La Defensora del Pueblo ha presentado en el Parlamento de Navarra un informe especial sobre la prostitución a través del cual demanda que las instituciones forales intervengan para que cese la situación de exclusión y vulneración de derechos a las que son sometidas estas personas.

La Defensora del Pueblo ha presentado en el Parlamento de Navarra un informe especial sobre la prostitución a través del cual demanda que las instituciones forales intervengan para que cese la situación de exclusión y vulneración de derechos a las que son sometidas estas personas.

María Jesús Aranda subrayó que quienes ejercen la prostitución en Navarra son en su mayoría unas mujeres que se encuentran en situación de «debilidad absoluta».

Se calcula que trabajan entre 500 y 775 mujeres, con lo que existe una prostituta por cada 700 habitantes. El 90 por ciento de ellas son inmigrantes y la mayor parte de ellas en situación irregular, lo que «hace más fácil su explotación».

Además, se encuentran en un sector desregularizado y ejercen un «viejo modelo de esclavitud», pues su dedicación es «una de las situaciones más degradantes desde el punto de vista de la condición humana», se realice de forma libre o por su contexto económico y social. De hecho, la mayor parte de las inmigrantes llegan a Navarra sabedoras del trabajo que iban a realizar y como medio para mejorar su situación económica. El 85 por ciento trabajan en clubes, según los datos que la Red Navarra de Exclusión Social proporcionó a la institución.

Aranda quiso dejar claro que el informe «Derechos Humanos y Prostitución en Navarra» no parte de cuestiones morales, sino «de planteamientos reales». Criticó que la Comunidad Foral se desarrolla a cosat del bienestar y la integridad de otros y reclamó una regularización básica del sector que evite la vulneración de derechos de las personas que trabajan en él. «Un país avanzado nunca puede permitir que no haya una regulación que contemple los derechos fundamentales de estas personas. Debe haber una normativa básica», afirmó.

Así, en el informe se recoge que las condiciones de trabajo de las personas que ejercen la prostitución «atentan contra la Declaración de Derechos Humanos y contra los principios establecidos en la legislación laboral», pues tras una «aparente» libertad para ejercerla se esconden «frecuentemente condiciones semi-esclavistas». Así, la Defensora demanda un modelo jurídico que garantice y regule sus derechos laborales y sociales.

Igualmente, solicitó la aplicación de medidas que favorezcan el abandono de la profesión (acompañamiento, inserción laboral, integración social etc). Por ejemplo, Aranda explicó que el 27 por ciento de los clubes de Navarra se encuadran en los denominados «de plaza». Cada tres semanas cambian a las mujeres, que son trasladadas a otros centros de España, una movilidad que las hace «más vulnerables». Por otro lado, como al resto de sus compañeras, «lo tienen más difícil» para cumplir los requisitos de los procesos de regularización. «El empresario no le hará un contrato», pronosticó.

Además, en el informe propone mejoras en el ámbito sanitario. Aranda llamó la atención sobre las dificultades que estas mujeres tienen para garantizar su propia salud, puesto que los clientes no quieren usar preservativos. Pero, además del riesgo de enfermedades de transmisión sexual, puso el acento en su deterioro físico y su salud mental.

Finalmente, Aranda también reclamó el control fiscal de empresarios y proxenetas. «Estamos conociendo una expansión sin precedentes en el volumen del negocio de la prostitución a costa de hombres y mujeres que se encuentran en inferioridad de derechos», subrayó, para denunciar en el informe la «permisividad legal» de la Hacienda Foral. «No consta que ningún empresario de este sector haya sido investigado fiscalmente ni denunciado por delito fiscal».

En Navarra existen 37 clubes, 23 de ellos en la Comarca de Pamplona. Se estima que cada club tiene unos ingresos de 6 millones de euros. «Son cálculos, datos no controlados fiscalmente porque el sector no está regulado», insistió Aranda, al tiempo que indicó que estos empresarios y proxenetas no tienen ningún interés en que el ejercicio de la prostitución se regule, «porque lo que prima es el interés económico».

En definitiva, según indicó Aurelio Romero, jefe de gabinete de la institución, el informe es una radiografía sobre una situación de exclusión y vulneración de derechos en Navarra, así como una llamada de atención sobre las instituciones, con competencias para poner fin a esta situación.

PAMPLONA, 16 (EUROPA PRESS)