La Confederación General de Trabajadores de Toledo pidió una explicación a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha dada la entrada en vigor de la Ley del Sector Ferroviario, que afectará a la seguridad del transporte por ferrocarril y provocará el cierre de líneas en la región, recordando el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el Gobierno regional contra dicha normativa, aprobada por el Partido Popular en noviembre de 2003.
Desde CGT de Toledo, en nota de prensa, se cuestionaron si los responsables de la Junta «van a asistir como meros espectadores al deterioro del servicio y del abandono del ferrocarril convencional en Castilla-La Mancha».
En este sentido, lamentaron que en la provincia de Toledo el mantenimiento de las líneas de ferrocarril convencional es «insuficiente tanto en materia de inversiones como por la falta de personal», ya que todas las inversiones se las está llevando el AVE Madrid-Toledo, «que no sirve para el transporte de mercancías».
Desde CGT denunciaron que los sucesivos expedientes de regulación de empleo han dejado mermada la plantilla, «insuficiente para cubrir el servicio», pues quedan en la provincia 78 trabajadores para el mantenimiento de las infraestructuras, regulación del tráfico ferroviario y personal de información y venta de billetes ; y 9 trabajadores en RENFE-operadora, esto es interventores de regionales.
El último Consejo de Ministros del año 2004, recordaron, ha aprobado los Reales Decretos que establecen la estructura y el funcionamiento de las dos entidades en que, el 31 de diciembre, se ha dividido RENFE. Los Reales Decretos, al igual que la Ley, son idénticos en contenido a los que ya existían hace nueve meses, «por más que en la redacción se haya tratado de disimular esta realidad».
PRIVATIZACIÓN.
Según la agrupación sindical la Ley que hasta la primavera tenía como objetivo la privatización del ferrocarril público no va a suponer la privatización de RENFE, aunque se va a utilizar para iniciar un proceso de privatizaciones por centros de trabajo, servicios y unidades de negocio.
«El PSOE se ha encontrado con una Ley aprobada que nadie quería, pero sin poner en vigor, que cuenta con la oposición de casi todos los partidos políticos. Por ello la responsabilidad por ponerla en marcha, y por sus consecuencias, es exclusivamente suya» defendieron.
Por último desde la CGT afirmaron que la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez, «debería estar poniendo a alguien una vela para que no suceda como en el invierno de 2002-2003, en el que por falta de mantenimiento y de personal se sucedieron los accidentes en nuestro ferrocarril».
Par : EP
