que «los prefectos no tomarán las huellas de forma indiscriminada a todos los menores gitanos, sino sólo en algunos casos, y que utilizarán medios de identificación alternativos, como fotografías». Según Spadafora, «Maroni ha gestionado de manera un poco confusa el problema, pero nos ha prometido acciones concretas para integrar a los menores y Unicef colaborará».
Las ONG que trabajan con la población gitana insisten en que el censo no fue creado para resolver los problemas de vivienda, escolaridad o higiene, sino para expulsar a la mayor cantidad posible de romaníes. Para Paolo Ciani, de la Comunidad de San Egidio, «no hacen ninguna falta ni huellas ni fichas porque la mayoría de los gitanos tiene papeles».
Mientras, el fuego regresó el domingo a Ponticelli, barrio de Nápoles y feudo de la Camorra, donde la población incendió en mayo las chabolas donde vivían 700 personas. Cinco familias gitanas volvieron a uno de los pocos campamentos que quedaron en pie, y la respuesta de los vecinos ha sido incendiar el núcleo de infraviviendas más próximo.
Fuente: MIGUEL MORA | EL PAIS
