Los Museos Vaticanos tienen a gala contar con uno de los mejores equipos de restauración del mundo. Benedicto XVI ha sabido repintarse, a sus 81 años, con un barniz de pretendida firmeza ante los escándalos de pederastia que salpican a la Iglesia católica.
Ratzinger se colocó los galones de al contundencia al firmar en 2006 una orden de retiro para Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, una de las amistades más fieles de Juan Pablo II. Se le condenó al ostracismo por las numerosas denuncias de pederastia que pesaban en su contra. El “castigo” esperó décadas. Llegó casi 60 años después de que Maciel fuera ordenado, al constatar el Vaticano que su vida no lo era tanto.
La Iglesia de EE.UU. acordó hace cinco años colaborar siempre con la Justicia
Cinco años antes, en mayo de 2001, el entonces cardenal Ratzinger, responsable de la institución heredera de la Inquisición, pidió a los obispos de todo el mundo que los casos de pederastia quedaran sujetos al secreto de la Iglesia y no fueran denunciados a las autoridades, bajo amenaza de excomunión, hasta que no fueran investigados por el clero.
La orden la dictó el mismo Joseph Ratzinger que, convertido ya en Benedicto XVI, escenificó el jueves una rectificación en un encuentro privado con cinco víctimas de abusos celebrado en la nunciatura del Vaticano en Washington. Cinco adultos relataron su experiencia al Papa, quien, en la versión almibarada que ofrece el Vaticano, les “dedicó palabras de aliento y esperanza”.
Durante su viaje a Estados Unidos, Benedicto XVI ha reconocido sentir “profunda vergüenza” por los casos de abusos sexuales a menores cometidos por sacerdotes. La contundencia contra la pederastia en el clero es, sin embargo puramente verbal. La Justicia terrenal es más contundente que la que aplican los intérpretes de lo divino.
La Iglesia reacciona por primera vez
En abril de 2002, cuando las dimensiones del escándalo rebasaron las fronteras de Estados Unidos, 12 cardenales norteamericanos se reunieron con un equipo de generales de la Curia romana. Juan Pablo II se entrevistó con esta delegación, que elaboró una primera estrategia para frenar la sangría de credibilidad que minaba a la Iglesia. Miles de casos —y de millones de euros en indemnizaciones— habían lastrado la imagen y las arcas de la Iglesia católica en EE.UU.
El abuso sexual a menores “es, en todos los sentidos, equivocado y justamente considerado un crimen por la sociedad”, les dijo el Papa polaco. La jerarquía católica norteamericana reaccionó entonces con una dosis mínima de autocrítica y propuso la expulsión del estado clerical de aquellos “de quienes se sepa que son culpables de abuso sexual repetido y agresivo”. Repetido y agresivo. Tolerancia cero, pero con matices. La Iglesia católica de Estados Unidos ofrecía impunidad a los curas que cometieran abusos “sólo” una vez.
Dos meses más tarde, en junio de 2002, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos aprobaba un estatuto para la protección de niños y jóvenes. El episcopado estadounidense pedía aumentar la “vigilancia para evitar que esos pocos que pudiesen usar el sacerdocio para sus propios fines inmorales y criminales lo hagan”.
Entre las medidas a adoptar para proteger a los menores en el futuro, el documento recomendaba “emplear técnicas de preselección y evaluación apropiadas para decidir sobre la aptitud de los candidatos a la ordenación”.
Cooperación con la Justicia
La principal novedad del documento era su apuesta por la colaboración con la Justicia. Oficialmente, rompía con la opacidad. El obispo “relevará rápidamente al supuesto ofensor de sus tareas ministeriales”, proclamaba ahora la jerarquía católica norteamericana. Ante un cura pederasta, “las diócesis aconsejarán y apoyarán el derecho de las personas a dar parte a las autoridades”, señalaban. “Las diócesis notificarán cualquier alegación de abuso sexual de un menor a las autoridades correspondientes y cooperarán con la investigación de acuerdo a las leyes de la jurisdicción local” concluía el documento.
El dique de contención para el escándalo quedaba así redactado. La Iglesia norteamericana habían necesitado pagar 1.200 millones de euros en concepto de reparación a las víctimas para decidirse a escribirlo.
El oscurantismo de España
¿Que ocurría mientras tanto en España ? Por las mismas fechas, un grupo de catequistas denunciaba en Madrid a un sacerdote, luego condenado, por abusar de un niño de 13 años. Fueron expulsados de su parroquia. El cura, Rafael Sanz Nieto, fue únicamente trasladado por el titular de la diócesis, Antonio María Rouco Varela, a otra iglesia que apenas dista un kilómetro del lugar de los hechos. El parque de Aluche separa ambas parroquias.
En España “no se adoptan medidas” que eviten estos casos, según Iglesia sin Abusos
“El interés por acallar los escándalos parece ponerse por delante de la necesidad de aclarar lo ocurrido, todo indica que ni siquiera se acude a los tribunales ordinarios de Justicia, como es obligación”, denunciaba un grupo de comunidades cristianas ligado a la iglesia en la que predicaba el sacerdote pederasta. “En nuestra Archidiócesis no se adoptan medidas que eviten la repetición de sucesos tan desagradables”, se lamentaban los denunciantes. Nadie atendió sus quejas. Sólo dos obispos se interesaron, con palabras más amables que efectivas.
“Seguimos esperando porque no desesperamos”, dicen ahora los impulsores de esta denuncia, que han constituido el colectivo Iglesia sin Abusos. Su portavoz aplaude el cambio abierto por la Iglesia en EE.UU. El silencio del episcopado “se verá, dentro de unos años, como ahora se ve la Inquisición”, señala este colectivo. Iglesia sin Abusos define el comportamiento de la jerarquía católica española como una actitud “oscurantista que roza lo delictivo”.
Fuente: MIGUEL Á. MARFULL / publico.es
