Artículo de opinión de Rafael Cid
<<Con el Santo Padre he hablado del trabajo decente>>
(Vicepresidenta segunda del Gobierno)
Durante la Gran Recesión de 2008, los partidos dinásticos hegemónicos, PSOE y PP, cometieron sendas reformas laborales y de pensiones para cumplimentar el Plan de Estabilidad dictado por Bruselas. Ello aparte de trepanar el artículo 135 de la constitución a iniciativa del gobierno socialista, a fin de garantizar el pago de la deuda generada por el rescate financiero. Ambas modificaciones del Estatuto de los Trabajadores fueron contestadas con huelgas generales, siendo especialmente secundada la dirigida al Ejecutivo de Rodríguez Zapatero el 29 de septiembre de 2010, normativa aprobada gracias a la abstención del PNV.
Las protesta contra los ajustes y recortes a jubilados y pensionistas, sin embargo, corrieron diferente suerte. Mientras hubo un frente común sindical ante la de Mariano Rajoy (introducía un factor de sostenibilidad corrector de la esperanza de vida y la rebaja hasta un 0,25% del índice de revaloración de las percepciones), la del PSOE fue bendecida por CEOE, CCOO y UGT, a pesar de introducir cabios estructurales que agravaban a futuros el sistema de retribución. Dato relevante, aquel consenso tripartito se fraguó tras ser cooptado como ministro de Trabajo Valeriano Gómez, dirigente ugetista que un mes antes había encabezado la marcha por la derogación de la reforma laboral del PSOE. De esta manera, sumidos en la situación de excepcionalidad derivada de la crisis, se alteró a peor el status mercado de trabajo y de pensiones.
Cuando en 2019 venció la moción de censura de todos contra Rajoy se inició un nuevo ciclo político progresista. Y una de las primeras cosas que hizo el Gobierno de coalición de izquierdas entrante fue enterrar todo lo referente a lo maltrecho por Zapatero en el campo laboral y de pensiones. Aunque éticamente reprochable, era lógico desde el punto de vista del pragmatismo imperante. No parecía consecuente que el nuevo Ejecutivo, integrado por el PSOE de Pedro Sánchez y el Unidas Podemos de Pablo Iglesias, comenzara sus días bajo el estigma de esa herencia recibida. Por cierto, un lastre al que el nuevo secretario general socialista había contribuido votando a su favor en su momento como disciplinado diputado del partido. El foco de la denuncia, pues, se centró solo en lo perpetrado por el PP en esas materias. Y como emblema de compromiso con las bases, la derogación de la reforma laboral del PP se inscribió con letras de molde en el punto 1.3 del Programa Común bipartito. CCOO y UGT, por su parte, olvidaron como antigualla aquella huelga general de 2010, instalándose en la nueva etapa como únicos agentes sociales de referencia sindical.
En ese contexto emerge la figura de la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, que desde el instante de su toma de posesión recordó públicamente que estaba allí para eliminar la reforma laboral del PP. Un reto que repetiría hasta la saciedad allí donde hubiera una audiencia suficiente para convocar a los medios de comunicación, siendo su última puesta en escena la visita público-privada al Papa Francisco para hablar del <<trabajo decente>>. Semanas antes había posado en la clausura del congreso de Comisiones Obreras blandiendo idéntica divisa: <<derogaremos la reforma laboral del PP>>. Con este saturnal de opulencia y fertilidad se cocinó la leyenda de una carismática dirigente que tras frenar la destrucción de empleo por la pandemia con los ERTE de fuerza mayor (una herramienta del arsenal de la reforma laboral del PP impugnada), sino que incluso parecía capaz de imponer su voluntad a la Comisión Europea. Únicamente sus paisanos gallegos se mostraban escépticos ante tan fulgurante <<asalto a los cielos>>. Quizás porque recordaban que en las pasadas autonómicas la presencia de Díaz en la campaña electoral de las mareas había contribuido decisivamente a la derrota de quienes llegaron a copar las alcaldías de A Coruña, Santiago y Ferrol.
Si no fuera porque de tan manido se ha convertido en rancio, cabría sostener que la revocación de la derogación emprendida por Díaz como nueva reforma laboral es otra vuelta de tuerca del cacareado <<cambiar algo para que todo siga igual>>. Un pasar de la ética de la convicción que significa su acendrada apuesta por <derogar la reforma laboral del PP>> a la de la responsabilidad de ese parto de los montes porque menos da una piedra. La reforma laboral de los autodenominados agentes sociales ha puesto condiciones a la contratación temporal y endurecido las sanciones por su vulneración (pero no ha acabado con la temporalidad ni la interinidad); finalizado con el abuso de la ultraactividad; y retornado al principio de primacía de los convenios estatales en el aspecto salarial sobre los de empresa o autonómicos (por el eso el fraude de las subcontratación en adelante será problemático). Fuera de eso, llama la atención la prohibición de los ERE en el sector público (¿una nueva forma de dualidad laboral?) y convertido en estructurales los ERTE a través del Mecanismo Red de Flexibilización y Estabilización del Empleo (MRFE). Jerga esta última para ocultar que, cuando se produzcan coyunturas macro desfavorables para los negocios, papa Estado correrá con el coste del desempleo temporal del empleado, al tiempo que exonera al empleador de parte de las cuotas sociales hasta que escampe (y por supuesto sin que los trabajadores varados figuren en las estadísticas del paro).
Eso es lo fundamental de lo derogado en la encíclica laboral de Yolanda Díaz. Lo sustantivo que dio motivos a UGT y CCOO para salir a la calle en 2010 sigue indemne. Se mantiene la flexibilidad interna y externa; no se toca el artículo 41 que facilita a la empresa la modificación de las condiciones laborales; ni el 40 sobre la movilidad geográfica; se mantiene el coste del despido en 20 días por año para el improcedente y 33 para el procedente; tampoco se recuperan los salarios de tramitación; ni la autorización administrativa en los despidos colectivos (desregulación judicial). En suma, una tangana para convertir a la patronal CEOE y a las centrales oficiales CCOO y UGT en los capataces omnívoros del mundo sindical, y potenciales beneficiarios de los Fondos Europeos. La prueba de esta ambición oligopólica reaparece en el intento de aupar los convenios de ámbito estatal sobre los autonómicos, enclave donde estos <<agentes sociales>> carecen de arraigo en importantes sectores productivos De ahí que el BNG, el PNV y Bildu (que el 20 de mayo de 2020 suscribió con PSOE y UP la <<derogación íntegra de la reforma laboral impulsada por el PP>>) hayan hablado de traición y anunciado que votarán en contra del anteproyecto cuando llegue al Congreso. Pero ha sido la única discrepancia sonora hasta la fecha. La sociedad civil permanece desmovilizada sin saber a qué carta quedarse ante la derogación que nunca existió pregonada por <<uno de los nuestros>>.
Junto al empacho de halagos y parabienes con que prensa, radio y televisiones, a diestra y siniestra, han recibido la reforma laboral navideña del 2021 (<<un día histórico para los trabajadores y trabajadores de nuestro país>>, a decir de la propia Díaz), se han producido flagrantes ausencias. Se destaca el hecho insólito y exagerado de que haya sido la primera reforma laboral pactada en los últimos cuarenta entre Gobierno, CEOE y CCOO y UGT. Pero se obvia que también nunca en la historia reciente de nuestra democracia Moncloa dispuso de 140.000 millones de euros para repartir entre agentes sociales de su entorno e instituciones como salomónico ungüento de Fierabrás.
Más duro de asimilar es el hecho de que casi a la vez que se producía la buena nueva del alumbramiento de la jibarizada reforma laboral, se conocieran nuevos casos de corrupción que impactaban en la línea de flotación de los abajofirmantes. El líder de UGT Madrid ha presentada su dimisión tras revelar un presunto fraude con el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) por cuantía de varios millones de euros, y un juez acaba de procesar a 37 altos cargos de la anterior Junta andaluza, la del socialismo rociero. Incursos en una pieza separada del escándalo de los ERE por cobrar sobrecomisiones en las pólizas de las indemnizaciones de trabajadores en situación de despido y prejubilación.
Un embrollo envuelto en un engaño que la comunista postconciliar Yolanda Díaz hablando ex cátedra ha titulado como <<un nuevo paradigma>>.
Fuente: Rafael Cid
