La actual Ley de Extranjeria, aprobada por el gobierno del PP con apoyo del PSOE, ya tiene por fin su Reglamento. Este Reglamento, fruto del diálogo social entre patronal, sindicatos institucionales y gobierno, mantiene el fondo y el espíritu de la Ley : discriminación y recorte de derechos fundamental de las personas extranjeras, especialmente en los casos de entrada irregular y de la población sin papeles.
La Ley de Extranjería y su Reglamento consolidan el papel del Estado Español de frontera-tapón dentro de la estrategia de la Unión Europea de conformar una Europa sin derechos sociales fundamentales, una Europa fortaleza insolidaria con lo pueblos del Tercer Mundo a los que explota, una Europa que se quiere dotar de un Tratado Constitucional que legitima la economía de mercado, el capitalismo salvaje de la multinacionales y el desmantelamiento de los servicios públicos. En este contexto los flujos migratorios, personas reales de carne y hueso con necesidades y derechos, son simples números como mano de obra utilizable tanto en la economía sumergida como en la economía “real”.
El Reglamento pretende regularizar los flujos migratorios de acuerdo a las necesidades del mercado laboral ; persigue equilibrar la actual relación entre el empleo irregular y el regular, de cara a recoger mayor cuantía contributiva para las arcas públicas ; y abre a los sindicatos institucionales (CC.OO. y U.G.T) la participación directa en la regulación de los flujos, en los procedimientos y en el control de la contratación.
Pero el el Reglamento no da respuestas al largo millón de personas “irregulares” en su triple dimensión : laboral (derechos laborales), social (derechos sociales) y cultural (respeto por formas de vida propia, especificidades, convivencia, etc.). Sí da respuestas a los actuales mercados de trabajo, articulando los procedimientos de aplicación para los sectores específicos de construcción, campo, hosteleria y servicio doméstico, mediante un proceso de “normalización” de sólo 3 meses de duración.
La CGT intentará que esta escasa medida alcance al mayor número de personas sin papeles, pues lo fundamental es posibilitar que salgan del drama humano y social en el que viven.. Pero nos permitimos preguntar : ¿cuántas personas sin papeles van a poder acceder a una situación de regularización ? ; ¿por qué no una “normalización” permanente, no limitada en el tiempo ? ; ¿por qué la libertad de circulación es un derecho otorgado a los capitales, … y negado a las personas ?
La CGT denuncia esta “regularización” que deja en manos de los empresarios la decisión final de que cientos de miles de personas sean oficialmente reconocidos como ciudadanos y ciudadanas de 2ª categoría. Tanto en el caso de la regularización extraordinaria como en el caso de la autorización de residencia por arraigo, quien emplea a una persona inmigrante es quien tiene la capacidad de hacer o no que esta persona pueda tener los papeles en regla.
Por ello, la CGT se suma y convoca a las movilizaciones en el estado español del 21 y 22 de Enero por :
La igualdad de derechos,
Regularización para todos y todas,
Derogación de la Ley de Extranjería.
CGT, Secretariado Permanente del Comité Confederal
