La Confederación General del Trabajo (CGT) no quiere irse de Chamberí en las condiciones que le ofrece el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, pero sus días están contados en la sede que ocupa, en la calle de Alenza, número 13.
Boj Inmobiliaria espera demolerlo en breve para construir 23 viviendas de lujo. El edificio ya no forma parte del Patrimonio Sindical Acumulado (PSA). El Estado, a través de Trabajo, se lo permutó en 2006 a Boj por cuatro locales acondicionados en el distrito de Arganzuela, entre el paseo de Santa María
de la Cabeza y la calle de Embajadores. Además de la CGT, tenían
locales cedidos en él UGT y la Unión de Organizadores de Pequeña y Mediana Empresa, Artesanos y Empresarios Autónomos de España (Unipyme).
El problema se plantea por la
negativa de la central sindical a
trasladarse a los locales ofrecidos,
por entender que no reúnen
los requisitos para mantener su
actividad, hasta ahora desarrollada
en 963 metros. La primera
oferta del Ministerio de Trabajo
fue el traslado a la calle de Cáceres,
51, a una superficie de 885
metros, rechazada “porque 360
de esos metros son garajes y por
mucho que los acondicionen no
están habilitados para oficinas”,
según fuentes de la CGT.
Una posterior oferta añadía a
este local otro en la cercana calle
de Torres Miranda. Descartada
por las mismas razones y porque,
aunque se duplica la superficie,
obligaría a separar las actividades.
La última propuesta
—500 metros en la avenida de
América— tampoco ha sido
aceptada. El próximo lunes hay
una reunión entre responsables
del ministerio y de la CGT para
intentar llegar a un acuerdo.
Las cosas se ven muy diferentes
desde Boj, la inmobiliaria
que, a cambio de Alenza, 13, ha
tenido que adquirir y acondicionar
los espacios de las calles de
Cáceres, Ciudad Real y Torres
Miranda. Su administrador único,
Javier Guridi, asegura que estarán
listos en un mes, de acuerdo
con el contrato de permuta.
La decisión de trocar este inmueble
fue respaldada por la Comisión
Consultiva del PSA —de
la que forman parte el ministerio,
la patronal, UGT y CC OO,
pero no laCGT—el 30 de marzo
de 2004. De acuerdo con el pliego
del concurso restringido, el valor
del edificio fue tasado, inicialmente,
por el Ministerio de Economía
y Hacienda en 7,02 millones
de euros, pero, por un retraso
en la adjudicación, se elevó
hasta los 8,34 millones, asegura
Guridi. Así, Boj tuvo que pagar
al Ministerio 400.000 euros, la
diferencia entre el nuevo valor y
el de los cuatro locales en el Arganzuela.
Invierto 10, vendo por 20
La finca pertenece a Boj desde el
24 de marzo del pasado año, según
el Registro de la Propiedad,
y sobre ella pesa una hipoteca a
favor de la Caja de Ahorros del
Mediterráneo por 10,17 millones
de euros, con vencimiento
en marzo de 2008. Crédito concedido
a la inmobiliaria para hacer
frente a la compra y acondicionamiento
de los locales de Arganzuela,
demoler el edificio de
Alenza y levantar el bloque residencial.
Una cantidad significativa
que deja de serlo cuando se
echan las cuentas de la venta de
las 23 viviendas y otras tantas
plazas de garaje y trasteros, cuyo
importe ascenderá a 20 millones
de euros. Un negocio redondo
con beneficio del 100%.
El edificio proyectado, sobre
una finca de 407 metros cuadrados,
cuenta con una edificabilidad
de 2.364 metros, 1.633 de
superficie construida de vivienda
más 731 de elementos comunes,
entre ellos, piscina y gimnasio
en la planta semisótano. El
precio medio del metro cuadrado
de vivienda sube hasta 11.425
euros, y baja hasta 7.900 con los
comunes incluidos. Las plazas
de garaje varían entre 43.000 y
50.000 euros, y los trasteros salen
por 4.500 euros. Así, el más
barato, uno de 54 metros en la
planta baja, con garaje, trastero
y el IVA, se pone en 540.000 euros,
y el más grande, el único de
cuatro dormitorios, un ático de
141 metros, se dispara hasta casi
1,7 millones de euros.
Segipsa subasta patrimonio sindical
El próximo miércoles 9 de mayo,
la Sociedad Estatal de Gestión
Inmobiliaria de Patrimonio
(Segipsa) procederá a enajenar,
en pública subasta, 17 inmuebles
propiedad del Estado. Quince
de ellos están incluidos en el
Patrimonio Sindical Acumulado,
valorados conjuntamente en
cuatro millones de euros, y los
dos restantes proceden del fondo
de bienes decomisados por
el tráfico ilícito de drogas y otros
delitos relacionados.
Para el futuro existen 86 bienes
del Patrimonio Sindical Acumulado
para vender, dos de
ellos en la Comunidad de Madrid.
Unedificio en Alcalá de Henares,
en la Vía Complutense,
19, y otro en la capital, en la plaza
de Cristino Martos, 4, junto a
la calle de la Princesa, según la
página web del ministerio.
Según fuentes de la Comunidad
Autónoma de Madrid, 375 viviendas
es el número máximo al
que podrán optar las cooperativas
gestionadas por la empresa
PSG. A pesar de haber captado
fondos para unos 2.000 aspirantes
a vivienda protegida. Para
quienes abriguen la idea de que
esta sociedad pueda adquirir suelo
a otros adjudicatarios, es interesante
anotar que en los consorcios
públicos de la Comunidad
está prohibida cualquier transmisión
de los terrenos adjudicados
“para que las promotoras adjudicatarias
sean las que edifiquen”,
según la Dirección General
de Suelo.
PSG, según la Federación de
Cooperativas de Viviendas, es
una empresa mercantil dedicada
a servicios como agencia de
seguros o mensajería que constituyó
dos cooperativas en 2003,
Getafe, Cuna de la Aviación Española
y Getafe Capital del Sur,
“iniciando una campaña engañosa
de captación de socios cooperativistas,
cuando ni tenía terrenos
ni garantizaba la aportación
de los socios con aval bancario o
póliza de seguro, como es preceptivo.
De todo ello se advirtió a los
rectores de ambas cooperativas”,
según puntualiza Alfonso Vázquez
Fraile, presidente de la Federación,
que anota que PSG no
figura como gestora de cooperativas.
Fuente: JUAN CARLOS MARTÍNEZ
