Una veintena de delegados de CGT le enmendaron la plana a Alicia de Miguel. Además de la pitada, se hizo entrega de una carta con 20 ejemplos de injusticias que ilustran la política antisocial del Gobierno valenciano
La subsecretaria de la Conselleria de Bienestar Social, Pilar Máñez Capmany, fue la encargada de recoger la carta dirigida a Alicia de Miguel, responsable máxima de esta Conselleria.
Los delegados de CGT, casi todos ellos representantes sindicales de la Administración Pública, se concentraron esta mañana a las 11h ante la Conselleria de Bienestar Social para manifestar su total desacuerdo con unas políticas perjudiciales para la población que, precisamente, más necesita del apoyo de las instituciones públicas.
Entre las consignas que se corearon, la más repetida fue “basta ja, de precietat”. Y es que, tal y como destaca el sindicato de Administración Pública de CGT-PV, la política neoliberal de privatizaciones de los servicios públicos son la principal causa de la precariedad en que se sume tanto a quienes van dirigidos los servicios como a los trabajadores del sector.
A continuación, reproducimos la carta que se le ha hecho llegar a Alicia de Miguel.
Sra. Consellera de Bienestar Social,
Desde la Sección Sindical de Generalitat Valenciana de la CGT-PV,
le solicitamos :
Un cambio en el actual modelo de gestión neoliberal de los Servicios Sociales del País Valencià, el cual se aleja de los principios rectores que deben presidir en el modelo de gestión que demanda la sociedad de este siglo XXI -principios sociales, culturales, de participación y solidarios-.
Como justificación a nuestros planteamientos le trasladamos la detección de 20 injusticias o disfunciones que provoca el modelo de gestión que Vd. dirige en el País Valencià.
1ª.- 400,000 pobres exigen medidas que palien su situación.
2ª.- 100.000 enfermos mentales no reciben un tratamiento adecuado.
3ª.- Los fondos para excluidos (P.E.R) destinados a Ayuntamientos han sido recortados un 50%.
4ª.- Durante 2003, la Conselleria de Bienestar Social disminuyó su presupuesto a enfermos mentales en un 16%.
5ª.- El Tribunal Superior de Justicia condena a la Conselleria de Bienestar Social a pagar ayudas a necesitados que denegó ilegalmente.
6ª.- En el siglo pasado -1992-, la Asociación Comarcal de Protección al Disminuido Psíquico de Sagunto demandó la construcción de una residencia que sigue sin estar terminada.
7ª.- Graves problemas de seguridad en el único y hacinado Centro de Recepción de Menores de Alicante.
8ª.- En este siglo XXI, el maltrato a la mujer se ha convertido en plaga.
9ª.- Falta de medios e inexistencia de planes individualizados en los centros de menores.
10ª.- Falta de personal especializado y de titulación adecuada en el Centro de internamiento de menores condenados judicialmente de Villena.
11ª.- Falta de medios en los centros de internamiento de enfermos mentales. No existe un seguimiento correcto a enfermos externalizados.
12ª.- Inexistencia de centros públicos de internamiento dedicados a la rehabilitación e inserción de drogodependientes.
13ª.- Escasez de casas de acogidas públicas para mujeres maltratadas.
14ª.- El servicio de teleasistencia para la tercera edad solo cubre al 25% de los necesitados.
15ª.- Escasez de residencias públicas para la tercera edad, listas de espera en la existentes.
16ª.- En los CEAM hay falta de medios así como precariedad laboral de los trabajadores. 17ª.- Los centros especiales de empleo para discapacitados no actúan como puente hacia el mercado laboral.
18ª.- En 1999 se eliminó la asistencia social especializada a afiliados del régimen especial del mar.
19ª.- Incumplimiento generalizado de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales -no existe la preceptiva Evaluación Inicial de Riesgos en ningún centro de trabajo-.
20ª.- Un 15 % de los trabajadores de Servicios Sociales subsiste con un contrato a tiempo parcial. Las depresiones son caldo cotidiano. Los derechos a la promoción y carrera profesional son pisoteados por sistema.
Gabinete de Prensa de CGT-PV Valencia, 7 de octubre de 2004
