La COORDINADORA ESTATAL EN DEFENSA DEL FERROCARRIL PÚBLICO, integrada por organizaciones sociales (ecologistas, vecinales, políticas, etc.) y sindicales (CGT, SF, etc.), ha convocado una CONCENTRACIÓN el próximo día 11 de noviembre de 2004, a las 18,00 horas, en el vestíbulo de la Estación de RENFE de Chamartín.
El objetivo de la concentración es el de informar a los usuarios del ferrocarril sobre las graves consecuencias que para los ciudadanos tendrá la entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario, para el próximo 1 de enero de 2005.
La COORDINADORA ESTATAL EN DEFENSA DEL FERROCARRIL PÚBLICO, integrada por organizaciones sociales (ecologistas, vecinales, políticas, etc.) y sindicales (CGT, SF, etc.), ha convocado una CONCENTRACIÓN el próximo día 11 de noviembre de 2004, a las 18,00 horas, en el vestíbulo de la Estación de RENFE de Chamartín.
El objetivo de la concentración es el de informar a los usuarios del ferrocarril sobre las graves consecuencias que para los ciudadanos tendrá la entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario, para el próximo 1 de enero de 2005.
El gobierno del PSOE, traicionando sus planteamientos anteriores a las elecciones, y por tanto a sus electores, se propone desarrollar esta Ley puesta en marcha por el anterior gobierno del PP, que liquida la empresa RENFE, divide a los ferroviarios en dos empresas distintas de muy dudosa viabilidad, y prepara el ferrocarril para su privatización, beneficiando a las grandes multinacionales del transporte, a las grandes constructoras de material ferroviario y de infraestructuras ferroviarias y al mundo de las grandes finanzas (bancos, grandes inversores, etc.), implantando un modelo de transporte ferroviario de élite (AVE), dirigido a satisfacer las necesidades de un sector minoritario de la sociedad, pero construido con el dinero de todos los ciudadanos.
En definitiva es “el reparto del botín” ciudadano entre unos cuantos “piratas”, los cuales miran relamiéndose esta jugosa oportunidad de beneficio, mientras el ferrocarril de verdad, están dejándole morir por falta de inversión.
Madrid, a 5 de noviembre de 2004