La gratuidad del servicio de educación infantil de 0 a 3 años ha sido desde hace tiempo un anhelo y una reivindicación de la Confederación General del Trabajo (CGT).
Esta medida tiene varios efectos positivos, en primer lugar, garantizaba el derecho a la educación en la más tierna infancia a todo el mundo independientemente del nivel de renta de los tutores, y por otro lago facilita el acceso al mundo laboral y al ocio a las personas que, en general, más tiempo consagran a los cuidados familiares: las mujeres.
Sin embargo, lo que en principio era una buena noticia, está siendo utilizada por las autoridades educativas del PP para favorecer los intereses económicos e ideológicos de la enseñanza privada- subvencionada y relegar a la enseñanza pública.
Apenas el 25% de las plazas ofertadas para el nuevo tramo de educación infantil son de titularidad pública. Este desequilibrio a favor de la escuela privadasubvencionada sólo puede explicarse desde la deslealtad calculada de los gestores de la enseñanza pública. El gobierno del PP actúa como un caballo de Troya al servicio de la escuela privada a quien volverá a regar generosamente con dinero público.
La consejera Rocío Lucas y todo el gobierno de Mañueco han jugado con unos plazos inasumibles, y negado las inversiones necesarias para que los colegios de titularidad pública pudieran hacer las reformas necesarias para ofertar más plazas de primer ciclo de educación infantil. El objetivo era maniatar a la enseñanza de todos y todas e impedirla competir con la enseñanza que consagra la desigualdad y la segregación del alumnado.
Las consecuencias de esta agresión no se limitarán a la enseñanza del primer ciclo de infantil. Mediante esta medida, y el desequilibrio abismal a favor la enseñanza privada-subvencionada el PP busca dar una estocada a toda la enseñanza pública de infantil y primaria en Castilla y León. El artículo 3 de la ORDEN EDU/95/2022 de 14 de
febrero explicita que “el acceso a una escuela infantil para cursar enseñanzas de primer ciclo garantizará el derecho a permanecer en la misma hasta la finalización de dichas enseñanzas”. Es decir, esta medida busca un auténtico cambio de paradigma en la relación de fuerzas entre la pública y la enseñanza privada-subvencionada.
Ante esta situación CGT exige a la Consejería de educación de Castilla y León que se hagan las inversiones necesarias para que todos los colegios públicos puedan ofertar plazas del primer ciclo de enseñanza infantil.
Fuente: Sección de Enseñanza del Sindicato Único de Burgos
