La Enseñanza Concertada es oficialmente privilegiada por el Gobierno de la Junta.
El pasado 3 de junio la Consejera, Rocío Lucas, intervino en la inauguración de la Asamblea de Escuelas Católicas de Castilla y León, allí afirmó que la enseñanza privado-concertada es complementaria y por tanto la equipara a la pública, hecho que quiso vincular a la calidad de la enseñanza.
La Ley Orgánica de Educación (LOE) estipula que la concertada es subsidiaria y solo debe funcionar allí donde la pública no llega. Con las declaraciones de la Consejera queda claro que el Gobierno de PP y Vox eleva el estatus de la enseñanza privado-concertada.
Desde CGT vemos que en estas condiciones no se aumentarán los presupuestos para la educación en general, de acuerdo a las recomendaciones de la Unión Europea ni se atenderán a las necesidades y mejoras de infraestructuras, medios, formación y recursos humanos de la enseñanza pública, que es la que debe ser potenciada sistemáticamente. Al contrario, esta supuesta calidad que alega la Consejera servirá de pretexto para ampliar la red de conciertos al aumentar su financiación y facilitar la libre elección de centro de la que se benefician y que genera tanta desigualdad pues segrega. Porque mientras la pública atiende a alumnado con todas las diversidades educativas y especificidades, la concertada solo lo hace en 3 de cada 10 alumnos. Es más, esto deja entrever una política de privatización a mayor escala, como la que han ejecutado los presidentes Moreno en Andalucía y Ayuso en Madrid, hecho que acabará por relegar la enseñanza pública a subsidiaria.
En el caso de la Formación Profesional, ya se está viendo. En Burgos, no se han concedido ciclos formativos solicitados por los centros públicos, en cambio, los concertados siguen ampliando su oferta educativa, por lo que disfrutarán de una nueva y muy competitiva, llegando a impartir algunos ciclos que habían solicitado reiteradamente centros públicos, como Soldadura en el CIFP Simón de Colonia (Burgos).
Las declaraciones de la Consejera de Educación, Lucas, han venido a demostrar las intenciones de la coalición de Gobierno al desarrollar de forma apresurada la gratuidad del tramo de 0 a 3 años. Un ejemplo evidente en Burgos es el colegio concertado Niño Jesús. El centro cuenta para dicho tramo con una gran demanda, debido a sus instalaciones nuevas, hecho posible gracias al suelo gratuito cedido por el Ayuntamiento de Burgos, que también le dotó de una marquesina para que tuviera transporte público a las puertas del centro. No obstante, sigue presionando al Ayuntamiento y ahora pretende que se haga un parque con el nombre y estatua de su fundador, así como mejores accesos y aparcamientos para que los padres y las madres acudan a recoger a los hijos.
Es evidente que esta manera de concebir la “igualdad” que tiene la Consejería de Educación resulta mucho más atractiva a las familias que desean llevar a sus hijos a centros con buenas instalaciones y recursos, porque a la Enseñanza Pública, de dotarla, lo hace mucho más tarde y con retraso al depender de la financiación de la administración educativa.
No es posible, para CGT, equiparar la enseñanza pública y la privada-concertada, ya que los docentes de la primera están más formados por haber pasado un concurso-oposición (los de la privada-concertada son contratados según los deseos de los equipos directivos o patrones que lo sustentan). Los docentes públicos, por tanto, imparten con gran calidad las materias que tienen encomendadas, a pesar de que los recursos son menores y llegan más tarde que los que han financiado las entidades privadas a los centros privados que incluso reciben conciertos. Además, los profesores de la enseñanza pública no imparten exclusivamente sus asignaturas, sino que, a menudo, pueden preparar e imparten otras afines. A pesar de ello, el maltrato de la Consejería se manifiesta en la situación precaria de muchos docentes, especialmente de los interinos, que trabajan lejos de sus lugares de origen, a veces a media jornada, es decir, con una compensación económica baja.
Desde CGT, lamentamos la inacción de los sindicatos mayoritarios de la enseñanza pública. Unos debido a sus vínculos ideológicos y políticos con el actual Gobierno autonómico, otros por su presencia con delegados en la enseñanza concertada, donde están consiguiendo beneficios para su profesorado que no han luchado con la misma insistencia para los docentes de la pública. En estos términos, avocan al profesorado de la enseñanza pública a un papel secundario.
CGT exige que se cumpla la LOE. Entiende que se hace necesaria una inversión a la altura para la Escuela Pública, con una plan de implantación de calidad en el tramo 0 a 3 años (ampliación de las instalaciones de los centros públicos, recursos materiales y humanos…), que se desarrolle plenamente la nueva ley educativa conocida como LOMLOE en todos los centros con la reducción correspondiente de ratios, con el aumento de la oferta de asignaturas optativas, con la contratación del personal docente y no docente necesarios. Para que la enseñanza pública sea un servicio realmente público son fundamentales una financiación y unos recursos conforme a las inversiones que señala Unión Europea. Esto supone que los conciertos solo deberían existir allí donde la oferta pública es insuficiente, y eso supone estos centros deben implicarse y colaborar en la escolarización del alumnado en toda su diversidad.
Fuente: CGT-Enseñanza Castilla y León
