Está claro que es la historia quien lo va a hacer. La sabiduría de la historia es tan perspicaz que no tolera intrusos, ella escoge a sus protagonistas y rechaza sin compasión a los que no han sido llamados a sus brazos, por más empeño y ahínco hayan puesto en figurar. Quien cae una vez del carro del destino, ya no vuelve a alcanzarlo. Desde luego que no me refiero a la historia oficialista, manipulada por los poderes de siempre, me inclino por esa otra historia, la de los perdedores sometidos a la violencia de los vencedores.
El juez Garzón en su afán de protagonismo y con su orgullo exhibicionista ha traspasado la frontera del equilibrio, por otra parte, tan necesario para la justicia. A mi entender, él no debería haberse entrometido en los casos de los desaparecidos ocurridos por el Alzamiento Nacional. Los dos autos fechados y presentados bajo su firma el 16 de octubre y 18 de diciembre de 2008, son de suma importancia para aclarar unos hechos, hasta ahora, inéditos para la justicia oficial. Bien es cierto. Pero no debemos olvidar, que Garzón no es su autor, si no que son los investigadores e historiadores los que han recogido toda la información y todos los datos, que luego han sido transcritos por el juez en los autos.
Por lo tanto, creo que unos delitos declarados en el contexto de crímenes contra la humanidad por el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas -que por cierto pide la anulación de la Ley de Amnistía de 1977, que más adelante mencionaré-, deberían haber convocado a más magistrados y especialistas, para la confección de un auto más sólido, que pudiese evadir los inconvenientes del narcisismo del magistrado acusado, ahora, de prevaricación por el magistrado del Tribunal Supremo Luciano Varela. Lo ha tenido fácil, el que mucho abarca ya se sabe.
Lo que ha quedado claro ha sido el posicionamiento de la prensa de ámbito nacional. Revisar las editoriales de los diversos periódicos durante estos días crea una sensación de irritación, debido al olvido persistente, en casi todos, de las víctimas del franquismo. La prensa de carácter más conservadora, desvela sin rubor que importa más la figura de Garzón que los delitos amparados por el franquismo. Se olvidan de los delitos que de verdad se tienen que juzgar, el exterminio de los rojos. Había que acabar con ellos antes de que ellos acabasen con su España. Eran el diablo. Había que aniquilarlos, porque : apresados se daban la gran vida, sus maestros desalojaban a los curas de las escuelas, las mujeres votaban como si fueran varones, el divorcio profanaba el sagrado matrimonio, la reforma agraria amenazaba el señorío de la Iglesia y los terratenientes sobre las tierras. En definitiva, había que quitarles a sus hijos, como así hicieron en muchas ocasiones, para darles una educación correcta : la suya.
Siguiendo con el análisis de la prensa, aparte de la imputación del juez estrella por prevaricación –de la que él era consciente-, nos encontramos perlas del estilo : “…imputado por prevaricar en el mal llamado caso del franquismo…proceso penal manipulado hasta en su denominación vulgar” “…por investigar el régimen franquista, cosa que nunca ha hecho y que así dicho, es un reduccionismo chusco que busca disculparlo con la excitación de sentimientos frentistas”, esto se ha podio leer estos días en el ABC ; en La Razón, nos encontramos : “Varela, considera que atribuyó –el juez- a personas fallecidas, como los generales Franco, Mola o Quiepo de Llano actuaciones delictivas que habían preterido y estaban afectadas por la Ley de Amnistía de 1977”, además insiste en que : “Entendemos que las decisiones de Garzón en la causa contra el franquismo no tienen sostén jurídico y que su actuación ha sido un ejercicio de un principio al calor de la revanchista Memoria Histórica” ; en El Mundo, P. J. Ramírez, declara en su video, sobre todo, la importancia de la Ley de Amnistía, significando que ser facha –parece que se refiere a Manos Limpias, la Falange y Libertad e Identidad, los querellantes- no significa no tener derechos, lo erróneo es derogar el principio de legalidad anteponiendo las preferencias ; La Vanguardia, también hace valer la importancia de la Ley de Amnistía. Por otro lado, la prensa más “progresista”, léase El País y Público, defienden la Ley de Memoria Histórica, que desde luego no convence a casi nadie que tenga algo que ver con las víctimas del franquismo.
Como vemos el panorama es asolador. Y más si cabe, porque la tan defendida Ley de Amnistía de 1977, primero es preconstitucional, hecho que se distingue al leer su desarrollo, donde nos encontramos artículos de este estilo : art. 1.- Quedan amnistiados todos los actos de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al 15 de diciembre de 1976. Art. 2.- En todo caso están comprometidos en la amnistía : a) los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión y motivo de ello, tipificados en el Código de Justicia Militar. Art. 7.- Los efectos y beneficios de la amnistía se refieren, a : b) El reconocimiento a los herederos de los fallecidos de derecho a percibir las prestaciones debidas ; c) La eliminación de antecedentes penales y notas desfavorables en expedientes personales, aun cuando el sancionado hubiese fallecido.
Bien está reconocer que los años han servido a emplear esta ley en beneficio de los golpistas, aunque alguno de sus autores declare que fue una Ley favorable a los presos políticos, que también. Pero entonces, me pregunto : ¿cómo se juzgan los delitos franquistas ? Si ahora, que están muertos no se puede porque han prescrito por eliminación, y, antes, cuando estaban vivos no se podía porque mandaban ellos ¿cuándo y cómo, se va actuar contra esa desfachatez ?
En vez de vender, hasta la extenuación, la ejemplaridad de la Transición que como vemos es un fiasco franquista, miraríamos hacia nuestro exilio, encontraríamos las soluciones que otros pueblos han hecho contra sus dictaduras. Por ejemplo : en Argentina, finalmente se declararon nulas por la Corte Suprema de Justicia, la Ley de Punto Final y de Obediencia Debida, leyes que amparaban a los golpistas y asesinos de esa dictadura. En Chile, los cinco hijos de Pinochet, su viuda y los más próximos a su corte dictatorial, fueron procesados como autores de malversación de caudales públicos en el marco del caso Riggs, aún están imputados. En Uruguay, tras dos plebiscitos sobre la anulación de la Ley de Caducidad que deja impunes a los crímenes registrados durante la dictadura militar, nos encontramos a Gregorio Álvarez, dictador durante 1981-1985 condenado por homicidio, especialmente agravado, a 25 años de cárcel, por delito de lesa humanidad. Además, el ex –dictador Juan Mª Bordaberry cumple condena de arresto domiciliario por 25 años, por esos mismos crímenes.
Por lo que se ve, la justicia de este país tiene donde elegir. Nulidad de la Ley de Amnistía, malversación de fondos y crímenes de lesa humanidad, entre otros, se pueden estudiar para llevar a cabo una querella formal contra el franquismo -unos jueces argentinos quieren presentar una querella contra el régimen dictatorial de Franco-.
La propia Constitución, Ley que a veces no se cumple, regalo de los poderes que firmaron la mencionada Ley de Amnistía, propone en su artículo 10.2, que, las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que ésta reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales. Parece un concepto olvidado en este caso.
Por lo tanto, volviendo a la intrusión de Garzón y su declarada inhibición ante los delitos franquistas, se puede proponer lo que Ayala declara como una filosofía de la justicia, identificándola como : el intento de eliminar la injusticia manifiesta, como principio de la justicia. Es contra la injusticia y no en nombre de la sociedad del exhibicionismo donde los jueces tienen que encontrar el equilibrio y la igualdad en el mundo.
Julián Zubieta Martínez
