Artículo de opinión de Rafael Cid
El Estado central se enfrenta a un doble y dispar reto surgido en sus estribaciones. Tiene que lidiar a la vez con dos procesos políticos de signo opuesto. Uno en Catalunya, de separación, y otro en Euskadi, de inserción. Ambos vinculados al legítimo derecho a decidir de ambas comunidades. Pero la Marca España contempla a uno y a su contrario por el mismo rasero: como una amenaza a su statu quo. En buena medida porque el conflicto se ha desatado en los dos territorios históricos en que el duopolio formado por PP y PSOE ha quedado reducido a su mínima expresión.
El Estado central se enfrenta a un doble y dispar reto surgido en sus estribaciones. Tiene que lidiar a la vez con dos procesos políticos de signo opuesto. Uno en Catalunya, de separación, y otro en Euskadi, de inserción. Ambos vinculados al legítimo derecho a decidir de ambas comunidades. Pero la Marca España contempla a uno y a su contrario por el mismo rasero: como una amenaza a su statu quo. En buena medida porque el conflicto se ha desatado en los dos territorios históricos en que el duopolio formado por PP y PSOE ha quedado reducido a su mínima expresión. De ahí el despliegue de consignas y propaganda simplificando hasta la caricatura los términos del debate. Jibarizando mentalidades y adoctrinando conciencias, con la ayuda de los medios de comunicación adscritos, que también perciben el desafió en clave de agresión.
Así espera el bipartidismo poder mantener el control dentro del maremágnum, situarse en el ojo del huracán. Y si ayer utilizó con provecho el aval del patriotismo constitucional, hoy esgrime como recambio el mantra del paternalismo patriótico. Todo ello con objeto de presentar las sentidas aspiraciones de esas sociedades como erráticas, irresponsables, sin criterio ni razón. Sería la ofensiva de una minoría insensata que busca perjudicar el interés general. Para ello no solo han destapado las cloacas del sistema sino también las esencias del imaginario recurrente. Igual que la ciénaga del 23-F tuvo en la novela de Javier Cercas, Anatomía de un instante, su momento exorcizador, ahora la igualmente celebrada Patria, de Fernando Aramburu, aparece en el hit parade como valedor del modelo hegemónico. Un régimen monocorde que, aplicando la ley del embudo, pretende que la voluntad activada de muchos independentistas catalanes y el clamor regeneracionista de la ciudadanía de Euskal Herria tengan que tarifarse a antojo de Madrid Villa y Corte. Veámoslo a través de dos sucesos de la crónica de actualidad: el adiós a las armas de ETA y el “golpe de Estado” en Venezuela.
La autodisolución de ETA y la confirmación de la entrega de su arsenal bajo supervisión internacional han sido recibidas por el gobierno y su leal oposición con un rotundo y unísono “no, es no”. Al parecer, no les basta con un parte de final de contienda, ni con el reconocimiento de una derrota que implica “el desarme completo, unilateral e incondicional”. Se pide además un solemne acto de contrición y la flagelación urbi et orbi. Una rendición “sin impunidad”. Según el manifiesto del sector de las víctimas liderado por Fernando Savater, el nihilista y corrosivo autor de aquel Panfleto contra el Todo que no dejaba títere con cabeza entre la gente de orden, hoy espejo de esa rancia españolidad.
Extrema intransigencia, en suma, que introduce elementos de sospecha sobre la probidad y coherencia de sus propuestas. Salvo que en algún lugar este escrito que la sociedad vasca no tenga el mismo derecho a la “reconciliación nacional” que postuló el bando fascista para transar de la dictadura a la democracia, del partido único al pluralismo parlamentario. El olvido de esa “deslegitimación política, social y moral” que ahora se exige para sellar la normalización en Euskadi, con las consecuencias históricas ya sabidas. Sobre todo cuando entre los miembros del colectivo negacionista están algunos antiguos miembros de aquella ETA Político-Militar que se incorporaron a la sociedad civil acogiéndose al “indulto” promovido por la UCD. Sin trauma ni público escarmiento. Valgan como ejemplos los casos del fallecido Mario Onaindia, fundador de Euskadiko Ezkerra (EE) y luego puntal de los socialistas vascos, o, en otro escalón de implicación, del brillante intelectual Jon Juaristi, ex director general de Universidades e Investigación en la Comunidad de Madrid, con el Partido Popular, y Patxi Unzueta, ahora prestigioso columnista de diario El País, buque insignia de la segunda restauración borbónica.
Con ese precedente fundacional sorprende el “juego de patriotas” utilizado para condicionar el proceso de capitulación del terrorismo de ETA. ¿Cabe calificar de “enaltecimiento del terrorismo” la acogida popular de ex etarras regresados a sus pueblos cuando en el callejero nacional perviven los nombres de jerifaltes de la dictadura y del alzamiento franquista? ¿Cómo es posible que el general Emilio Mola, responsable del bárbaro bombardeo de Gernika, siga campando a sus anchas en la toponimia del país? ¿Se puede denunciar la existencia de presos políticos en Venezuela sin rectificar la flagrante vulneración de la Ley General Penitenciaria que impide a los presos vascos cumplir condena en cárceles próximas a su entorno familiar? ¿Con qué autoridad se denuncian afrentas ajenas cuando en aplicación del “código penal de la democracia” se condena a una persona por difundir en internet chistes sobre Carrero Blanco, el lugarteniente del Caudillo?
De parecido rango es lo que afecta al torpedeo del procés en Catalunya. Aquí de nuevo, el bloque imperante ha hecho una exhibición de supino cinismo manoseando el conflicto abierto entre la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo en Venezuela. Todos a una han visto en el enfrentamiento un “golpe de Estado” auspiciado por “la dictadura” de Nicolás Maduro (El País dixit) para cercenar la democracia. Cuando ha sido precisamente la oposición quien ha instado a la intervención de los militares. Sin más matices, a brochazos, denunciando la paja en el ojo ajeno e ignorando la viga en el propio. ¿O es que la purga decretada por nuestro Tribunal Constitucional al Estatut ratificado en referéndum por los catalanes no es una injerencia antidemocrática? ¿Y el despojo de las competencias de representantes electos mediante actuaciones punitivas de ese mismo órgano no jurisdiccional por aplicar las decisiones soberanas del Parlament? ¿Hasta qué grado los componentes del Constitucional español, seleccionados por cooptación ideológica entre los partidos mayoritarios, son más independientes que sus zarandeados homólogos venezolanos?
Pero es inútil buscar lógica democrática donde únicamente existe bulimia de poder. Ahora mismo, el tándem PP-PSOE acaba de vetar la comparecencia de los principales integrantes de la denominada “policía patriótica” en una Comisión de Investigación del Congreso. Con lo que no podremos saber los “grandes servicios” que han prestado a todos los gobiernos democráticos, según testimonio del ex ministro de Interior Fernández Díaz. No vaya a ser que, aparte de descubrir esos inconfesables trabajos a diestra y siniestra, sepamos también lo que los superpolicías hicieron antes a favor de la dictadura para combatir a los demócratas. La metástasis de una transición huérfana de “verdad, justicia, memoria y dignidad” adoquinan el futuro sin solución de continuidad.
Rafael Cid
Fuente: Rafael Cid
