La CGT de Cáceres quiere hacer público su rechazo a las nuevas
Ordenanzas Municipales sobre Convivencia y espacios urbanos puestas en
marcha por el Ayuntamiento cacereño. Dicha normativa supone un grave
atentado a derechos y libertades fundamentales, especialmente los
artículos 11, 12 y 14 que establecen serias restricciones al ejercicio
de la libertad de expresión, de reunión y de manifestación públicas.
Es impropio de un régimen democrático fiscalizar desde el poder la
distribución y difusión pública del mensaje y material informativo de
colectivos sociales, organizaciones, sindicatos o, ciudadanos
particulares.
En dichas ordenanzas el cartel, el folleto informativo,
la octavilla, el adhesivo o la pancarta se convierten en objetos
delictivos y casi ilegales, cuyo uso queda sujeto a fuertes
restricciones. Así mismo no es de recibo que se solicite una fianza
para el ejercicio de un derecho tan básico como el de reunión y
manifestación ; derecho que queda con ello bajo sospecha.
Tras un superficial envoltorio de buenas prácticas cívicas y de
aspectos ya regulados en normativas anteriores se quiere ocultar la
cuestión de fondo : incrementar el control social sobre un espectro
ideológico y social antagonista y restringir a estos colectivos sus
posibilidades de comunicación con su entorno social. Muchos
colectivos, asociaciones y organizaciones tienen un acceso muy
limitado a los grandes medios de comunicación, que rara vez se hacen
eco de sus mensajes y suelen minimizar su presencia social. Para ellos
la expresión pública en el entorno urbano es a veces su única
posibilidad de comunicación social. Ese entorno urbano se enriquece
con esa pluralidad y es síntoma de un entramado social vivo. Para la
CGT de Cáceres lo que pretende esta ordenanza es erradicar la voz
discordante de «los pequeños» de las calles a base de sanciones y
dejar tan sólo la voz uniforme de quienes tienen acceso a los grandes
medios de comunicación de masas a través del poder económico y
político. En ese sentido, consideramos brutal el contraste entre la
libertad de reunión, expresión y comunicación que se restringe y la
libertad urbanística que se alienta, sin consideración a qué conductas
verdaderamente causan un daño público irreparable.
Mientras normativas realmente importantes y de gran impacto social
como la urbanística o la medioambiental se incumplen impunemente o se
adaptan legalmente a la irregularidad, los colectivos ciudadanos ven
restringida y vigilada su capacidad para comunicar públicamente su
modelo alternativo y crítico de ciudad y de mundo.
La CGT presentará, por todo ello, alegaciones a esta normativa y anima
a todos los ciudadanos cacereños a sumarse a cuantas iniciativas se
pongan en marcha para defender las libertades públicas frente a los
intentos represivos de control social que esconden unas Ordenanzas no
pensadas para una convivencia plural y libre.
SOV Cáceres-CGT
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Fuente: SOV Cáceres-CGT
