Otro de los temas que se tratarán en la mesa redonda será el incumplimiento del Gobierno español en la lucha contra la pobreza y las incoherencias de sus políticas públicas que generan cada vez más empobrecimiento y Cambio Climático en el mundo.
Mañana, viernes 3 de agosto a las 10:00 de la mañana se clausura el curso ¿Globalización polarizada o sociedad humanizada ?, dirigido por Jorge Fonseca, catedrático de Economía Internacional y Desarrollo de la UCM, con una mesa redonda con el titulo “Financiación, deuda externa y justicia fiscal global”. Participarán además de Jorge Fonseca, la campaña por la abolición de la deuda externa ¿Quién debe a quién ? y Ricardo García Zaldívar, de la Universidad Carlos III y de Attac.
Un asunto al que haremos referencia mañana en El Escorial es el anuncio del Consejo de Ministros del pasado 13 de julio sobre la condonación de deuda a los países más empobrecidos y endeudados del mundo, los incluidos dentro de la Iniciativa HIPC. Con ello el Gobierno dice cumplir con la disposición transitoria segunda de la Ley 38/2006, de 7 de diciembre, reguladora de la Gestión de la Deuda Externa. Esta disposición obliga al Gobierno a presentar un plan para renegociar y, en su caso, cancelar la deuda soberana de los Países Altamente Endeudados (HIPC) con origen en los seguros de créditos a la exportación concedidos por CESCE, así como la deuda FAD de dichos países contraída con anterioridad al 31 de diciembre de 2003.
Para ¿Quién debe a quién ? no es aceptable que los países que entran en la iniciativa HIPC tienen que pasar duros exámenes del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante varios años. Pruebas que conllevan serios ajustes estructurales para sus economías, con graves impactos para la población de estos países.
Sabemos que de los 41 países que han entrado en la iniciativa HIPC tan sólo 26 tienen deuda con el Estado español. Sin embargo el Gobierno tan sólo anuncia la ampliación de cancelación de la deuda de once países (Bolivia, Costa de Marfil, Ghana, Honduras, Mauritania, Mozambique, Nicaragua, República Democrática del Congo, Senegal, Tanzania y Uganda). Por tanto, no entran en este anuncio del Consejo de Ministros los 15 países restantes (Burkina Faso, Camerún, Chad, Etiopía, Guinea Bissau, Guinea Conakry, Haití, Madagascar, Malawi, Níger, República Popular del Congo, Somalia, Santo Tomé y Príncipe, Sudán y Togo). A fecha de hoy desconocemos, ya que no se facilitan estos datos, si estos últimos países no han entrado en la cancelación porque no tienen deuda comprometida entre el 20 de junio de 1999 (anterior fecha de corte) y el 31 de diciembre de 2003 o por si ha habido un ‘olvido’ gubernamental. Por ello, y para evitar sospechas posiblemente injustificadas, solicitamos al Gobierno total transparencia sobre los datos y grado de cumplimiento de sus compromisos ante esta iniciativa, desde su inicio hasta la fecha.
Las cancelaciones de deuda HIPC comprometidas por el Gobierno español conllevan una conversión de un 40% de la deuda cancelada, de manera que el Gobierno tan sólo cancela directamente el 60% del importe comprometido. Estas conversiones se harán sin que previamente se lleven a cabo auditorías integrales de la deuda a convertir, de manera que no se podrá garantizar que esta deuda no tenga un carácter ilegítimo. Este punto es de especial importancia, ya que podemos estar exigiendo a estos países que acaben pagando el 40% de unas deudas que pueden tener su origen en la compra de armamento u operaciones de dudoso carácter beneficioso para el desarrollo integral de las poblaciones de dichos países.
Igual de grave nos parece que mientras el Gobierno anuncia cancelaciones de deuda continúa utilizando con más fuerza que nunca los instrumentos que generan nueva deuda sobre estos mismos países (deuda FAD y CESCE). Así, aunque se anule la deuda pasada se sigue generando nueva deuda. Para citar un ejemplo, de los países ‘beneficiados’ por el anuncio del Consejo de Ministros, Mozambique, Nicaragua y Senegal han recibido nuevos créditos FAD en el año 2006. La deuda FAD supone 4.786,17 millones de euros, casi el 50% del total de la deuda externa.
Además, no queda claro que esta cancelación de deuda se vaya a hacer sin disminuir las aportaciones de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) que el Estado español aporta sobre estos países, por lo que podría ser que finalmente vean como el cómputo global de nuevos recursos AOD disminuye.
Por último, dado que parece que el Gobierno quiere cumplir con la Ley de Deuda aprobado en noviembre del año pasado, le solicitamos que también cumpla con todos los compromisos adoptados en dicha Ley y que todavía no se han llevado a cabo. Esto es, que de el objeto de todos los contratos que han generado la actual situación de endeudamiento, que presenten las Leyes de reforma de los créditos FAD y de la CESCE, que se desvinculen efectivamente las conversiones de deuda a la compra de bienes y servicios españoles y que se dejen de contabilizar la cancelaciones de deuda como AOD.
