Artículo publicado en Rojo y Negro nº 397, febrero 2025
El capitalismo fue capaz de “reinventarse”, después de finiquitar la época “gloriosa” del keynesianismo, bajo el paraguas de una ideología de dominio y poder clásica1, originaria desde sus comienzos como sistema de dominación (político, económico y cultural), explotación y criminalidad.
Se le denomina neoliberalismo precisamente porque reaparece su primigenio concepto de “libertad absoluta del individuo que persiguiendo el maximizar sus intereses, sin interferencias del Estado ni reglas ni límites naturales —por ejemplo, los recursos—, ni sociales (regulaciones de derechos necesarios, bien laborales, bien políticos), se alcanzará la felicidad y el interés colectivo”.
El modelo de gobernanza político dominante se sustenta sobre las democracias representativas, las cuales derivan en las últimas décadas hacia modelos de democracias liberales, cada vez más autoritarias y vaciadas de cualquier regla que limite ese liberalismo: por ejemplo, el Derecho Internacional y todas las instituciones supra mundiales, NNUU, Tribunales Internacionales de defensa de unas reglas de juego que respeten y hagan respetar los Derechos Humanos2, etc.
La liberalización fue absoluta, es decir, abarcó todos los órdenes (políticos, económicos, culturales, sociales) desde los mercados industriales a los de bienes y servicios, de la energía, de las telecomunicaciones, de los transportes, las finanzas, así como la desregulación laboral y el desmantelamiento y entrega al mercado privado de los denominados servicios públicos con la retirada paulatina, pero constante, del abandono por parte de los Estados del deber de proveer y cuidar a las personas en situaciones de necesidad (vivienda, empleos, prestaciones sociales, salud, educación, etc.).
Con la liberalización de los mercados laborales, tanto los públicos como los privados, los sistemas de organización del trabajo pasan a tener un eje sobre el cual gira todo el modelo: la descentralización productiva, los sistemas de trabajo donde las contratas y subcontratas apalancan el modelo precario, inseguro y vulnerable del mismo y la libertad de movimientos y establecimiento de los capitales pasa a constituir el único principio de la vida.
Nos encontramos con un marco de relaciones laborales, sociales y ecológicas, precario, inseguro y que comporta riesgos sistémicos para millones de personas trabajadoras y para las capas sociales empobrecidas donde lo que se pone en cuestión, a diario, es el sistema de garantías y de los derechos fundamentales de las personas.
Las guerras se alargan y cronifican, fundamentalmente, por el poder de controlar recursos energéticos y de materiales esenciales para el funcionamiento del sistema capitalista, con las terribles consecuencias sobre los territorios, los millones de personas destrozadas y privadas de su entorno y sus medios de vida y el agravamiento del colapso.
Millones de personas de todos los continentes ven cómo la inflación destroza sus ya precarizadas rentas y las masacres en las fronteras, son el “noticiero de cada día”, a la vez que Estados y gobiernos denominados “democráticos”, tratan de “gestionar para su mercado” mano de obra migrante al menor coste posible y sin derechos de ciudadanía.
La pérdida de contrapoder sindical y la ausencia de solidaridad y cooperación obrera y una izquierda institucional y moderada que se ha mimetizado tanto con el poder de turno que ya no puede figurarse nada diferente y que constantemente, en vez de utilizar el “discurso del conflicto y la lucha de clases” nos bombardean con retóricas de la derrota… no se puede hacer otra cosa y “no dan” las relaciones de fuerza…, son responsables de una cultura del “consenso” —al igual que los sindicatos institucionalizados— que ha generado una determinada corriente de opinión en la sociedad donde cualquier conflicto3 serio que cuestione “la gran tomadura de pelo” e interrumpa sus modos de vida se convierte en un atentado contra mi “derecho individual a todo”, aunque sea ese todo un terrible fracaso como persona y como sociedad.
El capital y sus representantes políticos y judiciales, ante la no existencia de un conflicto serio, firme y constante con las clases asalariadas, han alcanzado sus grandes metas: la homogenización a la baja de las condiciones de trabajo; la pauperización de los Derechos esenciales y fundamentales (sanidad, educación, cuidados, vivienda, entorno sostenible…); la ignominia y la injusticia social, permitiendo que cada vez más y en mayor medida las grandes corporaciones empresariales y las oligarquías sean quienes reinen y decidan sobre la vida del resto de la sociedad.
Los propios legisladores asumen la subordinación de los derechos fundamentales de la mayoría social (trabajadores y trabajadoras, pensionistas, parados y paradas) a la lógica económica y los jueces, fundamentan dicha ideología, es decir, son copartícipes del golpe de estado a los estados de bienestar y a los derechos sociales y con el cinismo de que “lo hacen en nombre del interés general y del país o la U€”.
La desesperanza instalada en las mayorías silenciosas y/o silenciadas aumenta el problema, donde, cada vez en mayor medida, a la percepción social que se tiene en estos momentos del conflicto social como camino para una cierta justicia social se la considera, por una gran parte de la opinión pública, como un hecho ritual e inútil y, además, contrario al interés general que no deja de ser algo molesto para ese individuo individualizado y asocial.
Esta percepción pública nos conduce al segundo problema, que no es otro que la influencia que esta percepción ha tenido y tiene en el sindicalismo confederal y en el movimiento sindical, no solo en este hoy inexistente movimiento, sino que también ha permeado otros movimientos.
Ahora bien, en cuanto el movimiento sindical es fundamental (el mundo del trabajo que lo permea todo), los sindicatos (agentes sociales) tienen (tenemos) una mayor cuota de responsabilidad, pues han prescindido en la práctica y, cómo no, en una no declaración sobre su decisión de prescindir del CONFLICTO —con mayúsculas y negrita— como forma de reacción inmediata y necesaria contra las sucesivas medidas de los gobiernos en las tres últimas grandes crisis y renuncian al mismo para un cambio serio, coherente y eficaz que obligatoriamente pasa por una redistribución radical de la riqueza y del trabajo y la adopción de medidas radicales (decrecimiento, no consumir más que lo suficiente, para todos y todas —incluido el planeta— vivamos con dignidad, etc.) que den una oportunidad al planeta y la vida en él de todas las especies y no nos instalemos en la cultura de que… “esto es ya inevitable”.
La recuperación del conflicto social, necesaria para impugnar el sistema
Nuestro trabajo sindical, nuestras convicciones ideológicas acerca del conflicto y sus auténticos dueños, los trabajadores y trabajadoras y la mayoría social afirmamos que EL CONFLICTO —en todas sus expresiones— es un acto de resistencia y de actuación colectiva, donde la autonomía de los sujetos sociales (asalariados/as, pensionistas, mujeres, jóvenes, parados/as, migrantes, etc.) es la única legitimada para organizar, convocar y fijar los fines y los objetivos y no debe estar limitado en su práctica y mucho menos utilizado para fines de consenso social al servicio de la élites gobernantes.
Nuestro mensaje, como anarcosindicalistas, es y tiene que ser que no aceptamos ni la resignación y mucho menos el pensamiento irracional de que “esto es inevitable” y para eso necesitamos palabras de esperanza.
Y que tiene el mayor de los sentidos no solo el “soñar”, sino el luchar, donde lo imposible vuelva aparecer como posible, por una sociedad muy, pero que muy distinta a la sociedad del sistema capitalista, racista, patriarcal y criminal.
1 Sustentada en el mito del progreso como el motor (único) de la historia.
2 El nuevo (des) orden mundial, con la geoestrategia de la gobernanza de la plutocracia (gobierno del dinero), solo está constituido por más imperialismo, inhabilitación de los organismos multilaterales, desfiscalización y/o bajada de impuestos a los más ricos, negacionismo climático, proteccionismo y aranceles, criminalización de las más vulnerables…
3 Llegamos a situaciones en donde los tribunales, tanto del Estado español —Supremo y Constitucional—, como el Tribunal de Justicia de la U€ (TJU€), avalan por encima de todo la “libertad de empresa”, la “libertad de competencia y de prestación de servicios”, por la sencilla razón de que sus sentencias se dictan según los tiempos sociales y políticos que corren, y estos tiempos del neoliberalismo global son de claro dominio del capital (financiero e industrial), ante la ausencia de empoderamiento de las clases asalariadas.
Desiderio Martín Corral
Gabinete de Estudios Confederal de la CGT
Fuente: Rojo y Negro
