Hay jueces que apoyan sus sentencias en sus convicciones morales y religiosas antes que en las leyes que ya están aprobadas en el Parlamento. A estos magistrados no les gusta ni la ley contra la violencia de género ni la que permite el matrimonio entre personas homosexuales. En España hay unos 4.500 jueces en activo, "pero los casos de indisciplina que llegan hasta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no llegan ni a un 1%", sostienen fuentes de la institución.

Hay jueces que apoyan sus sentencias en sus convicciones morales y religiosas antes que en las leyes que ya están aprobadas en el Parlamento. A estos magistrados no les gusta ni la ley contra la violencia de género ni la que permite el matrimonio entre personas homosexuales. En España hay unos 4.500 jueces en activo, «pero los casos de indisciplina que llegan hasta el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no llegan ni a un 1%», sostienen fuentes de la institución.

Pocos casos de rebeldía judicial llegan hasta el CGPJ, pero las decisiones de estos jueces afectan a la vida diaria de gente como Raúl Robles y Marcus Hon, que tuvieron que celebrar su matrimonio en Canadá porque Antonio Alonso, juez de paz de Pinto -de 27 años, catequista, estudiante de Relaciones Internacionales-, se negó a casarles. «El matrimonio homosexual va en contra de la ley de Dios», afirma Alonso que, presionado por distintas organizaciones y partidos políticos progresistas, terminó presentando su dimisión por motivos «jurídicos y religiosos».

Los jueces que se niegan a respetar algunas leyes y ponen sobre ellas la Biblia se reparten por toda España. En el municipio de Chiclana (Cádiz), el juez Julio Serrano ha obligadorecientemente a una presunta víctima de malos tratos a abandonar su piso para dejárselo a su esposo y presunto agresor. En el auto el juez admite que existe un posible delito de maltrato, pero considera que la situación conómica del marido le impide pagar una hipoteca.

El abogado de la mujer, en cambio, asegura que los certificados de vida laboral y cotización en la Seguridad Social demuestran que el hombre gana 2.500 euros al mes. La coordinadora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) ha calificado la decisión judicial de «desmesurada».

Decisiones machistas

Las decisiones judiciales machistas se repiten. Francisco Javier Paulí, titular del juzgado penal número 22 de Barcelona dictó en el año 2004 una sentencia en la que señalaba que el aspecto físico de una mujer que había sido víctima de malos tratos, su forma de vestir, sus anillos, pulseras y pendientes demostraban en ella una conducta «que no coincide con la de una mujer que ha pasado meses de agresiones».

Ferrín Calamita equipara la relación homosexual con la de un pederasta

Y otro caso más : el titular de un juzgado de la localidad de Manresa dejó en libertad sin fianza a un hombre acusado de degollar a su esposa, entre otros motivos, porque «delitos pasionales como el que nos ocupa se suelen producir una vez en la vida, al igual que sucede con los delitos de los funcionarios». Y a finales de los años 90 dos sentencias consideraron que era más grave conducir ebrio si se es mujer…

«Afortunadamente, son pocos los jueces que de manera abierta y a través de sus sentencias se muestran en contra de la Constitución», opina Altamira Gonzalo, presidenta de la asociación de mujeres juristas Themis. Y se acuerda de, por ejemplo, un juez de Granada que se negó a dar su visto nuevo a un divorcio porque, precisamente, estaba en contra de los divorcios. «Desde nuestra asociación, cualquier sentencia que consideramos irregular la denunciamos ante el Consejo General del Poder Judicial para que tome las medidas que considere oportunas», agrega Gonzalo.

Madre lesbiana

Pero el caso más sonado de los últimos meses ha sido el de Ferrín Calamita, titular de un juzgado de familia de Murcia que tramita, de manera mayoritaria, divorcios. El CGPJ acordó el miércoles pasado abrirle un expediente por el caso de Vanesa de las Heras, una lesbiana que pretende adoptar a la hija de su pareja, con la que se casó en noviembre de 2005. Pero la adopción, según denuncia el abogado de la pareja, está paralizada por culpa de las convicciones religiosas del magistrado, obsesionado con las repercusiones psicológicas que pueda tener en la niña el convivir con dos lesbianas.

«Estos personajes nos retrotraen a la España negra», afirma Pedro Zerolo

No es la primera vez que el CGPJ le abre expediente a Calamita. El pasado mes de julio, este juez quitó la custodia de dos niñas a una madre lesbiana y se la dio a su padre biológico. «La orientación sexual de la madre influye negativamente en la educación y crecimiento armónico de sus dos hijas», afirmaba el juez en el auto. Calamita también igualaba la relación homosexual de la madre de las niñas con la que pudiera tener la mujer con «un toxicómano, un pederasta o una prostituta» o con lguien que perteneciera «a una secta satánica».

Detenidas por hacer top less

La mano de Calamita ya se hacía notar a finales de los años ochenta, época en la que consiguió su plaza como juez. En 1987 mandó detener a dos mujeres en una playa de Cádiz por hacer top less. El currículum continúa : sus lecturas favoritas son la Biblia y Camino, de José María Escrivá de Balaguer.

Este juez ha recibido numerosas críticas de las asociaciones de mujeres progresistas y del PSOE e IU. «En un juez, que ha jurado cumplir la ley y hacerla cumplir, no cabe ni la insumisión ni la objeción de conciencia. El Consejo General del Poder Judicial tiene que ser inflexible con los jueces que no cumplen su función», advierte Pedro Zerolo, secretario de Movimientos Sociales del PSOE. «Este tipo de jueces nos retrotaen a la España negra, superada por la gran mayoría de los españoles», agrega.

Marisa Soleto, portavoz de la Fundación Mujeres cree que «algunos jueces tienen un problema con la aplicación de la ley». «Hay cuestiones que están sometidas al albedrío judicial y, en esos casos los jueces no optan por aplicar algunas de las medidas posibles». Y concluye con un ejemplo : «La ley integral contra la violencia de genero contempla una batería de recursos sociales que en muchos casos no están presentes en las resoluciones judiciales. A la aplicación judicial de la ley de violencia aún le faltan ajustes importantes».


Fuente: www.publico.es