La asociación Jueces para la Democracia (JpD) asegura en un comunicado que la reforma del Código Penal, elaborada en la pasada legislatura a iniciativa del Gobierno del PP y que entró en vigor el pasado día 1, ha afectado «gravemente» al sistema de derechos y garantías, por lo que abogó por modificar con urgencia y «desde perspectivas demócratas» algunos preceptos para que sean «garantistas y respetuosos con los derechos a la libertad y seguridad» amparados en la Constitución.
Para JpD, en la reforma existen algunos «aspectos positivos», como la tipificación de delitos de la competencia de la Corte Penal Internacional, la consideración como delito de cualquier maltrato en el ámbito doméstico, la posesión de pornografía infantil o la crueldad grave con los animales.
Sin embargo, señala que la reforma viene condicionada por el concepto de delincuencia de marginalidad, «olvidando la protección frente a otras inseguridades». «No responde a un proyecto global de incremento de la eficacia penal frente al aumento de la delincuencia», indica esta asociación, que critica que se limite el concepto de seguridad a la de «seguridad en las calles frente al robo».
Según Jueces para la Democracia, con ello se olvidan otros campos tan necesitados como «la seguridad financiera, la protección de los pequeños ahorradores frente a la ingeniería bursátil fraudulenta, o la seguridad medioambiental o la alimentaria». Igualmente, rechaza que el nuevo Código Penal se muestre «benigno» respecto de «la otra delincuencia». «Muestra de ello es la despenalización subrepticia que se opera del delito fiscal, el fraude de subvenciones o el abuso de información privilegiada en el tráfico bursátil», subraya.
Otra de las críticas de esta asociación se centra en el retorno a las penas cortas privativas de libertad, a la multirreincidencia y a la conversión de faltas en delitos por la reiteración. «Ello supone, entre otras cosas, que se opta por los contraproducentes efectos que conllevan las penas cortas, al impedir desarrollar cualquier tipo de tratamiento penitenciario, consiguiendo únicamente etiquetar al penado como delincuente tras su paso por la prisión y dificultarle su resocialización laboral y familiar», estima.
Tras rechazar la supresión del arresto de fin de semana, una medida que era «útil mantener», muestra sus dudas por la vuelta «al viejo arresto domiciliario, ahora denominado ’pena de localización permanente’, sin arbitrarse medidas para su desarrollo». Asimismo, recalca que el «endurecimiento general» de las penas para los delitos patrimoniales es «difícilmente compatible con la seguridad jurídica y la legalidad penal».
Por último, JpD relaciona esta reforma con las de la prisión provisional, la efectuada para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas y las medidas concretas en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los extranjeros. Así, estima que nos encontramos ante «un panorama de auténtico endurecimiento penal, y de restricción de garantías que afecta gravemente a los derechos de los ciudadanos, suponiendo un auténtico retroceso».
Por ello, la asociación considera que esta situación legislativa «debe ser cuanto antes objeto de reflexión y debate, para situar al proceso penal y al derecho penal dentro de sus fines constitucionales», y para que se recupere el «sistema de derechos y garantías tan gravemente afectado».
Par : EP
