La Sección VI de la Audiencia provincial de Cádiz en Ceuta ha decidido reabrir el caso por supuesta prevaricación y detención ilegal en el que estarían presuntamente implicados el ex delegado del Gobierno en Ceuta, Luis Vicente Moro, y el que fuera consejero de Gobernación de la Ciudad, Antonio Francia.
La sentencia contradice una anterior del juzgado número 3 de Ceuta y estima el recurso presentado por la asociación Pro-derechos Humanos contra la decisión de archivar el caso. La justicia tratará de esclarecer de nuevo la supuesta expulsión ilegal de dos mil menores marroquíes entre 1998 y 1999 sin que conste documento alguno de dichas expulsiones en la Delegación del Gobierno de Ceuta.
En la sentencia dice que ha sido «un error increíble» el cometido por el juzgado número 3, por lo que ordena la revocación de dicha resolución, dejando sin efecto su contenido.
De este modo, el juez instructor competente deberá dictar otra resolución acordando respecto a Moro y Francia continuar las actuaciones por los trámites previstos para el procedimiento abreviado por los presuntos delitos de prevaricación y detención ilegal.
Además indica el máximo órgano judicial que la decisión del juez instructor de archivar el caso «resulta absolutamente prematura y contraria a lo que constituyen los principios esenciales del proceso abreviado», tras haber basado su decisión en un informe del Ministerio Público y el reglamento para la ejecución de la Ley de Extranjería y el artículo 3 del Código Civil.
Del rollo jurídico se desprende que se da luz verde a la investigación que se abrió en su día tras la denuncia interpuesta por dos agentes de la Policía Local en torno a las más de dos mil expulsiones que se llevaron a cabo en aquel periodo de menores marroquíes, utilizando vías ilegales.
Los hechos que denunciaron ambos agentes consistían en la entrega ilegal de menores a Marruecos por parte de funcionarios de la Policía Nacional y Local. Fue tildada de ilegal porque dichas expulsiones nunca quedaron reflejadas en los libros de registro de la Delegación desde que las mismas se iniciaran.
En la comisaría de la Policía Nacional tampoco existen archivos sobre expedientes de expulsión sobre los más de dos mil menores que fueron expulsados, sin que se diera parte alguno a la Fiscalía.
Se entiende que tanto Moro como Francia debían conocer estas prácticas, al ejercer el mandato en las áreas que las llevaban a efecto.
«Fue un ataque al ordenamiento jurídico, apreciable por cualquier funcionario medio, más por el delegado del Gobierno y el consejero de la Ciudad, a quienes se les exige un deber objetivo de cuidado superior al de cualquier funcionario, máxime cuando disponen de los asesoramientos jurídicos que estimen oportunos», apunta la Audiencia.
Dice además la Audiencia que se ha cometido «un error increíble» provocado por la creencia «de obrar lícitamente», que excluye la responsabilidad criminal.
Indica la Audiencia que será necesario la celebración del juicio para poder adoptar una determinación de esta índole. En cuanto al juzgado número 3 critica que se ha tratado de provocar «que la fase de instrucción se prolongue indefinidamente», de ahí que se admita el recurso interpuesto por APDH, e incluso se deja la puerta abierta para traer a la causa otras personas como imputadas.
