LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.- La Asociación Pro Derechos Humanos de Canarias ha denunciado el «hostigamiento» al que sigue sometida la población saharaui por parte del Gobierno marroquí, pese a los signos de apertura política y de reconciliación mostrados por el reino alauí.
La portavoz de la asociación y miembro del grupo de trabajo formado por juristas que ha creado este colectivo para abordar cuestiones relativas a la solidaridad internacional, Inés Miranda Navarro, ha manifestado que las negociaciones comerciales que efectúa Marruecos sobre el Sáhara Occidental «son contrarias a derecho».
Estas relaciones «van en contra de la legalidad internacional y violan el derecho de un pueblo a poder ejercer su soberanía», ha indicado Miranda, ciutando como ejemplo el hecho de que ningún Estado se ha atrevido a crear una empresa en este territorio ocupado por Marruecos.
En su opinión, los acuerdos suscritos por el Reino marroquí que afectan a esta zona podrían ser denunciados ante los tribunales internacionales.
La letrada, que ha hecho público un informe elaborado por la asociación sobre la administración de la Justicia en el Sáhara Occidental, afirma que es «arbitraria», carece de justificación y los «jueces ejercen la acusación» y emiten sentencias dictadas a priori, especialmente si es contra un saharaui.
Miranda ha denunciado que Marruecos evita la presencia de observadores internacionales y que se celebran juicios en las cárceles sin la debida instrucción y la presencia de abogados. Además, ha recalcado que persisten las detenciones arbitrarias, las desapariciones y las torturas.
En este sentido sostiene que el indulto real concedido el pasado 7 enero a 12 presos políticos saharauis y a otros presos de conciencia marroquíes, no ha implicado el respeto a sus derechos y libertades, sino un «incesante acoso» por parte de las autoridades.
Miranda también ha cuestionado la ’Instancia de Equidad y Reconciliación’ creada por el Gobierno marroquí para resolver las «flagrantes» violaciones de derechos humanos por una vía extrajudicial para resarcir a las población saharaui de los años de encierro y encarcelamiento ilegal.
Par : EFE
