La Confederación General del Trabajo (CGT) aprobó en un reciente congreso extraordinario (celebrado en Pamplona, 8 y 9 de abril) implicarse al máximo como organización sindical y social en la defensa de todos los servicios públicos, así como impulsar las luchas por la recuperación de aquellos sectores y empresas que las distintas administraciones han ido privatizando en las últimas décadas.
Desde las federaciones y sindicatos de CGT en sectores implicados en esta lucha (ferrocarriles, metro, sanidad, aeropuertos, enseñanza, puertos, ayuntamientos, televisiones, protección del medioambiente y el patrimonio cultural, atención a mayores, discapacidad, infancia, etc.) se ha convocado a toda la CGT y a las plataformas y mareas de los distintos sectores en lucha por lo público a la manifestación del sábado18 de junio, en Madrid. La manifestación partirá a las 12h. de Cibeles y concluirá, con intervenciones de trabajadores de los sectores públicos, en Plaza de España.
Desde las federaciones y sindicatos de CGT en sectores implicados en esta lucha (ferrocarriles, metro, sanidad, aeropuertos, enseñanza, puertos, ayuntamientos, televisiones, protección del medioambiente y el patrimonio cultural, atención a mayores, discapacidad, infancia, etc.) se ha convocado a toda la CGT y a las plataformas y mareas de los distintos sectores en lucha por lo público a la manifestación del sábado18 de junio, en Madrid. La manifestación partirá a las 12h. de Cibeles y concluirá, con intervenciones de trabajadores de los sectores públicos, en Plaza de España.
La CGT considera que el capitalismo, desde sus comienzos, acumuló toda su riqueza y poder explotando a quienes producen la riqueza con su trabajo. La desposesión de los bienes comunes que garantizaban la subsistencia de la gente y cierta independencia al no ser sometidos al trabajo asalariado, está en los orígenes del capitalismo. Sin embargo, lo nuevo en el capitalismo desde los años 70 del siglo pasado es la desposesión de las prestaciones esenciales para la comunidad a través de su mercantilización, y las privatizaciones de las empresas y servicios públicos, por medio de las cuales se cubrían parte de estos servicios –patrimonio de toda la sociedad-, para ser convertidos en negocio.
La UE, con la Directiva Bolquestein, liberaliza el mercado de los servicios internos, no reconociendo claramente los servicios de interés general que no son comerciales. Los tratados transatlánticos sobre inversiones y comercio (CETA, TTIP, TISA, etc.), amplifican la liberalización en base a dos premisas fundamentales: la desregularización de cualquier legislación limitadora del «libre comercio» (derechos sociales, derechos laborales, límites medioambientales, límites fiscales, etc.) y la seguridad jurídica del inversor, por encima de cualquier norma y derecho de los estados.
Ya en 1985, con el PSOE en el poder, la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local, autoriza la llamada «gestión indirecta» de los Servicios Públicos, con un nicho de negocio de más de 17.400 millones de euros y una oportunidad de crecimiento de cerca de 19.600 millones más.
La crisis-estafa que el capitalismo genera a partir del 2007, agudiza de manera letal la desposesión y nos encontramos que, en el período 2009-2014, en el estado español, la reducción del gasto público se acerca a los 78.000 millones de euros.
Los recortes son dramáticos para la mayoría social. Ninguno de los bienes comunes se libra de esta barbarie: la educación, la sanidad, la vivienda, las prestaciones de desempleo, los cuidados, la dependencia, la cultura, las pensiones, los transportes, la gestión del agua y la energía, las inversiones en lo público…
Pero esta desposesión tiene sus costes para las poblaciones: encarecimientos de los servicios provocados por sobrecostes que van del 22% a más del 90%, respecto a la prestación directa por los municipios y otras administraciones, por ejemplo. Deterioro de los servicios públicos al no invertir y convertirlos en ineficientes. Negación de su universalidad, dejando a millones de personas sin acceso a los mismos.
Degradación de la vida cotidiana de la gente, especialmente en las zonas obreras de las grandes metrópolis.
Destrucción de empleo en todas las administraciones públicas, que han reducido sus plantillas en un total de 156.000 personas, y la pérdida de un 17% real en los salarios.
En la CGT entendemos los bienes públicos como bienes colectivos, como derechos sociales garantizados. Exigimos que el interés general prime sobre el interés privado de una minoría de ricos. Los bienes comunes no pueden ser regidos por la lógica del lucro privado, sino por los principios de suficiencia y la eficiencia.
En esta pelea por lo PÚBLICO, por lo COMÚN, la CGT apuesta porque hay que ir mucho más allá del actual modelo de gestión capitalista. Por ello la CGT llama a toda la clase trabajadora y a los movimientos sociales a manifestarse en Madrid el próximo 18-J en defensa de su derecho a seguir teniendo derechos, así como a continuar con esta lucha por la defensa de lo público.
Antonio Pérez Collado
Gabinete de Prensa de CGT
Madrid, 7 de junio de 2016
Fuente: Gabinete de Prensa de CGT
