Si vamos a recordar la desdichada historia de la Guerra Civil y el franquismo, con su rosario de agravios, es mejor que seamos serios. Porque si sobre la losa de 40 años de mentiras oficiales y 25 de desmemoria empezamos a arrojar, a puñados, retazos de recuerdos interesados y evocaciones partidistas acabaremos sumidos en la confusión más absoluta.
La petición de que se anule el consejo de guerra que condenó a muerte a Lluís Companys ha obligado al Congreso a reflexionar hace unos días sobre uno de los más pesados lastres con que carga la democracia española : los vínculos jurídicos que nos atan a la dictadura franquista.
IRENE LOZANO
Si vamos a recordar la desdichada historia de la Guerra Civil y el franquismo, con su rosario de agravios, es mejor que seamos serios. Porque si sobre la losa de 40 años de mentiras oficiales y 25 de desmemoria empezamos a arrojar, a puñados, retazos de recuerdos interesados y evocaciones partidistas acabaremos sumidos en la confusión más absoluta.
La petición de que se anule el consejo de guerra que condenó a muerte a Lluís Companys ha obligado al Congreso a reflexionar hace unos días sobre uno de los más pesados lastres con que carga la democracia española : los vínculos jurídicos que nos atan a la dictadura franquista.
El proceso de amnistía que se llevó a cabo durante la transición extinguió ciertas condenas pero no supuso una ruptura con el sistema legal franquista, cuyas leyes y sentencias heredamos intactas. Los familiares de Granado y Delgado, dos jóvenes libertarios ejecutados mediante garrote vil en 1963, también son conscientes de lo que implica que no se hayan roto esos lazos jurídicos : no hace mucho, pidieron al Supremo que anulara su juicio. Se les contestó que era imposible.
Me pregunto por qué la anulación del juicio del ex presidente de la Generalitat se debate en una estancia tan noble como el Congreso, mientras los familiares de Granado y Delgado llevan años penando de tribunal en tribunal. Ningún partido político de ese Parlamento que está considerando la anulación del consejo de guerra a Companys se ha interesado por su reclamación.
La forma en que ERC ha solicitado que el Estado pida perdón a los descendientes de Companys « y al pueblo de Cataluña representado por sus instituciones nacionales » podría hacernos pensar que el president fue ejecutado por un enfrentamiento entre el Estado central y la Generalitat. Cuando la realidad es que Companys fue condenado por su defensa de la legalidad republicana, y por eso ocupa un lugar de honor en la memoria de los demócratas.Junto a los muros del cementerio de La Almudena fueron ejecutados entre 1939 y 1945 otros 2.662 españoles, todos ellos tras el correspondiente proceso militar, que nadie ha anulado. La petición de perdón a Cataluña no solventaría estos casos, entre los que se incluye el del ministro socialista Julián Zugazagotia.
Si hablamos de lo catalán, no me explico que no hayan reivindicado también la memoria de Juan Peiró, vidriero de la CNT que fue ministro con Largo Caballero y que sufrió exactamente el mismo destino que Companys : el régimen de Franco logró su extradición y lo ejecutó en 1942. Así que si vamos a recordar la historia, hagámoslo con rigor, no falseemos los hechos presentando a Companys como víctima solitaria del golpe de Estado y del régimen que acabó con su vida.
Companys sabía, como todos en la Barcelona del 36, que los militantes de su partido no salieron a gritar « No pasarán » hasta que el Ejército estuvo vencido. Esto figura en los libros de historia y, para saberlo, sólo hay que leer todo seguido, sin purgar lo inconveniente a la construcción del espíritu nacional catalán.Porque si a la desgracia de haber olvidado le añadimos la torpeza de recordar hechos fuera de su contexto, sólo conseguiremos ignorar nuestra historia y caer otra vez, con bríos renovados, en la maldición del sectarismo que lleva siglos aquejándonos.
Irene Lozano es periodista y autora del libro de próxima aparición Federica Montseny, una anarquista en el poder
EL MUNDO
