CGT lamenta la enésima reivindicación de los centros concertados que buscan a toda costa una privatización de la enseñanza, esta vez de la Formación Profesional.
Existe un recurrente discurso de los autonombrados “defensores de la libertad de enseñanza” que
exigen la enseñanza que cada uno quiera y el elegir el centro, todo ello en clara oposición con
nuestra legislación desde la instauración de la democracia, recogido en la Constitución de 1978 y
en las sucesivas leyes educativas estatales y autonómicas.
Desde los centros privados, mayoritariamente confesionales, invocan el no adoctrinamiento,
reivindican la libertad de crear centros educativos y postulan que el Estado no debe tutelar la
enseñanza que no gestiona directamente. No obstante, este arrebato liberal es claramente
contradictorio con su pretensión de que el Estado los financie, por lo demás con un
planteamiento educativo confesional, excluyente y sin dar cuenta de su gestión.
Los centros privados no desean ser controlados, pero sí financiados y llevan décadas
consiguiéndolo de los gobiernos estatales y autonómicos. Quieren impartir las enseñanzas y dar
los servicios que les interesa pero, eso sí, pagados con los impuestos de toda la ciudadanía,
impuestos que lógicamente no se destinan a mejorar los centros públicos ni su oferta educativa.
Los cargos públicos del Ministerio o de la Consejería de Educación de la Junta, valedores de la
“libertad de enseñanza” para que los centros privados hagan lo que quieran, les dan cada vez más
dinero, reforzando la desigualdad, la falta de inclusión y la pluralidad. No buscan dar una
educación global a cualquier alumno, sin exclusiones de ningún tipo para integrarle en la
sociedad y en el empleo, formándole en los valores propios de un ciudadano democrático.
El último capítulo es el enfado de los centros privados por no recibir la autorización, ni el dinero
para ofrecer nuevos ciclos formativos de Formación Profesional este curso 2022-2023. Alegan,
sin ningún sentido de la realidad, que la Consejería de Educación de la Junta favorece a la
enseñanza pública. Los centros de Formación Profesional públicos y todos los gestionados por la
Consejería de Educación son de todos los ciudadanos y para todos los ciudadanos, porque los
sostienen sus impuestos.
Desde la Asociación FP Burgos, un director de un centro privado, tacha esto de “agravio
comparativo”. El agravio es y ha sido que, desde hace años, han recibido autorización y
financiación públicas para ciclos formativos de FP que solicitan reiteradamente los centros
públicos. El agravio es que los impuestos sirvan para financiar estos centros, que son empresas
privadas. O que la Consejera Rocio Lucas rompa el espíritu y la letra de la ley estatal, cuando en
la inauguración de la Asamblea de Escuelas Católicas de Castilla y León de junio afirmó que la
enseñanza privada es complementaria de la pública. Solo debe de concertarse, cuando y mientras
la enseñanza pública no oferte lo que se necesita o no matricule a todo el alumnado que lo desee.
Para colmo, los centros privados pidieron la intercesión de la CEOE, patronal a la que pertenece,
para que presione a la Consejera con el fin de obtener las autorizaciones de ciclos formativos. La
CEOE ha renviado recientemente un escrito, en el que “mezcla churras con merinas” para que
haga caso a los centros privados, aludiendo el “momento crucial que vive la economía regional”,
elogiando las dotaciones con que cuentan, su experiencia, eficiencia y prestigio. Además, la
CEOE exige a Rocío Lucas que dé instrucciones para que sea efectivo el mapa de nuevas
titulaciones de FP con fondos públicos.
Es evidente que es un momento crucial de la economía regional y hay que potenciar la
Formación Profesional. Los centros privados tienen buenas instalaciones financiadas por
organizaciones privadas. Pero no es cierta su eficacia ni su experiencia. Sus docentes no pasan
los duros procesos selectivos de concurso- oposición, ni hacen un constante reciclaje como los
profesores de la pública. Los alumnos que estudian en la pública obtienen, según las estadísticas,
empleo antes. El prestigio que evocan de la privada es más una imagen social que una realidad.
Si la CEOE está tan preocupada por sus empresas, centros de Formación Profesional en este
caso, y por su financiación, que los sostenga con sus beneficios, Así la Consejería de Educación
destinaría la financiación que viene del conjunto de la ciudadanía a los centros públicos.
En CGT existe el temor fundado, vistos los antecedentes, de que al final la Consejería de Rocío
Lucas dé la autorización de ciclos formativos de Formación Profesional que reclama la privada,
sino para este, para el año que viene.
Esto es posible, entre otras cosas, porque las organizaciones sindicales que integran la Mesa
Sectorial son incapaces de responder a estos ataques y de concienciar a los centros y al
profesorado de Formación Profesional de la red pública. STECyL, ANPE o CSIF porque, o están
de vacaciones, o están preocupados únicamente por las oposiciones de maestros. CCOO y UGT,
porque les da igual quién dé la formación de FP, con tal de que forme trabajadores, unido a que
sus secciones sindicales tienen afiliación y delegación en la enseñanza privada, para los que han
logrado mejoras laborales que igualan, o superan en algún aspecto, lo que reivindican para los
profesores de la pública.
Solo CGT sigue vigilante y reivindicativa y trata de concienciar de que la enseñanza pública
sostenida por los impuestos de todos los ciudadanos es la fundamental. La enseñanza privada
debe ser subsidiaria. Los conciertos, en enseñanza, solo se deben de dar cuando y mientras los
centros públicos no puedan dar una respuesta adecuada a las necesidades educativas y
formativas, siendo la Consejería de Educación la que subsane estas carencias en la red pública.
Fuente: Sección de Enseñanza del Sindicato Único de Burgos-CGT
